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El documento de los obispos que los políticos no quieren firmar

Cumpliendo con su papel en el Diálogo Argentino que organizó el gobierno, la Iglesia circuló un borrador de “consensos para la reforma”. Todo muy bien, sólo que los políticos que lo habían pedido hace semanas que se hacen los distraídos y no firman.

 Por Washington Uranga

Uno de los propósitos manifiestos de la Mesa del Diálogo Argentino ha sido el de producir un “acuerdo nacional” que, suscripto por las fuerzas políticas y sociales, sirviera de base para la etapa de transición. Este período podría no limitarse al actual gobierno, sino prolongarse aún más allá del mandato de Eduardo Duhalde. Con esa finalidad, se elaboró hace algunas semanas un borrador de acuerdo titulado “Consensos para las reformas”, que se encuentra desde hace días en manos del presidente Eduardo Duhalde, de los presidentes de las dos cámaras legislativas y de los titulares de los diferentes bloques parlamentarios. Sin que hasta el momento se haya avanzado de manera sustancial en cuanto a la disposición de las distintas fuerzas políticas para suscribirlo.
Nadie se pronunció en contra, pero tampoco han existido gestos políticos que avalen la iniciativa que, según lo manifestaron los obispos católicos en su último documento, podría “convertirse en verdaderas bases de un gran cambio para la Argentina”. Y que implica compromisos que la dirigencia política no parece dispuesta a asumir. En el frente político, las mayores resistencias estarían dadas por el pedido de un renovación total en los cargos electivos, tanto en el Estado como en los partidos políticos, y en el establecimiento de un cronograma consensuado para las medidas que se proponen, incluyendo las elecciones. Sobre este aspecto el borrador no avanza en ninguna propuesta de fechas ni de adelanto de los comicios.
En el apartado político del borrador se pide una “reforma del sistema político y de representación” que incluya, entre otros aspectos, “una reducción sustancial de la política (...) cuidando que esta reducción no afecte la calidad de la función ni impida que las personas de menores recursos puedan dedicarse a ella”. También se solicita la abolición de las jubilaciones de privilegio y la aplicación del impuesto a las ganancias a los jueces, la eliminación del “financiamiento paraestatal de las clientelas políticas” y la puesta en práctica de “un esquema transparente de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales”.
En otra parte del texto que los dirigentes deberían suscribir como parte de su compromiso se habla de “mejoras significativas en las formas de representación política, facilitando el acceso a las candidaturas, preservando los derechos de las minorías y la proporcionalidad, garantizando el pluralismo a través de nuevas formas de expresión de la sociedad civil, estimulando la participación popular y el amplio debate público de las cuestiones de interés general”. El trabajo se refiere también a mecanismos de “renovación paulatina” de la dirigencia política y la necesidad de avanzar en la “depuración genuina de las afiliaciones, que no responden a la realidad, y proceder a la elección de nuevas autoridades partidarias por voto directo y con respeto a la representación de las minorías”.
El texto de cinco páginas caracteriza la actual etapa política como de “transición” señalando que se trata de un tiempo que “reclama participación de todos y cuya eficacia y credibilidad exigen particulamente de la dirigencia política, financiera, sindical y empresarial gestos y decisiones que exhiban cambios de conducta, valores y reglas de juego”. La propuesta presenta ideas acerca de la reforma de la política, de la Justicia y de la seguridad, del Estado y del sistema impositivo. El trabajo incluye un prólogo y cinco capítulos titulados “Construir una sociedad más equitativa”, “Reconstruir un Estado al servicio de los ciudadanos y fortalecer la democracia”, “Una economía al servicio del hombre e integrada al mundo” y “Los instrumentos de la transición”.
Al finalizar la asamblea de la Conferencia Episcopal, la semana anterior, los obispos católicos aludieron a este documento mencionándolocomo un proyecto de “acuerdo nacional” que “de ser aprobado e implementado por medio de leyes y adecuadas medidas de gobierno por parte de las fuerzas políticas y los gobernadores, podrían convertirse en verdaderas bases de un gran cambio en la Argentina”. De hecho, entre la jerarquía católica existe preocupación porque se entiende que el borrador reúne las principales propuestas recogidas en el Diálogo, una iniciativa convocada por el gobierno y a la que sumaron las diferentes fuerzas políticas. Las mismas que, sin embargo, ahora retacean su apoyo a la implementación de las medidas resultantes.
El prólogo del trabajo insiste en que “la salida de la crisis debe construirse a partir de los valores comunes: la recuperación de la confianza, como valoración del prójimo, la previsibilidad y las reglas de juego; la credibilidad, ligada especialmente a la honestidad y a la transparencia de todos los actores; la solidaridad como expresión de una mayor justicia distributiva y de una austeridad compartida; en fin, la identidad nacional, como la justa valoración del pasado y la vocación de construir una visión o proyecto de país ampliamente compartido”.

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Los obispos están entre desconcertados e indignados. Los políticos no dijeron que no, pero no lo firman.
 
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