El conflicto en el este de Ucrania ha causado al menos 6417 muertos y 15.962 heridos, según el último informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentado ayer. Estas cifras son estimaciones del Alto Comisionado y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y recogen las víctimas contabilizadas desde mediados de abril de 2014 hasta el 30 de mayo de 2015.

“Esto es una estimación conservadora y los números reales podrían ser mayores”, indica el texto. El informe, el décimo elaborado por los expertos del Alto Comisionado, abarca lo sucedido en el este de Ucrania desde el 16 de febrero al 15 de mayo. El texto indica que si bien se ha notado una disminución de los bombardeos tras la adopción el 12 de febrero de los Acuerdos de Minsk, éstos no han parado.

Tampoco han cesado las hostilidades entre las Fuerzas Armadas ucranianas y los grupos armados prorrusos. “Las víctimas a causa de minas antipersonales y otros tipos de artillería no explotada todavía son considerables”, señala el documento. El informe recuerda que desde el pasado 11 de abril, el aeropuerto de Donetsk y la localidad de Shyrokzne fueron objetivo de intenso fuego cruzado. “Persisten los informes sobre material militar sofisticado y combatientes desplegados por la Federación Rusa.”

Asimismo, los expertos denuncian que se han detectado “serias violaciones a los derechos humanos, intimidación y amenazas de la población local llevadas a cabo por los grupos armados”. “La misión de investigadores recibió nuevas alegaciones de asesinatos, tortura, malos tratos, así como casos de detención arbitraria, trabajo forzado, saqueos y extorsión en los territorios controlados por los grupos armados.”

El propio alto comisionado, Zeid Ra’ad al Hussein, citado en un comunicado, denunció el precio que pagan los civiles en este conflicto.

“Hemos documentado informes alarmantes sobre ejecuciones sumarias por grupos armados, y estamos investigando alegaciones similares contra las fuerzas armadas ucranianas”, señala Zeid. El texto recuerda que los ciudadanos que residen en el este del país están cada vez más aislados y padecen las consecuencias de la decisión del gobierno de privarlos de los servicios sociales básicos.