España saborea el amargo privilegio de ser el primer país de la Unión Europea en incorporar el límite al gasto público en su Constitución. En el Senado, el trámite final de la reforma cosechó 233 votos a favor y tres en contra. Mientras los senadores de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Bloque Nacionalista Galego (BNG) abandonaron la sesión en señal de rechazo, los legisladores de Convergència i Unió (CiU), Partido Nacionalista Vasco (PNV) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) no participaron del debate. Ni el repudio de los sindicatos ni del movimiento 15-M, mucho menos los recursos interpuestos por el grupo de legisladores encabezados por Gaspar Llamazares (diputado de Izquierda Unida) pudieron frenar el avance de la reforma del artículo 135 de la Constitución, que había sido aprobado el viernes en el Congreso de los Diputados. Con un apoyo que superó los tres quintos necesarios de la Cámara alta –esto es, 157 de los 261 senadores–, el principio de estabilidad presupuestaria obtuvo luz verde para establecer un techo del 0,4 por ciento del Producto Bruto Interno para que las administraciones públicas puedan endeudarse a partir de 2020.

En apariencia, la consulta popular surge como un escenario casi descartado si se tiene en cuenta que aquellos que la impulsan en el Parlamento deberán convencer al 10 por ciento de los diputados (35) o de los senadores (26). El Partido Socialista Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), que defienden la reforma, suman 321 legisladores en Diputados contra 29 de otras fuerzas. En la Cámara alta, 236 legisladores responden al PSOE y el PP, mientras los 24 restantes se reparten entre otros bloques. A pesar de que el techo al gasto público fue aprobado por el pleno del Senado, a partir de ayer se abrió un plazo de 15 días para que los opositores a la modificación de la Carta Magna junten las fuerzas necesarias y convenzan a los diputados sobre la necesidad del referéndum.

Sin embargo, en el corazón del PSOE ya se produjeron algunas grietas. Son varios los miembros que no aceptan el tope al déficit con el argumento de que esa posición parte de una exigencia de los mercados. Pero, sobre todo, de las economías de Alemania y Francia que, tras los malos resultados del PBI en la Eurozona, pusieron al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero contra las cuerdas, obligándolo a consensuar una reforma con el PP a espaldas de la gente. Guillermo Fernández Vara, líder de la oposición en la Comunidad Autónoma de Extremadura; Antonio Gutiérrez, diputado socialista por Madrid en el Congreso; Yolanda Casaus, diputada del grupo socialista por Teruel; Mercedes Coello, diputada de Canarias; Meritxell Cabezón, diputada catalana, son algunos de los miembros del PSOE que se opusieron públicamente a la reforma y apoyaron la consulta.

“Sí hay tiempo para el referendo, lo que no hay es voluntad política para abrir un debate sobre la reforma constitucional”, dijo Joan Saura, de ICV, quien defendió la consulta popular. El portavoz de ERC, Miquel Bofill, advirtió sobre una eventual ruptura de las autonomías españolas. “Cataluña no cabe en la Constitución española y, por lo tanto, los catalanes tendrán que prepararse para saltar el muro constitucional”, sostuvo. “La reforma es inaceptable, antidemocrática y rompe los procesos constitucionales”, agregó.

Desde el PSOE y el PP se insistió en la importancia de la modificación de la Carta Magna para garantizar la salida de la crisis, la solvencia del país y el Estado de bienestar. “Lo que hacemos es cumplir compromisos adquiridos conjuntamente en el marco de la Unión Europea para hacer frente a una situación muy compleja. Nosotros no practicamos la política del avestruz”, sostuvo Carmela Silva, portavoz socialista. “Sin rigor presupuestario, sin equilibrio fiscal, no hay Estado de bienestar”, afirmó Pío García Escudero, del PP y señaló: “La reforma constitucional no es una medida de choque. Es un arnés de seguridad”.

“La reforma es innecesaria porque la Constitución, en su artículo 40, habla del gasto público y de la necesidad de mantener las cuentas equilibradas”, le dijo a Página/12 Fernando Lezcano, portavoz de Comisiones Obreras (CCOO). El sindicalista consideró, a su vez, que es inadmisible que la reforma se apruebe porque viene dictada por Alemania y Francia a través del Banco Central Europeo. “Eso supone una fuerte pérdida de soberanía y que, a futuro, prevalecerá la política del ajuste presupuestario antes que atender las necesidades de la gente más desfavorecida.” Según Lezcano, los sindicatos toman nota de las críticas lanzadas desde el 15-M. “Las respeto, pero no las comparto porque, cuando convocamos a la huelga general hace un año, lo hicimos en soledad. Sin embargo, siempre fuimos muy respetuosos del 15-M, compartimos su diagnóstico sobre la situación económica y nos parece un elemento de higiene democrática que la gente reaccione.” El sindicalista de CCOO adelantó que volverán a movilizarse el 6 de octubre, un día antes de la convocatoria prevista por la Confederación Sindical Internacional en todo el mundo por la defensa del trabajo.