El alcalde de la localidad mexicana de Aquila, Juan Hernández, fue detenido y está acusado de apoyar al cartel Los Caballeros Templarios y de intentar asesinar al líder de una comunidad indígena. La Procuraduría General del Estado de Michoacán imputó al edil por los delitos de cohecho, tentativa de homicidio calificado y encubrimiento, luego de que se lograra acreditar su responsabilidad en el intento de asesinato del líder del grupo de resistencia indígena de la comunidad de Ostula, Semeí Vardía Zepeda. Por otra parte, un candidato a diputado federal por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue asesinado ayer en un suburbio de Ciudad de México. Se trata del cuarto homicidio de un aspirante a las elecciones locales y legislativas del domingo, informó esa formación política.

A través de su cuenta de Twitter, el PRD difundió un comunicado de repudio por el crimen. “Condenamos el asesinato de Miguel Angel Luna, candidato a Diputado Federal en Valle de Chalco”, un municipio del inseguro Estado de México ubicado a 32 kilómetros de la capital mexicana.

La formación exigió el esclarecimiento de esa muerte y pidió se garantice la seguridad en este proceso electoral. Medios locales reportaron que Luna recibió cinco disparos en la cabeza y uno en el tórax mientras estaba en su oficina de campaña. Las elecciones intermedias del domingo, consideradas el primer test político para el presidente Enrique Peña Nieto, se vieron ensombrecidas por episodios de violencia, especialmente, en los estados de Guerrero y Michoacán. Además del asesinato de la candidata del PRD en Ahuacuotzingo, el postulante a alcalde de Chilapa (Guerrero) por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue asesinado en mayo cuando regresaba a su casa tras un acto de campaña.

Ese mismo mes fue asesinado un ex líder de las autodefensas –milicias ciudadanas contra el narcotráfico– y candidato a alcalde del partido izquierdista Morena en Yurécuaro, Michoacán. En las elecciones de junio se renovarán los 500 diputados federales, los gobernadores de nueve de los 32 estados mexicanos y casi 900 alcaldías, entre otros cargos. Por otra parte, la Policía mexicana informó ayer que Hernández fue detenido el sábado junto con José Antioco Calvillo García, encargado de uno de los grupos paramilitares que opera en el estado de Michoacán. Ambos hombres fueron entregados a la Procuraduría de Justicia (fiscalía) de Michoacán, donde por fueron interrogados por varios fiscales, quienes el lunes acreditaron su relación con la banda criminal de los Caballeros Templarios. Al rendir su declaración ante la fiscalía, los inculpados aceptaron haber brindado protección al cartel, encabezado en esa zona del Pacífico mexicano por Federico González Medina, alias El Lico, uno de los principales criminales perseguidos por el gobierno mexicano.

Las investigaciones establecieron que el alcalde y el encargado del grupo paramilitar mantuvieron varias reuniones con El Lico, quien les ordenó planear el asesinato de Semeí Verdía, un joven indígena que desde 2009 se levantó en armas contra los narcotraficantes. Hernández y Antioco contrataron a seis asesinos a sueldo, a quienes les ofrecieron el pago de dos millones de pesos mexicanos (136.000 dólares) al término del trabajo y de anticipo siete mil (450 dólares) a cada uno.

Originario de la comunidad de Santa María Ostula, Verdía y los indígenas nahuas lograron expulsar a la organización criminal, que se había apoderado de cientos de hectáreas de cultivo y minas de hierro en territorio de esa etnia. Las autoridades informaron que el 16 de diciembre, Hernández y Antioco dieron la orden de asesinar a Verdía. El primer intento fue en la ruta costera que une los estados de Michoacán y Colima, pero el vehículo del líder indígena fue confundido con otro de características similares. En dicho ataque, cinco hombres resultaron heridos. Tras fracasar en la primera oportunidad, el alcalde Hernández y Antioco organizaron un segundo ataque, que fue perpetrado por los sicarios el pasado 25 de mayo sobre la ruta estatal que une Aquila con la ciudad de Tepalcatepec. En esta ocasión, resultó herido un acompañante que viajaba con Verdía a bordo de una camioneta, la cual recibió al menos 30 balazos de rifles de asalto. Tras el ataque, Semeí Verdía y los indígenas que viajaban con él persiguieron a los asesinos a sueldo por una zona agreste de la Sierra Madre del Sur, desatándose dos enfrentamientos armados que culminaron con la muerte de dos compañeros del líder indígena y de cuatro de los seis sicarios.

Los habitantes de Ostula acusaron a “el Lico” y a Mario Alvarez, un ex alcalde de Aquila surgido del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) de ser los responsables de la muerte del líder indígena Trinidad de la Cruz, Don Trino, quien fue secuestrado, torturado y asesinado el 6 de diciembre de 2011. Los ostulenses también señalaron como culpables a ambos personajes de haber ordenado entre 2009 y 2012 los homicidios de un total de 32 indígenas y de la desaparición de cuatro más por oponerse a entregar sus tierras.