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Economía quiere más “transparencia” para frenar los aumentos de precio

Frente a la previsión de inflación de julio y al estancamiento de las ventas, Economía insistirá en su política de acuerdos sectoriales. Los márgenes de los supermercados están en la mira.

 Por Claudio Scaletta

No sólo la inflación medida por el Indec para el mes de julio, que se conocerá esta semana y que podría ubicarse en un rango de entre el 1,2 y el 1,4 por ciento, será en plena campaña electoral un problema para el equipo económico. También se sumarán las expectativas de futuros aumentos, que ya se encuentran un escalón más arriba de lo esperado. De acuerdo con el relevamiento mensual que realiza la Cámara Argentina de Comercio (CAC), esta realidad fue acompañada también por un estancamiento del consumo en los comercios minoristas, lo que refuerza los datos del Indec sobre caída de ventas en los supermercados. Frente a estos datos el Gobierno trabaja contra reloj en convencer a las grandes cadenas para que minimicen los márgenes de ganancia en los productos más sensibles de la canasta de alimentos, mientras que desde la Subsecretaría de Defensa de la Competencia propondrán que los supermercados sean obligados a exhibir en las góndolas, además de los precios de venta, los de adquisición a los proveedores.
La propia consultora Ecolatina, que en los últimos tiempos parece haber asumido la tarea de explicar a posteriori las políticas que desde el Ministerio de Economía impulsa su fundador, Roberto Lavagna, prevé lo que llamó “la aceleración” de ajustes en los precios relativos. Para la consultora, las causas de la mayor inflación estarían dadas, en esencia, tanto por “el cierre de brecha del producto”, esto es; por la reducción de la diferencia entre el producto real y el potencial debido a la mayor utilización de la capacidad instalada, brecha que pasaría del 5,1 por ciento registrado a fines del 2004 al 1,1 por ciento en diciembre de este año y que favorecería la recomposición de los márgenes minoristas, y por el ajuste de precios “rezagados” respecto del nivel general, como los de los servicios. Para los funcionarios del Ministerio de Economía, este diagnóstico sintetizado por Ecolatina supone que la actual inflación no respondería a “desequilibrios macroeconómicos estructurales”, tales como depreciación del tipo de cambio, déficit fiscales o mecanismos de indexación generalizados, sino a “aumentos puntuales” que pueden corregirse con un “manejo fino” de las políticas monetaria y fiscal, y con el refuerzo de acuerdos sectoriales. Así, luego de haber trabajado con suerte dispar sobre los sectores proveedores, como los de carnes rojas, pollos y lácteos, Economía se dispone a profundizar su presión sobre el comercio minorista, especialmente sobre los supermercados, últimos receptores de la papa caliente de la responsabilidad por los precios.
La idea que desde el Palacio de Hacienda transmitieron a los supermercadistas es que deben ajustar sus márgenes de comercialización en los productos de la canasta básica y, en todo caso, compensar los menores ingresos con remarcaciones en los bienes demandados por los sectores de mayores ingresos. Para reforzar esta política, desde la Subsecretaría de Defensa de la Competencia, que conduce Patricia Vaca Narvaja, planean copiar una legislación que rige en algunos países europeos y que obliga a que junto a los precios de los productos que figuran en las góndolas se agreguen los valores a los que fueron adquiridos a los proveedores. Esto significa obligar a los supermercados a lo que Defensa de la Competencia denomina “transparentar” sus márgenes de comercialización, una alternativa que amenaza levantar revuelo entre los comerciantes y con no pocas dificultades de implementación. Del plan de acción sigue quedando sin mayores definiciones lo que algunos fabricantes denominan “provisión oligopólica de los bienes intermedios”; es decir, los aumentos de precios en muchos insumos industriales, ajuste que por ahora no está en la agenda de Lavagna.
Como lo hicieron saber en los últimos días algunos economistas ortodoxos, quienes parecen haber sido imbuidos por una súbita preocupación por la distribución del ingreso –el mismísimo Domingo Cavallo salió al ruedo–, la cuestión de los precios amenaza con instalarse en el centro de la campaña electoral. Algunos datos sobre el estancamiento del consumo y expectativas de inflación brindarán asidero. Los números de julio, conocidos ayer, de la “Encuesta de actividad y opinión del comercio minorista”, elaborados mensualmente por el departamento de economía de la CAC, reforzaron a las malas señales adelantadas por el Indec sobre las ventas de supermercados, que en julio cayeron el 1,9 por ciento con relación a junio. Según el relevamiento de la CAC, el 30,3 por ciento de los encuestados informó una caída de ventas con respecto a julio del 2004, mientras que el 40,5 por ciento expresó que se mantuvieron estables. En la comparación con junio pasado, el 51 por ciento no registró cambios, mientras que las bajas alcanzaron al 27,5 por ciento. La conclusión de estas cifras es la existencia de un estancamiento del consumo. Vale destacar que dado que se trata de números globales, nada dicen sobre lo que sucede con la distribución del ingreso, la que a priori, dado el retraso de los salarios con relación a la inflación, puede considerarse desmejorada. En cuanto al comportamiento futuro de los precios, el 65,8 por ciento de los encuestados por la CAC –15,8 puntos porcentuales más que un mes antes– espera aumentos para los próximos 3 meses. Para encontrar expectativas de inflación similares es necesario remontarse a febrero, antes de que la inflación aumente el 1,5 por ciento en marzo.

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La Subsecretaría de Defensa de la Competencia intentará regular las ganancias de los supermercados.
 
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