EL MUNDO › OPINION

La Francia que quieren

 Por Sergio Kiernan

Que Jean Le Pen haya llegado segundo en la primera vuelta de la elección puso el foco en la bancarrota política de Francia y en la misma existencia de una derecha neofascistoide. Pero como nadie cree seriamente que hoy pueda ganar y ser presidente, quedó medio olvidado lo que el Frente Nacional haría con el poder. El Centro Simón Wiesenthal nos recordó esta semana un documento frontiste llamado “300 medidas para el renacimiento de Francia”, plataforma-manifiesto muy detallado que fue compuesto por veinte “expertos” lepenistas y explica en detalle para qué usaría al Estado un gobierno del Frente. Es de terror.
Le Pen presidente crearía una supercentral de datos sobre todo lo que se mueva y moleste: extranjeros, hijos de extranjeros, enfermos de sida, criminales, infractores, sospechosos y ciudadanos rasos. La central recibiría informes de la policía y de las centrales de inteligencia, de las fuerzas armadas y los hospitales, de la oficina de impuestos y de la de aduanas. La idea es que al pedir la ficha de cualquier francés o residente en Francia, el Estado sepa de qué se operó, a dónde viajó, cuánto gana o gasta, cuántas boletas pagó, en dónde milita.
La obsesión frentista con el sida es histórica. Le Pen la definió como una enfermedad extranjera traída a Francia por los inmigrantes y ya propuso crear “sidatorios” para aislarlos. La plataforma propone análisis obligatorios para todo extranjero ante el menor roce con el Estado –al casarse, al enrolarse, al ser arrestado– cuyos resultados irán a parar a la central de datos.
Hacerse el análisis puede ser el menor problema de los extranjeros. El Frente en el poder cambiaría la misma ley de nacionalidad. Nacer en Francia ya no alcanzaría para ser francés: habría que ser hijo de ciudadanos o naturalizarse después de un examen que incluye dominio de la lengua y una inspección de “moralidad”. Aun con los trámites completos y una conducta monacal, el resultado es dudoso porque todos tendrían que esperar por un período indeterminado a que el Estado conceda la ciudadanía, sin posibilidad de amparo o reclamo.
Esta ciudadanía se perdería por cualquier crimen o por servir en un ejército extranjero, ambas causales de deportación inmediata. El que pase los filtros se sentirá solo, porque las nuevas leyes no permitirían traer a la familia. Nadie podría tener doble ciudadanía y si se es de una religión no católica habrá problemas para ir al templo: el Estado prohibirá erigir lugares de culto sin autorización especial, particularmente si se trata de mezquitas. El extranjero residente tendrá que esperar turno para todo, por el principio de “preferencia nacional” que se aplicará al empleo, la salud, la educación y la vivienda.
Esta Francia más dura tendrá pena de muerte, abandonará la Unión Europea, repudiará el euro, apoyará a Saddam Hussein, combatirá por todos los medios a Estados Unidos y derogará las leyes Pleven y Gayssot, que prohíben difundir escritos racistas, propaganda nazi y negaciones varias del Holocausto. De todos modos, a los franceses les costará enterarse de estos desarrollos porque la prensa será cuidadosamente controlada por una ley de “reclutamiento de periodistas” que prohibirá a cualquiera ejercer la profesión a menos que pase un examen administrado por el Estado. Se creará un ente para regular la información y hacer cumplir una ley “de deberes de los medios”.
Uno en cinco franceses está de acuerdo con crear un país así.

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