El Senado dio ayer media sanción al proyecto de ley que establece un esquema con amplios beneficios y escasas obligaciones para que las empresas privadas puedan participar en obras de infraestructuras y servicios en sociedad con el Estado. La iniciativa fue aprobada en la Cámara alta por 48 votos a favor y 13 en contra, y ahora deberá debatirse en Diputados. El denominado régimen de participación público-privada pretende fomentar la inversión de compañías privadas, para lo cual permite a las multinacionales interrumpir contratos o hacer juicios en tribunales internacionales en caso de no sentirse cómodas en el país. El proyecto no elimina el actual régimen de obra pública, pero puede reemplazarlos haciendo subcontrataciones y transfiriendo el contrato a otra empresa una vez que se haya cumplido el 20 por ciento del plazo original. Tampoco será necesario publicar la licitación en el Boletín Oficial con lo cual, lo que se publicita como un mecanismo transparente, facilita la concentración de la obra pública.

El proyecto fue redactado por Horario Reyser, asesor de Mauricio Macri especializado en inversión extranjera, un tema que desvela al oficialismo ante una lluvia de dólares que no arrecia. El gobierno había pretendido que la ley hubiese estado aprobada antes de que se desarrollara el Foro de Negocios que tuvo lugar en el Centro Cultural Néstor Kirchner, durante la semana pasada, como presea para mostrar a los CEOs de las empresas internacionales para que hagan inversiones. Sin embargo, el senador radical Julio Cobos se negó a apurar el trámite y sólo hubo dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales e Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Como miembro informante, el senador por el Frente para la Victoria, Carlos Espínola, sostuvo que “la participación pública y privada permite aprovechar la experiencia, facilidades y financiamiento del sector privado, incentivando los proyectos de infraestructura a largo plazo”. “Es una herramienta que podría permitirnos concretar más obras de infraestructura”, señaló. A su vez, el legislador radical Alfredo Martínez señaló que “este es un proyecto que solicitaba el Poder Ejecutivo para poder generar trabajo”, mientras que su par Silvia Elías de Pérez destacó que la futura ley “descentraliza las decisiones, es federal y transparente”.

Sin embargo, parte de la oposición advirtió que la futura ley compromete la soberanía y la jurisdicción nacionales, y pronosticó que no se podrá cumplir el objetivo de atraer inversiones. Como derechos se les permite a las empresas el avenimiento o arbitraje para la solución de controversias en tribunales internacionales. Liliana Negre de Alonso, del Peronismo Federal, alertó que “le estamos cargando todos los riesgos de estos contratos al Estado”. También se manifestó en contra la senadora Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino, quien apuntó que el proyecto oficial “tiene cláusulas muy gravosas para el Estado argentino”. “Nuestro objetivo es fortalecer el Estado, no renunciar a sus facultades”, aseguró la legisladora neuquina.

En la misma línea argumentativa se ubicó la santacruceña por el Frente para la Victoria, María Ester Labado, que insistió en que “el Estado no puede perder el eje de contralor que tiene como derecho indelegable sobre toda obra pública”. Por el mismo bloque, Marcelo Fuentes sostuvo que la futura ley “es una trampa” y que apunta a que los negocios se realicen con determinadas corporaciones.