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El Poder Judicial de Nueva York levantó la inhibición preventiva sobre las dos cuentas que Correo Argentino S.A. poseía en Estados Unidos. De esta manera, se despejan los temores sobre el posible avance de los acreedores sobre bienes privados. Al menos en el frente judicial, la Argentina tiene una preocupación menos. El fallo conocido ayer también puso en evidencia la endeblez de los argumentos presentados por los demandantes.
El juez federal de Nueva York Thomas Griesa revocó la inhibición dispuesta el pasado 13 de febrero sobre las cuentas de la ex concesionaria del servicio postal, Correo Argentino S.A. La medida había sido tomada a instancias de una demanda de la firma Macrotecnic, representada por el abogado de origen argentino Guillermo Gleizer.
Dado que las cuentas en las sedes neoyorquinas de los bancos BNP Paribas y Lehman Brothers sumaban 11,5 millones de dólares y Macrotecnic sólo posee títulos por un valor nominal de 550 mil dólares, rápidamente cuatro empresas –Latinburg, Denchu Investment, Panamel y Million Air– y argentinos tenedores de títulos –Guillermo, Rafael y Luisa Franco, Hernán López Fontana y Mariana Mori– se sumaron al pedido. En su decisión de ayer, Griesa rechazó también estas demandas.
El fallo dispone textualmente que “las órdenes de aviso de restricción e inhibición temporal son revocadas”, así como las “demandas por derecho de ejecución o embargo preventivo sobre las cuentas” de la ex concesionaria. La razón esgrimida fue que “este tribunal considera que los demandantes no han demostrado que la República (Argentina) tiene interés en las cuentas”.
No obstante, Correo Argentino no podrá retirar los depósitos pues el congelamiento se mantiene por pedido del juez argentino Eduardo Favier Dubois, quien entiende en el proceso de quiebra de la firma, actualmente apelado.
Gleizer había fundado sus reclamos en dos supuestos: uno, que al haber sido revocada la concesión que tenía Correo Argentino, sus bienes residuales pertenecerían al Estado argentino, actualmente a cargo del servicio postal. Otro, que en el caso de que los fondos pertenecieran efectivamente a la ex concesionaria, serían pasibles de embargo en virtud de una deuda mucho mayor que le reclama el Estado.
En sus descargos, tanto la representante legal del grupo Macri (accionista mayoritario de Correo Argentino S.A.), Silvia Bolatti, como los abogados de la firma estadounidense Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que defiende al Estado argentino, argumentaron que los depósitos pertenecen a una empresa privada que atraviesa un proceso de quiebra y que no tiene un único acreedor, de modo que no debía considerarse que ese dinero iría a parar automáticamente al erario.
En la última audiencia sobre el caso, Griesa consideró que se habían aportado suficientes argumentos para revocar la orden de retención, pero pidió garantías de que si el dinero iba a las arcas argentinas serviría para pagar a los acreedores. “No me siento plenamente satisfecho. Si los fondos son liberados y el tiempo indica que la República (Argentina) acabó obteniéndolos, eso sería una privación de justicia” para los acreedores, afirmó entonces.
Tras ello, el secretario de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía argentino, Leonardo Madcur, tramitó un escrito al juez declarando “que la República no es dueña y no tiene intereses de propiedad en las cuentas”. Ello, a pesar de reconocer que el Estado argentino se encuentra entre los acreedores de la firma privada.