ECONOMíA

Aprestos en ambos bandos por la guerra del tarifazo

El bloque oficialista de diputados adelantó su rechazo al inminente ajuste de tarifas en los servicios públicos, que Economía se prepara para anunciar en las próximas semanas.

 Por Cledis Candelaresi

Antes de que el ministro de Economía anuncie el inminente aumento de tarifas de servicios públicos, ya hay aprestos para la batalla con el fin de abortarlo. Antes, incluso, que el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, embista con un amparo judicial que evite las subas, el propio bloque de diputados oficialistas hizo público su rechazo, fundado tanto en razones técnicas como políticas: Roberto Lavagna no sólo estaría dispuesto a hacer concesiones extratarifarias sino que pretende resolver el tema per se, eludiendo al Congreso. El incremento, políticamente tan costoso, finalmente no alcanzará para demasiado. Además de seguir penando por sus deudas en dólares, las empresas prestadoras están suspendiendo toda inversión: los servicios serán más caros e irremediablemente peores.
“Fue un error del Gobierno haber dejado trascender con tanta anticipación el aumento. Deberían haberlo anunciado después que comenzara la feria judicial. Así evitarían que todo quede en la nada con los amparos”, especulaban ayer en una de las empresas, donde aseguran que ninguna voz del Gobierno les comunicó formalmente el permiso para aumentar.
El incremento podría beneficiar con certeza a las distribuidoras de electricidad y gas y redondearía el 10 por ciento, tal vez a aplicar en etapas o en forma diferenciada según la categoría de consumidores. Aunque el impacto es diverso según el servicio, se trata de una suba un poco más modesta de la que pedían las empresas, que aspiraban a ajustes de entre el 20 y el 30 por ciento. Casi a modo de compensación, Economía tomó dos determinaciones: convalidar la suspensión de inversiones que las empresas ya comenzaron a hacer de hecho y prever una nueva suba para octubre, cuando este primer ajuste ya haya sido digerido.
Las privatizadas vieron de inmediato la ventana que ofreció la pesificación de tarifas y su provisorio congelamiento: con los contratos de concesión vulnerados, podrían considerarse caducos. Este hecho, sumado a las condiciones menos ventajosas de su negocio (incluida la obligación de afrontar deudas en dólares contra ingresos en pesos), les allanó el camino para relajar las pautas de inversión y hasta para accionar contra el Estado.
Para justificar el previsible deterioro en la calidad del servicio, las distribuidoras eléctricas argumentan que “en la Argentina la luz es más barata pero de mejor calidad que en Brasil”. Las gasíferas, en tanto, se lamentan que en la década de concesión “las tarifas aumentaron sólo un 5 por ciento” y que la fórmula de aumento contractual, el índice de precios de Estados Unidos, no se aplica desde el 2000.
Bajo la múltiple presión de las privatizadas y el FMI, Lavagna tomó el tema en sus manos, desechando a la comisión renegociadora que se formó a principios de la gestión duhaldista. Este grupo tenía el único objetivo de estudiar una modificación tarifaria que paliase los efectos de la devaluación, pero reservando al próximo gobierno cualquier otro aspecto contractual.
Sobre esta base, los diputados justicialistas los del ARI consensuaron un proyecto de ley que aspira a que la última palabra en el tema la tenga el Congreso, a través de dictámenes vinculantes. Pero como las recientes turbulencias políticas de las últimas semanas impidieron que la iniciativa llegara al recinto, en las últimas horas los diputados oficialistas armaron su estrategia opositora basándose en la ley 25.561 –de delegación de facultades– y en el decreto 293, que obliga a someter a juicio del Parlamento los pronunciamientos de la comisión renegociadora.
Según la interpretación de los legisladores, Lavagna se estaría extralimitando en sus potestades e ignorando la opinión del Congreso. Repentinamente, modificó el criterio que los técnicos del PJ intentaron fijar para aquella comisión hace unos meses, pensando en una medida global en detrimento del sistema de premios y castigos sugerido en su momento. La idea que albergaban algunos técnicos del justicialismo era que pudiera admitirse un mayor precio a aquellas prestadoras que hubiesen hecho buena letra. Por ejemplo, con deuda genuina, contraída sólo para financiar inversiones. O que hubieran reinvertido utilidades en lugar de girar hasta el último dólar a sus matrices del exterior. Pero el ministro hace denodados esfuerzos para amparar a todas bajo un mismo paraguas, sin entrar en ese incómodo detalle.

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Roberto Lavagna, ministro de Economía, frente a los legisladores.
 
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