Cerca de 400 refugiados africanos fueron desalojados por la policía parisiense del campamento que habían levantado desde julio pasado en el centro de la ciudad. El refugio, emplazado en la Plaza de la Chapelle, albergaba a eritreos, sudaneses, mauritanos, egipcios y tunecinos.

La operación comenzó por la madrugada, e implicó un importante despliegue policial y contó con la participación de varias organizaciones humanitarias que acompañaron a las personas evacuadas hasta la hilera de ocho ómnibus habilitados para el desalojo. La ministra de Sanidad francesa, Marisol Touraine, advirtió que el desalojo se realizó por motivos sanitarios. “El peligro inminente de propagación de una epidemia exige nuestra intervención. Un campamento urbano de ese volumen es un riesgo para sus ocupantes.” Previsto desde hace unas semanas, el dispositivo se desarrolló en “condiciones humanas razonables” y con “gran organización y mucha humanidad y tacto”. Al otro lado del perímetro de seguridad que impedía a la prensa y a los curiosos acercarse a la destartalada concentración de carpas, un centenar de militantes despidieron con aplausos a los ómnibus.

El concejal ecologista Pascal Julien, quien supervisó el desmantelamiento desde primera hora de la mañana, se pronunció respecto “de la ausencia de una política estatal de inmigración” en París. “El problema reside en que estamos ante un gesto a corto plazo. Se envía a estas personas a un alojamiento provisional, así que al cabo de un tiempo volverán a las calles y habrá que hacer frente a un nuevo campamento”, dijo.

Por su parte, el director general de la ONG France Terre d’Asile, Pierre Henry destacó que no se trató de una operación policial, sino humanitaria. “Las personas evacuadas con una petición de asilo en trámite serán alojadas en centros de acogida de larga duración, mientras que el resto ocupará alojamientos de emergencia.” Según datos de la organización, que se encarga de asesorar a los refugiados en sus demandas de asilo, hasta 103 moradores del campo desmantelado tramitaron su petición, un proceso cuya resolución puede alargarse dos años y abandona a los demandantes a su suerte.