Martes, 10 de marzo de 2015 | Hoy
ECONOMíA › INTENTO DE BLOQUEO JUDICIAL A LOS ACUERDOS CON CHINA
Con una presentación ante la Justicia cuestionando las contrataciones directas, se solicitó un amparo contra los convenios con China. Lo recibió la jueza María José Sarmiento. Lo presentó un oscuro personaje: Juan Ricardo Mussa.
La jueza federal María José Sarmiento le solicitó al gobierno nacional que le presente un informe sobre los acuerdos comerciales firmados con China, como paso previo a la resolución que debe adoptar en respuesta a una medida cautelar pedida contra dichos convenios. El amparo respectivo fue formulado por Juan Ricardo Mussa, un recurrente postulante a cargos de alto rango, con afiches pero sin estructura ni apoyos, y mereció la atención de la jueza en lo Contencioso Administrativo, que libró oficio al Estado nacional “a fin de que dentro del término de cinco días se pronuncie respecto de la medida requerida por el demandante”.
La ley 26.854, del año 2013, establece que, antes de resolver una medida cautelar, el juez “deberá requerir a la autoridad pública demandada que, dentro del plazo de cinco días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud”. Dicha norma fue dictada, a pedido del Ejecutivo, con el fin de limitar “la emisión automática” de cautelares contra políticas públicas, como mecanismo sistemático de bloqueo utilizado por sectores de la población.
En su presentación, Mussa solicitó la suspensión de los acuerdos con China por considerar que se adjudicaron obras por contratación directa, violando leyes nacionales y la propia Constitución. El denunciante hace alusión directa a la construcción de dos centrales nucleares y dos represas hidroeléctricas, “compromisos por 30 mil millones de dólares que violan todos los principios de la Constitución nacional, el régimen de contrataciones de la administración nacional, las leyes de la administración pública y de la ética en el ejercicio de la función pública”.
Mussa se presenta como abogado, empresario y peronista, aunque no tiene trayectoria conocida en ninguno de esos ámbitos. La denuncia señalada más arriba no difiere en estilo de otras –más de diez– que presentó contra funcionarios del Gobierno a lo largo de los últimos años: sin mayores fundamentos, más allá de recortes periodísticos. Los motivos de sus cargos son tan variados como las que planteó –según el recuento hecho por el programa La mañana, de Víctor Hugo, de Radio Continental en diciembre– contra Néstor Kirchner por “compra de dólares presuntamente vinculada a la comercialización de efedrina (marzo de 2010), a Cristina, Julio De Vido y Carlos Zannini por malversación de fondos en las obras de reparación de Atucha I y II; a Cristina y Ricardo Echegaray por “espionaje” a Ricardo Lorenzetti; al mismo Echegaray por incumplimiento de deberes de funcionario público por presuntos gastos pagados por terceros en una vacaciones en Brasil (enero de 2014); a Alicia Kirchner por compra irregular con fines ilícitos de celulares para Desarrollo Social; a Cristina por uso de título de abogada que presuntamente no poseía; a Amado Boudou por supuesto reparto de dinero a militantes kirchneristas, y a Kicillof por presunto enriquecimiento ilícito. La más grave, de todos modos, fue la denuncia que hizo contra Cristina y Máximo Kirchner por “asesinato de Néstor Kirchner” (mayo de 2013), en la que también pidió la exhumación del cuerpo para verificar la causa de la muerte. Todas ellas, por supuesto, fueron desestimadas. Un periodista de un diario perteneciente a un grupo dominante lo llegó a calificar del “denunciante 007”, no por sus investigaciones minuciosas, sino porque ése fue el porcentaje la única vez que llegó a participar en elecciones presidenciales: 0,07 por ciento.
María José Sarmiento, la jueza que recibió la denuncia, cuenta como antecedente a su vez haber hecho lugar a más de un recurso de amparo contra políticas del Estado. En la más reciente, en diciembre de 2014, hizo lugar al pedido del diputado radical Manuel Garrido contra el acuerdo entre YPF y Chevron para la explotación de Vaca Muerta, considerando que resultaba obligatoria la difusión de la información confidencial sobre el acuerdo.
En enero de 2010, la misma magistrada hizo lugar al pedido formulado por legisladores del PJ disidente inhabilitando el uso de reservas del Banco Central para el pago de reservas (Fondo del Bicentenario). También ordenó, en esos días, suspender provisoriamente la aplicación del decreto de necesidad y urgencia por el cual el Ejecutivo removió de su cargo de titular del Banco Central a Martín Redrado.
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