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Para demostrar que la lucha contra la evasión impositiva va en serio, el gobierno bonaerense dio un golpe de efecto que puede voltear uno de los pilares del sistema financiero: la inviolabilidad de las cajas de seguridad. La administración Solá le pedirá al Poder Judicial que allane las cajas de los principales morosos del distrito. Para lograr ese objetivo, el gobierno provincial ya solicitó información a los bancos.
El pedido a las entidades financieras es para que revelen si del listado de 35 mil contribuyentes incumplidores que les enviaron hay algunos que poseen cajas de seguridad. En caso afirmativo, el gobierno reclamará a los jueces que las allanen para cobrarse, con los valores que se encuentren, los impuestos adeudados. Santiago Montoya, subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, calculó que entre aquellos 35 mil contribuyentes deben alrededor de 1000 millones de pesos.
“Se trata de 35 mil grandes deudores, que poseen 352.000 propiedades, 280.000 automotores y 177 barcos, entre otros bienes, y que deben a la provincia unos 1000 millones de pesos”, detalló ayer Montoya, al dar cuenta de la medida que se propuso desde el gobierno.
La ofensiva contra los evasores generó una fuerte reacción desde distintos sectores: las cajas de seguridad de los bancos son vistas como intocables. Salieron indemnes de las distintas incautaciones de depósitos, como el Plan Bonex y el corralito, fueron refugio ante la crisis y sobrevivieron a la ola de desconfianza hacia los bancos. Los únicos que hasta ahora pudieron con ellos fueron los boqueteros. Ahora, el gobierno de Felipe Solá propuso abrir las cajas de seguridad de los grandes evasores y romper con el mito.
Para despegarse de las acusaciones, Montoya se esmeró en sobresaltar que esta medida extrema se tomará contra los principales deudores de la provincia de Buenos Aires. “Pueden pero no quieren pagar sus impuestos”, acusó el funcionario. Y agregó que “en la provincia hay planes de facilidades de pago que permiten, por cifras ridículas, regularizar la situación fiscal”.
Banqueros consultados por este diario se mostraron en contra de la iniciativa, lo que es lógico: las cajas de seguridad representan un ingreso para las entidades financieras. Los financistas, que durante la jornada de ayer pusieron a trabajar a sus equipos de abogados, adelantaron que la medida podría ser rechazada por los jueces. “De prosperar, no haría más que vulnerar la propiedad privada”, argumentó un banquero.
El tratamiento que los distintos gobiernos les dieron a las cajas parece darle la razón al financista. Incluso, para llevar la contabilidad del Estado, los funcionarios no discriminan entre una fuga de capitales al exterior de lo que se guarda debajo del colchón o de las existencias en las cajas. El común denominador es que se trata de dinero que no está al alcance del fisco, a menos que el dueño de los fondos los vuelque al mercado. Ahora, Solá se propone cambiar esa regla, al menos con los grandes evasores de su provincia.
No es la primera medida que toma en el mismo sentido en las últimas horas. Acababa de publicar en Internet la nómina de 2000 contribuyentes importantes, que viven en la zona norte del Gran Buenos Aires, y que adeudan al fisco unos 23 millones de pesos. Entre ellos figura Juan Carlos Blumberg. La provincia salió a la caza de los grandes evasores y estalló la polémica.