Página/12 En Italia

Muchos italianos lo consideran una vergüenza. Otros no pueden creer que en Italia haya gente que tortura. Sin embargo, la decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos fue terminante: los golpes y repetidos malos tratos de la policía el 21 de julio de 2001 contra unos 93 manifestantes indefensos que dormían en la Escuela Armando Díaz de Génova deben ser considerados “torturas”. Italia fue condenada por la alta Corte de Estrasburgo a pagar una indemnización de 45.000 euros a quien empezó la causa ante esa Corte de Derechos Humanos, Arnaldo Cestaro, golpeado en Génova. Pero sobre todo condenó públicamente al país por no poseer en su legislación penal el delito de tortura, que permitiría condenar a los responsables de Génova y evitar otros casos similares.

En julio de 2001, Italia estaba gobernada por Silvio Berlusconi. Entre el 20 y el 22 de julio se realizó en Génova la reunión del G-8, es decir el Grupo de los Ocho países más desarrollados de Occidente, que contó con la presencia de personajes como el presidente estadounidense George Bush y el ruso Vladimir Putin. Miles de manifestantes llegados de toda Europa manifestaron por las calles en esos días contra el neoliberalismo y a favor del Movimiento No Global, es decir contra la globalización forzada impuesta por los países desarrollados. Mientras tanto, en la escuela Díaz de Génova se llevaba a cabo el Genova Social Forum, un debate del que participaron jóvenes y no tan jóvenes de toda Europa, muchos de los cuales acamparon en la escuela en bolsas de dormir para pasar la noche.

Era el 21 de julio y pocas horas antes un carabinero había matado de un tiro a un manifestante, Carlo Giuliani. A media noche irrumpió la policía en la escuela Díaz, dando palos y patadas a todo el mundo. Uno de ellos fue Cestaro. Tenía 62 años y la policía, con el pretexto de que habían encontrado dos bombas molotovs dentro de la escuela –hecho que se demostró después que no era cierto–, le rompió un brazo, una pierna y diez costillas. Y como a él, la policía maltrató a los 93 jóvenes que allí se encontraban durante más de una hora y media a palos y patadas. Luego la policía se llevó a la mayoría de ellos presos a las celdas del cuartel de Bolzaneto, donde continuaron los abusos y los golpes, contaron las víctimas.

La policía dijo que había sido un allanamiento normal. Sin embargo, la sentencia de la Corte dejó claro que muchos de los “torturadores” no pudieron ser identificados porque tenían la cara cubierta y no llevaban ninguna identificación, al contrario de lo que establecen las normas europeas. Algunos de los policías condenados ni siquiera cumplieron la condena porque el delito cayó en prescripción, una técnica para prolongar eternamente los juicios.

La Corte le dio razón a Cestaro por unanimidad. “Nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratamientos inhumanos o degradantes”, dijo la sentencia, estableciendo que tales tratamientos deben ser considerados “torturas” e indicando que si buena parte de los responsables –sólo algunos fueron juzgados– no han sido jamás castigados, en parte se debió a la falta de cooperación de la policía, pero también a una legislación deficiente. “El dinero que me darán no borrará el mal que me han hecho. La decisión de la Corte es un primer paso. Pero me sentiré realmente indemnizado cuando el Estado italiano cuente en su legislación con el delito de tortura”, comentó Cestaro.

“Cuando hablamos de ‘torturas’ nos tomaron por locos”, comentó el fiscal Enrico Zucca, que llevó adelante en Italia las acusaciones contra los policías. “Lo ocurrido en la escuela Díaz fue un concentrado de violaciones de los derechos humanos”, opinó. La Corte de Justicia italiana, por su parte, al confirmar las condenas en 2012 de algunos de los imputados, aclaró que la policía hizo un uso descontrolado de la violencia. Un proceso aparte hizo la Justicia italiana contra el jefe de la policía de entonces, Gianni De Gennaro. Procesado y condenado, fue luego absuelto por la Corte Suprema en 2011. En torno de De Gennaro, sin embargo, se ha desatado una polémica ahora. Porque De Gennaro, que podría ser reprocesado si la ley sobre la tortura se aprobara, fue nombrado en 2013 presidente de Finmeccanica, la más poderosa empresa estatal de producción de armas y otras tecnologías.