“Esto no es una política de precios máximos ni una cosa eterna. Es un acuerdo de precios para el cuidado de la economía de la familia”, afirmó ayer la subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Lucila Pimpi Colombo. “El acuerdo tiene una duración de dos meses. Los supermercados pueden bancarlo”, consideró la funcionaria del equipo de Guillermo Moreno. Colombo explicó que el cumplimiento del convenio se controla “desde la Secretaría de Comercio, pero también es responsabilidad de los consumidores” y los exhortó a que denuncien potenciales incumplimientos. Los reclamos podrán realizarse a la línea 0-800-666-1518, de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. Ayer distintas cadenas de supermercados del interior del país anunciaron que se comprometían a mantener sus precios por dos meses hasta el 1º de abril. Se trata de los supermercados Cáceres, de Formosa, e Impulso, de Corrientes y Chaco. Ricardo Cáceres, titular de la firma formoseña, explicó que se trata de “una medida necesaria que debe tener un estricto control del Gobierno y los clientes para favorecer a todos”.