El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, promulgó ayer una reforma constitucional aprobada por el Congreso que amplía el fuero de la Justicia militar, cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos humanos locales e internacionales. El texto de la reforma señala que los tribunales marciales se encargarán de investigar y sancionar “los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio”.

El mismo día Santos fue llevado al hospital en Cartagena, al parecer por una infección urinaria, dos meses y medio después de operarse de cáncer de próstata, informó su médico personal Felipe Gómez. El mandatario, de 61 años, “presentó un cuadro compatible con infección urinaria, que requirió evaluación en la ciudad de Cartagena”, indicó el médico en un comunicado publicado por la Presidencia. La situación de Santos “no reviste gravedad alguna”, refirió Gómez. “Santos seguirá desempeñando sus labores y cumpliendo su agenda prevista”, añadió el médico.

La enmienda reforma tres artículos de la Constitución, y también crea un Tribunal de Garantías Penales encargado de servir de juez de control de garantías para dirimir eventuales conflictos de competencias entre las instancias penales civil y militar. El texto de la reforma señala que los tribunales marciales se encargarán de investigar y sancionar “los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio”. “En ningún caso la Justicia penal militar o policial conocerá de los crímenes de lesa humanidad, ni de los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado”, argumenta la enmienda.

Sin embargo, el escaso número de militares juzgados por los “falsos positivos” (inocentes asesinados por fuerzas de seguridad y vestidos con uniformes guerrilleros para dar idea de eficacia) hace pensar a las organizaciones sociales que ampliará el nivel de impunidad de las fuerzas armadas, dijeron miembros de Colombianos y Colombianas por la Paz. También señalaron que la ley puede ampliar la impunidad militar como defensa ante posibles acuerdos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se buscan alcanzar en La Habana, Cuba.

El Congreso aprobó la reforma el 11 de diciembre en medio de una fuerte controversia, pues organizaciones defensoras de los derechos humanos hicieron un llamado de alerta ante la posibilidad de que casos como las ejecuciones de civiles queden en la impunidad. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, asegura que la reforma brinda seguridad jurídica a los militares, pero no generará impunidad en casos como las ejecuciones extrajudiciales, que quedarán en la órbita de los jueces civiles.

Sin embargo, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), el chileno José Miguel Vivanco, advirtió que la reforma le genera dudas porque en su opinión no da garantías para que los militares acusados de cometer violaciones de los derechos humanos sean condenados. Vivanco afirmó también que Colombia podría perder o ver reducida la asistencia militar de Estados Unidos, pues ese país debería supeditar la ayuda a que todas las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas colombianas sean remitidas a la Justicia ordinaria.