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El Ministerio de Economía y la Anses no paran de maldecir por el fallo de la Corte Suprema que reconoció el derecho a un reajuste de haberes a miles de jubilados. El enojo de Roberto Lavagna y Sergio Massa, titulares de ambas dependencias, es porque el máximo tribunal desoyó sus advertencias sobre el altísimo costo fiscal de una decisión como la que finalmente tomó. El Gobierno ahora se encuentra en una posición incómoda: debe optar entre hacer una fuerte erogación y arreglar la situación de más de un millón y medio de personas o recurrir a las mismas artimañas que utilizaba Domingo Cavallo para demorar el pago de sentencias. Lo primero le saldría 14.000 millones de pesos por los retroactivos y una cuenta mensual de 162 millones por la actualización de jubilaciones. La cifra es tan abultada que en el Palacio de Hacienda se inclinan por seguir los pasos del ex ministro de Menem y De la Rúa.
“La Corte nos forzó a la peor solución”, protestan cerca de Lavagna, enojados porque dicen que no tienen más remedio que jugar sucio. En la Anses opinan lo mismo. Lo que harán es llevar los juicios a la larga, apelando a los trucos habituales que utilizan los abogados para tal fin. La maniobra es doblemente cuestionable porque los afectados con las dilaciones serán jubilados que promedian los 75 años.
En la actualidad hay 1,6 millón de personas que se retiraron con la ley previsional vigente hasta mediados de 1994. El máximo tribunal dispuso la semana pasada que esas jubilaciones debieron aumentar un 64 por ciento entre abril de 1991, cuando arrancó la convertibilidad, y marzo de 1995, cuando se sancionó la Ley de Solidaridad Previsional que derogó la actualización de haberes por el índice general de remuneraciones. Su fallo fue en sentido opuesto a otro dictado por el mismo cuerpo en diciembre de 1996 (conocido como el caso Chocobar), que ordenaba un reajuste de apenas el 13,8 por ciento. La nueva doctrina habilita a los jubilados a reclamar por la diferencia.
La Anses revisó sus bases de datos y llegó a la conclusión de que habría unos 800 mil jubilados en condiciones de iniciar un juicio contra el Estado. Los otros 800 mil no tendrían esa opción por distintos motivos: muchos, la gran mayoría, simplemente porque los aumentos en la mínima llevaron su haber a un nivel más alto de lo que obtendrían por aquel reajuste, y un segundo grupo porque la Justicia ya dictaminó sobre su situación. Son los fallos que siguieron la línea trazada por la Corte con el caso Chocobar. Como sus reclamos ya son “cosa juzgada”, deberían conformarse con el 13,8 por ciento que reciben desde que se resolvió su causa.
Si el Gobierno quisiera evitar las diferencias y darles a todos el 64 por ciento que les corresponde, debería desembolsar 14.000 millones para cubrir los retroactivos (80 por ciento en bonos y 20 en efectivo) y 162 millones mensuales para afrontar el nuevo valor de las jubilaciones. Lavagna no está dispuesto a consentir semejante gasto. Por lo tanto, dejará que cada jubilado haga su juicio y se someta a un largo trámite hasta obtener justicia. Entre las demoras habituales del Poder Judicial y las maniobras dilatorias que aplicarán los abogados del Estado, harán falta como mínimo cinco años hasta que los jubilados consigan la actualización de su haber. En la Anses admitieron que ese derecho “es imprescriptible”.
El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, señaló a Página/12 que su oficina analiza presentar una acción de clase para que todos los retirados antes de mediados de 1994 cobren lo que les corresponde, con el 64 por ciento de aumento. El juicio colectivo salvaría la situación de quienes se hallan encuadrados en los fallos del caso Chocobar y facilitaría los trámites para el resto de los jubilados. Otra de las razones para hacerlo es “evitar la aparición de otra industria del juicio”, que desbordaría los juzgados con miles de causas iguales. Semino comentó que los teléfonos de la Defensoría no paran de sonar desde que la Corte emitió su fallo. De acuerdo con su estimación, los jubilados se hicieron acreedores a un aumento promedio de 309 pesos y a retroactivos por unos 25.000.
Los primeros beneficiados con la resolución de la Corte son unas mil personas que tienen reclamos de actualización pendientes en el máximo tribunal. Esos jubilados lograrían su objetivo en pocas semanas, con un costo para el Estado de unos 28 millones de pesos. Hay otras 55.000 causas similares en las instancias inferiores de la Justicia. La Anses estima que se resolverán en el término de dos años y que en 2006 se necesitarán unos 1300 millones de pesos para empezar a pagarles lo que les corresponde.
El Gobierno hizo intensas gestiones ante la Corte para evitar un fallo como el que salió. La Anses le llevó una propuesta al presidente del tribunal, Enrique Petracchi, que contemplaba un aumento para todos los jubilados, que le hubiera costado al Estado 100 millones de pesos mensuales como reajustes y 5000 millones en bonos para los retroactivos. Los supremos, sin embargo, ignoraron la presión del Ejecutivo y fallaron sin tomar en consideración los costos fiscales. Semino valoró, justamente, que “la Corte priorizó el reconocimiento del derecho antes que ver cómo está la caja”.