Desgastado, enfrentando la mayor debacle financiera en lo que va del siglo, hundido en una crisis de credibilidad, sin asideros firmes que le permitan mantener la gobernabilidad del país y ahogado ante la presión internacional por la cada vez más abierta corrupción y por la sistemática violación de derechos humanos que se traduce en desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones sumarias y asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos, el presidente Enrique Peña Nieto rinde hoy su tercer informe de gobierno ante el Congreso de la Unión sin otra expectativa que salvar las apariencias para sortear el segundo y último tramo de su administración.

El tercer año del gobierno de Peña Nieto no parece tener salvación: el narcotraficante más peligroso del mundo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, se escapó el 11 de julio de un penal de máxima seguridad en Almoloya, estado de México, la tierra del presidente, y el peso se devaluó casi en 35 por ciento en el último año –de forma acelerada a partir de la crisis en China–, al pasar de 13,07 pesos por dólar a 17,65 por uno. Para el presidente Peña Nieto, no es para tanto: “Hay países a los que les ha ido peor”.

El discurso festivo del presidente contrasta con un dato brutal: en el país del segundo hombre más rico del mundo, Carlos Slim, con una fortuna personal de más de 77.100 millones de dólares, ahí mismo viven casi 67,5 millones de pobres, 2 millones más que el año pasado, según cifras oficiales.

La descomposición nacional incluso ha matizado el optimismo a priori del presidente, quien ha debido reconocer que “México aún no se está moviendo a la velocidad que todos queremos”, en parte por la corrupción y por la desigualdad imperante en el país.

La corrupción es una de las peores características de su gobierno, puesta en evidencia no sólo por la fuga del Chapo sino por aparentes conflictos de interés en la adquisición de una mansión de 7 millones de dólares para la esposa de Peña Nieto en una zona residencial de la Ciudad de México; otra casa de verano para el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco, y una más para el propio presidente Peña Nieto en un club de golf en Ixtapan de la Sal (las dos últimas, en el estado de México), construidas y entregadas por compañías constructoras beneficiadas con contratos multimillonarios de obra pública. Tras una supuesta “investigación” realizada por un subordinado del presidente, se declaró que no existió ningún conflicto de interés, y mucho menos algún acto de corrupción, porque ninguno de los otros subordinados del presidente que fueron interrogados confesó irregularidad alguna.

La violencia es otra marca que se está impregnando en México, y no es sólo por el crimen organizado, sino atribuible a las diversas policías y a las fuerzas armadas. Nada más iniciar el tercer año de su administración, en septiembre del año pasado, se reveló que al menos 12 de 22 civiles muertos en un “enfrentamiento” con el ejército, en realidad habían sido fusilados el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, estado de México.

Otro de los casos más sonados fue la muerte de 42 personas en Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo de este año, en un supuesto enfrentamiento con la policía federal, que tuvo una baja. Los civiles muertos habrían participado en una serie de bloqueos en la ciudad de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, en la que incluso derribaron un helicóptero del ejército con un lanzacohetes.

A esto hay que sumar las creciente oleada de desaparecidos en el país. Nada más entre enero y abril pasados, 1360 personas desaparecieron en México, lo que eleva la cifra a 26 mil desapariciones registradas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública

Para Amnistía Internacional, México vive una crisis de desapariciones forzadas que se hizo aún más evidente con el descubrimiento de decenas de fosas clandestinas en el estado de Guerrero durante la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cuyo caso sigue no sólo abierto sino estancado a casi un año de los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre de 2014. Si bien en noviembre pasado se encarceló al alcalde de ese municipio, José Luis Abarca, y a su esposa, vinculada ella y su familia con el crimen organizado, los estudiantes no aparecen ni vivos ni muertos. El caso Ayotzinapa sacudió al país y al mundo. Hasta el momento se han realizado 25 acciones globales en medio centenar de ciudades en cuatro continentes para exigir al gobierno de México la aparición de los estudiantes. Un equipo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA trabaja en el país, pero sus esfuerzos han sido bloqueados por el propio gobierno de Peña Nieto y por el ejército, al que se le atribuye participación directa en la desaparición forzada de los 43 estudiantes.

Este escenario no es exclusivo de Guerrero. Todo México es una fosa común, ha dicho el poeta Javier Sicilia, una víctima más de la violencia desatada por la guerra que lanzó el derechista Felipe Calderón desde finales de 2006. Tras el asesinato de su hijo, Juan Francisco Sicilia Ortega, el 28 de marzo de 2011, en el estado de Morelos, Javier Sicilia impulsó el Pacto Nacional con Justicia y Dignidad y encabezó la Caravana de la Paz que recorrió buena parte de México y Estados Unidos hasta llegar a las puertas de la Casa Blanca. Uno de los resultados de esta movilización fue la promulgación de la Ley General de Víctimas, al inicio de la presidencia del priísta Enrique Peña Nieto.

Amnistía Internacional registra unas 25.000 personas desaparecidas en México desde 2007, y asegura que casi la mitad de los casos ocurrió en la administración de Peña Nieto. “La crisis de las desapariciones forzadas en Guerrero y en otros lugares en México es realmente sorprendente”, dijo el mes pasado Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional en América.

Otra de las graves violaciones de derechos humanos en México es la sistemática e impune aplicación de la tortura, según documentó un grupo de ONG ante el relator especial de la ONU sobre Tortura, Juan E. Méndez, en reuniones realizadas en abril pasado, quien previamente había expuesto esta práctica como “generalizada” en todo México, en una carta dirigida al representante permanente de México ante oficinas de Naciones Unidas y organismos internacionales en Ginebra, Jorge Lomónaco. El episodio generó un enfrentamiento con el gobierno de Peña Nieto, que rechazó el dictamen de la ONU y se tradujo en ofensas contra el relator especial, quien durante una visita oficial a México recabó testimonios muy similares, independientemente de qué autoridad fuera acusada: las policías municipales, estatales o federales; las procuradurías estatales o federales, o el ejército y la marina. Incluso, el relator especial de la ONU recordó que la propia administración de Peña Nieto reconoció la tortura “como un tema recurrente y ejemplifica que la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue de una denuncia en 2005 a 2126 en 2012, además que en 2003 el Comité contra la Tortura estableció que en México la tortura era habitual y sistemática”.

Entre todos los casos de tortura, ejecuciones sumarias y desapariciones, la prensa es otra víctima visible. Entre 2000 y 2015, han sido asesinados 88 periodistas, según el Artículo 19, aunque otras organizaciones contabilizan hasta 130 casos de homicidios contra comunicadores. Tan sólo en lo que va de la administración de Peña Nieto al menos 16 periodistas han sido asesinados en posible relación con su actividad profesional, según esa organización. Casi todos estos crímenes permanecen impunes, y cuando las autoridades presentan algún avance pocos les creen. Así ocurre con el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, muerto el 31 de julio pasado junto con la activista Nadia Vera y otras tres mujeres en un céntrico departamento de la Ciudad de México. La investigación de este caso ha estado plagada de irregularidades, entre las que destacan filtraciones interesadas a la prensa para denigrar y desacreditar socialmente a las víctimas, que han sido presentadas como si fueran culpables de haber sido asesinadas. Hasta el momento han sido detenidos dos de los tres supuestos autores materiales del crimen, cuyas declaraciones resultan contradictorias. El segundo detenido cayó apenas este fin de semana: un ex policía de la Ciudad de México con antecedentes penales por tortura.

La policía no ha seguido una línea de investigación sobre el ejercicio periodístico de Rubén Espinosa y el activismo de Nadia Vera. Ambos se encontraban refugiados en la capital del país, luego de abandonar Xalapa, en el estado de Veracruz, por hostigamiento y amenazas de muerte.

Ante este panorama de descomposición nacional, Peña Nieto intentó un golpe de timón la semana pasada, modificando la mitad de su gabinete. La señal no fue interpretada como un fortalecimiento presidencial, sino como un reacomodo para cobijarse, pues destituyó a políticos con experiencia por subordinados cuya mayor virtud es la sumisión.

A México le quedan todavía tres años más de esto.