EL MUNDO › LAS PRIMERAS PROTESTAS QUE ENFRENTARA EL ELECTO PRESIDENTE DE CHILE

Piñera da la espalda a los DD.HH.

La promesa que el empresario les hizo a los militares en plena campaña, de tratar de prescribir la acción penal contra todos los procesados por violaciones a los derechos humanos, sólo causó alarma en las víctimas y calentó el clima para su asunción.

 Por Christian Palma

Desde Santiago

Cuando el presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, se reunió –sin prensa– en noviembre pasado con 700 militares en el histórico Círculo Español de Santiago, se granjeó de inmediato el repudio de buena parte de Chile, en especial de las agrupaciones de detenidos desaparecidos, que aún siguen clamando justicia por las aberraciones de la dictadura que encabezó Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.

Si bien meses después el político-empresario logró imponerse en las urnas, alcanzando el sillón principal de La Moneda, no debe perderse de vista que menos de 100.000 votos lo separaron del candidato de la Concertación, por lo que, a simple vista, puede apreciarse que Chile se mantiene dividido entre la derecha y el centroizquierda.

En ese escenario, Piñera asumirá el mando de la nación el próximo 11 de marzo. Dos días antes se celebra en Chile el Día de la Mujer. La fecha servirá además para que la presidenta saliente, Michelle Bachelet, se despida con una gran manifestación masiva. Aprovechando esa ocasión, diversas organizaciones contrarias al nuevo gobierno se manifestarán en contra de la llegada de la derecha al poder. Estas mismas entidades, encabezadas por la Agrupación de Empleados Fiscales (ANEF) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), entre otras, adelantaron que saldrán a la calle también el día de la asunción, pues reclaman que el plan de gobierno de Piñera no reconoce los derechos de los trabajadores, por lo cual pretenden dejar en claro –desde el primer día– de qué manera jugarán los sindicatos en esta nueva cancha.

Todos estos episodios serán la antesala del 29 de marzo, un día con historia en Chile. En 1985, en plena dictadura, dos muchachos de 20 y 18 años murieron baleados en un confuso incidente con carabineros. Se trataba de Eduardo y Rafael Vergara Toledo, asesinados cerca de la combativa y popular Villa Francia. Ambos militaban en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y participaban activamente de actos en contra del régimen militar. En esa fatal jornada, los Vergara Toledo fueron ejecutados por agentes estatales, estando ya heridos y en poder de quienes los acribillaron. La fecha quedó grabada a sangre y fuego y pasó a llamarse “el Día del Joven Combatiente”, donde cada año se han producido diversas protestas, primero contra el régimen militar y luego contra los errores de la Concertación. Pues bien, si ya Piñera encarna la cara de la derecha (basta recordar a las viejas pitucas celebrando con bustos de Pinochet el día que ganó las elecciones) y representa al sector más neoliberal chileno (incluido el mundo empresarial, que se hizo rico en dictadura), la promesa que les hizo a los militares en plena campaña electoral de tratar de prescribir la acción penal contra todos los procesados por violaciones a los derechos humanos, trayendo, por consiguiente, la exculpación y el cierre de los juicios, no sólo causó alarma en las víctimas de violaciones sino que calentó el clima de una jornada que se supone poco tranquila, el menos en las calles.

El periodista Jorge Escalante, experto en derechos humanos, plantea que “más allá de que Piñera encarne a la derecha hay descontento, primero porque no representa a la mayoría de los chilenos, segundo, no hay seguridad de que siga con la línea trazada por la Concertación en temas sensibles; tercero, le debe muchos favores a la derecha extrema (la Unión Demócrata Independiente, UDI, partido ultraconservador) y cuarto, la cita con los militares pro Pinochet el año pasado encendió todas las alarmas”. Junto a ello, el abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez y la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, afirmaron que el hecho de que Piñera prometiera trabajar desde el Ejecutivo para que los jueces apliquen la prescripción en estos procesos significa: impunidad.

El tema no será fácil de llevar para Piñera. Basta recordar que hace unas semanas, cuando Bachelet inauguró el Museo de la Memoria, lugar dedicado a los afectados por la dictadura, el escritor peruano y confeso admirador de Piñera, Mario Vargas Llosa –invitado de lujo para la ocasión–, se comió la abucheada de su vida. Sólo la actuación de la fuerza pública impidió que los chiflidos pasaran a más.

A esto debe adicionarse que el programa de campaña de Piñera indicaba que se abogará por la “verdad y la justicia”, pero al mismo tiempo “se avanzará en forma consensuada hacia una auténtica reconciliación”, aunque nunca explicó cómo se realizará. Respecto de la legislación internacional en materia de derechos humanos y su aplicación en Chile, señala que se avanzará en la adecuación de nuestras instituciones jurídicas, para lo que se hace necesario modificar el Código Penal “y ajustar nuestra legislación interna al derecho humanitario convencional”, sin especificar con qué fin. El programa agrega que “Chile debe insertarse plenamente a la comunidad internacional vinculada con los derechos humanos y con los organismos internacionales”, reconociendo que “Chile está inserto en la comunidad internacional y en una institucionalidad de derecho internacional que convencionalmente lo obliga”. Sin embargo, este planteamiento “internacionalista” del programa está en directa contradicción con la prescripción de los crímenes de lesa humanidad que Piñera prometió a los militares.

En cuanto a la implementación del Instituto de Derechos Humanos, organismo impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet, el programa señala que “implementaremos esta nueva institución para darle autonomía efectiva, independencia y eficacia en su acción”.

Todo lo anterior choca con unas de las últimas intervenciones de Bachelet como presidenta en estos temas: “Sólo con la verdad podremos seguir uniéndonos como comunidad, garantizando la convicción cívica indispensable en toda democracia que, finalmente, es lo que pone a recaudo los derechos de las personas”.

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