ECONOMíA › ARSAT DISPONE DE FRECUENCIAS QUE NO PUEDE UTILIZAR NI CEDER POR UNA CAUTELAR

El espectro que quedó en el limbo

En 2014 el Gobierno le asignó a Arlink frecuencias para telefonía móvil y datos a cambio de 506 millones de dólares, pero la firma del Grupo Vila no pagó y la adjudicación se anuló. Pese a haber incumplido, logró una cautelar que impide utilizar ese activo.

 Por Fernando Krakowiak

El gobierno estableció en diciembre que telefónicas y cableras deberán competir de igual a igual en la provisión de televisión, telefonía e internet a partir de enero de 2018. Esa directiva llevó a las compañías a comenzar a pujar por la obtención de mayor espectro radioeléctrico, el activo más valioso de cara a la convergencia, ya que posibilita mejorar la prestación de servicios de datos móviles. El objetivo principal de los privados es quedarse con una serie de frecuencias que desde el año pasado están en poder de la estatal Arsat. Ese espectro había sido asignado en octubre de 2014 a la firma Arlink, propiedad de Daniel Vila y José Luis Manzano, a cambio de 506 millones de dólares, pero el dinero nunca apareció y la adjudicación se anuló en septiembre del año pasado. Pese a haber incumplido con el pago, Vila y Manzano se presentaron a la Justicia y en noviembre obtuvieron una cautelar en la Cámara Federal de Mendoza que impide disponer de ese espectro para cualquier uso. El gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Cámara de Mendoza y además le planteó a un juez de primera instancia Contencioso Administrativo y Federal de la Capital que se haga cargo de la causa a través de una medida inhibitoria, pero todavía no hubo novedades. “Arlink no cumplió con los requisitos previstos en la licitación. Por lo tanto, el espectro quedó en manos del Estado y lo necesitamos para mejorar el servicio”, aseguró a Página/12 el titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel de Godoy.

En mayo de 2014, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció que licitaría espectro para mejorar los servicios de telecomunicaciones. En el pliego de bases y condiciones se explicitó que se subastarían 90 MHz en las bandas de 1710-1770 MHz y 2110-2170 y otros 90 MHz en la banda de 698 a 806 MHz con cobertura nacional para la prestación de servicios 4G. En cada caso, se aclaró que se reservarían 20 MHz para un nuevo operador móvil. Por lo tanto, habría 40 MHz disponibles para una nueva telefónica que quisiera ingresar a competir con Movistar (Telefónica), Personal (Telecom) y Claro (América Móvil). Estas porciones del espectro eran muy codiciadas por las telefónicas, ya que les iban a permitir garantizar mayor velocidad en la transmisión de datos y servicios audiovisuales a los que hasta entonces sólo era posible acceder a través de la banda ancha por cable. También se informó que se ofertarían 37,5 MHz para 3G que había liberado Telefónica luego de fusionar las firmas Unifon y Movicom, dando lugar al surgimiento de Movistar.

Cablevisión (Grupo Clarín), Nextel y Arlink se mostraron interesados en ser el operador entrante e incluso compraron los pliegos, pero finalmente solo Arlink presentó una propuesta para participar de la licitación, junto a Movistar, Personal y Claro. Nextel desistió por los problemas financieros que luego derivaron en la venta de la filial argentina a Clarín, mientras que Cablevisión dio un paso al costado porque argumentó que el pliego obligaba a pagar en dólares y el Banco Central no le garantizaba esas divisas. La Secretaría de Comunicaciones aclaró entonces que también se podía pagar con bonos del Estado nacional denominados en dólares con vencimiento no posterior a diciembre de 2015, los cuales podían comprarse en pesos aunque en ese caso cotizaban a un valor muy por encima del dólar oficial.

Al ser el único operador entrante en carrera, Arlink se aseguró la posibilidad de obtener una porción del espectro en la licitación, aunque surgieron dudas sobre como haría para pagar ya que también había objetado la exigencia de dólares. “Somos una empresa local, que factura en pesos y no nos pueden obligar a pagar en dólares cuando no se pueden conseguir”, había asegurado Daniel Vila. Finalmente, Arlink participó de la subasta y ofreció 506 millones de dólares por el lote 1 compuesto por 20 MHz en la banda 1.710/1.770 MHz y 2.110/2.170 MHz (AWS) y 20 MHz en 700 MHz Asimismo, sumó frecuencias para servicios 3G. En junio del año pasado se le adjudicó formalmente el espectro, pero nunca pagó y tres meses después el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dejó sin efecto la adjudicación. A su vez, la administración anterior impulsó una ley de Desarrollo de la Industria Satelital que en su artículo 11 prevé reservar para Arsat las bandas de frecuencias que habían sido asignadas originariamente a Arlink.

La cablera Supercanal, controlante de Arlink, se presentó a la Justicia para solicitar una medida cautelar de no innovar, pero el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Mendoza rechazó la solicitud el 16 de octubre. En el fallo aseguró que la prohibición de innovar en cuestiones administrativas debe aplicarse de manera restrictiva y sólo cuando el peticionante es capaz de probar la arbitrariedad del acto cuestionado, situación que, según aclaró, no se verificaba. Supercanal apeló ante la Cámara Federal de Mendoza con el argumento de que “no es necesaria la prueba concluyente de la lesión del derecho sino simplemente acreditar su verosimilitud” y el 24 de noviembre del año pasado finalmente consiguió una cautelar a su favor. Los camaristas Carlos Parra, Alfredo Naciff y Hugo Carlos Echegaray consideraron que existían “suficientes elementos para tener por configurado el recaudo de verosimilitud del derecho”.

En Enacom decidieron presentar un recurso extraordinario ante la Cámara Federal de Mendoza, pero aún si prospera es difícil que la Corte Suprema acepte intervenir contra una medida cautelar. Por eso también le pidieron a un juez federal de Capital Federal que se haga cargo de la causa a través de una inhibitoria. Si el juez falla a favor, le debe indicar a su par de Mendoza que le mande la causa porque no es competente y si en Mendoza se resisten correspondería que intervenga el tribunal en común que tienen por encima, que es la Corte Suprema. Hasta el momento hubo pocos avances en la causa y algunas fuentes del sector especulan con que el gobierno nacional no tiene tanto apuro en que se resuelva el tema. La fila de empresas interesadas es larga y saben que cualquier decisión que tengan que tomar cuando dispongan del espectro dejará heridos por el camino.

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El espectro está formalmente en manos de Arsat, pero la firma estatal no lo puede utilizar.
 
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