ECONOMíA › PANORAMA ECONÓMICO

A lavar tranquilos

 Por Julio Nudler

“La prevención del lavado de dinero en la Argentina es nula. No existe. A la UIF (Unidad de Información Financiera) no se le da la información. La Sedronar (Secretaría de Lucha contra la Drogadicción y el Narcotráfico) no tiene facultad alguna respecto del lavado. Y ningún organismo de control controla nada: ni el Banco Central, ni la Comisión Nacional de Valores, ni la AFIP (DGI + Aduana), ni la SSN (Superintendencia de Seguros) ni la Safjp (Superintendencia de AFJP).” Esto dice sin rodeos Alicia López, directora de la UIF y muy recordada por el hostigamiento a que la sometió Pedro Pou cuando él presidía el Banco Central y ella, como funcionaria, investigaba y denunciaba casos como el de Raúl Moneta. Desde su puesto actual colabora con la Justicia en la investigación de causas como la de los hermanos Rohm (BGN), los comisarios de la Bonaerense o la de los bingos.
López, que presidió la Unidad durante dos años (el máximo admitido), ha llegado a la conclusión de que no hay interés de que realmente funcione un organismo creado por ley para prevenir e impedir el lavado de activos provenientes del narcotráfico, el contrabando de armas, asociaciones ilícitas, fraudes contra la Administración Pública, prostitución de menores y pornografía infantil. En agosto de 2003 pidieron una audiencia con Néstor Kirchner, pero desde Presidencia nunca les respondieron, ni sí ni no. Con Alberto Fernández, jefe de Gabinete, hubo una reunión protocolar, y nunca más. Con Gustavo Béliz, de quien dependen presupuestariamente, hablaron en tres ocasiones, pero los frutos no fueron destacables.
Hay, en este sentido, una situación curiosa. En el Presupuesto Nacional del 2004 figuran recibiendo 21 millones de pesos, pero sólo disponen de 3 millones. Los otros 18 corresponden a alguna partida que el Ministerio de Justicia metió como asignada a la UIF pero que en realidad no le pertenece. Por otro lado, el presupuesto de este año es inferior al de 2003 porque respeta como tope lo que el organismo logró ejecutar del anterior. Pero la ejecución de las partidas encalla en la burocracia, ya que la Unidad debe presentar los requerimientos a Justicia, y de allí se derivan a Hacienda. Dicen que cuando se quieren acordar se pasó el año.
El ministerio les proporcionó las PC para el medio centenar de contratados que componen todo el plantel actual. Sin embargo, no contaban ni siquiera con un server hasta que España se los donó, aunque necesitarían tres. Pero, aun así, la mayor carencia no es de equipamiento sino de información. En este sentido, tropiezan con tantas dificultades en el sector privado como en el propio Estado. En el informe al Congreso, la UIF consigna que la AFIP “ha respondido en forma sistemáticamente negativa” a sus pedidos, exigiéndoles la intervención del juez competente, incluso cuando piden información complementaria sobre movimientos sospechosos reportados por el propio ente recaudador.
La Unidad le propuso a la AFIP contar con un enlace o vínculo para acceder a su base de datos, con un marcador que dejara registrado quién y en qué momento había ingresado, pero la idea fue rechazada. El Banco Central tampoco mostró disposición a colaborar, si bien cambió cuando el Procurador del Tesoro dictaminó a fines de abril de 2003 que debía atender los pedidos de información sobre operaciones sospechosas, pero que, tratándose de datos sobre otras, era imprescindible la intervención judicial. La Procuración ya se había expedido de modo similar respecto del secreto fiscal. Está claro que en estas condiciones nunca se podrá conformar el anhelado Registro Unico de Información, que es el soporte que necesitan los investigadores para desarrollar eficientemente sus tareas.
La experiencia de la UIF con la Justicia no resulta alentadora. De siete pedidos presentados, sólo dos prosperaron. En otros dos el juez resolvió continuar la investigación en sede judicial y los otros tres siguen en trámite. La Unidad refiere, además, que ante un pedido de colaboración por parte de la Comisión de Fuga de Capitales del Congreso, le solicitaron al BCRA la información necesaria, pero éste negó el acceso. En su rendición de cuentas ante el Parlamento, la UIF explica que, siendo un organismo filtro y prejudicial, no puede cumplir su misión si se lo priva de información.
Aunque el Central ha comenzado este año a colaborar, lo cierto es que carece de una base de datos propia sobre operaciones pasivas (depósitos). Por lo tanto, ante cada requerimiento de la UIF concerniente a alguna operación sospechosa emite una comunicación vía intranet a todo el sistema recabando los datos buscados. Pero como el dictamen de la Procuración sólo rige para el sector público, las entidades privadas pueden negarse a informar.
En cualquier caso, con este sistema todo el mundo se entera de las pistas detrás de las cuales anda la Unidad, y cuando un banco responde, los datos no van directamente a ésta sino a través del BCRA, donde pueden pasar por varias manos. Esto vuelve incontrolable la preservación de la confidencialidad absoluta que por ley está obligada a respetar la UIF. Si una información reservada se divulgara y el afectado denunciase la filtración, ¿cómo individualizar al culpable? Esta es una de las cuestiones que preocupa a los sabuesos de este organismo autárquico, otro de cuyos directores es Marcelo Sain, bien conocido por su desempeño en el gobierno bonaerense buscando resolver el problema policial hasta que fue removido del cargo. Sain llegó a la UIF tras ganar un concurso interno en la Sedronar.
Alicia López se muestra particularmente crítica respecto de la actitud de la AFIP, que, aduciendo el secreto fiscal, no le responde ningún pedido de información si antes la Unidad no consigue que un juez levante esa reserva, lo cual, a los fines prácticos, implica esterilizar toda labor de prevención. A pesar de ello, el ente recaudador, que conduce Alberto Abad, figura como el que mayor número de reportes de operaciones inusuales y sospechosas hizo llegar a la UIF. Esta lo admite en su informe anual al Congreso.
En diálogo con Página/12, López apunta, no obstante, que el grueso de esos reportes no conducen a nada. “Al principio nos mandaban todos los amparos judiciales presentados por los depositantes contra el corralito, cuestión que no tenía ninguna relación con nuestra función”, recuerda. Supone que la AFIP les remitía esa información inservible para hacer número, mientras en lo que realmente importa les negaba y niega toda colaboración.
Este diario le preguntó entonces si los funcionarios que entorpecían la labor encomendada por ley a la UIF estaban incurriendo en encubrimiento. “Probablemente –respondió–. Pero creo que, por encima de todo, es una cuestión de poder. El manejo de información da poder, y nadie quiere cederla.” ¿Pero el Gobierno tiene o no intención de que la Unidad funcione con efectividad? “No lo creo. El caso de la UIF es igual al de cualquier otro. Por ejemplo los entes reguladores. Los organismos se crean para cumplir formalmente con normas internacionales, pero sin ninguna intención de que sean eficaces.”
Ciertamente, el gobierno de la Alianza parió la UIF en el 2000 ante la amenaza internacional de declarar a la Argentina “país no cooperante” y aplicarle sanciones económicas, ya hartos de las gambetas del régimen menemista. Pero cuando Fernando de la Rúa cayó, el organismo sólo existía en apariencia. Recién en el 2003 empezó a operar realmente, si bien con las enormes limitaciones descriptas. A éstas se suma el hecho de que los organismos de control y supervisión ni siquiera se ocupan de constatar que se apliquen las resoluciones que adopta la UIF. Esta tropieza con toda clase de excusas y obstáculos. En sus gestiones para obtener el acceso a las bases de datos de todos los organismos que cuentan con material pertinente, el Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, les indicó que las solicitudes de información cursadas por la UIF tienen un costo económico que debe ser abonado por la Unidad. Esta deduce de planteos como éste “resistencias derivadas de la escasa disposición a compartir información”. López lo recalca: “Con información tendríamos poder, y es eso lo que se quiere evitar”.

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