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“El gobierno de Bush se sacó la careta”, afirmó ayer el director de Human Rights Watch America (HRW), José Miguel Vivanco, acerca del pedido del vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, para que se excluya a la CIA de la prohibición para torturar a los prisioneros. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Lino Gutiérrez, defendió ayer el derecho de las sociedades democráticas a discutir la tortura, en coincidencia con Cheney. Gutiérrez sostuvo que la tortura, en ciertos casos, “es un debate que en una sociedad democrática se discute”.
Gutiérrez reconoció que el tema de la aprobación de la tortura “es un debate que no suena muy elegante y cristiano”, pero advirtió que “la pregunta es: ¿si hay un terrorista que tiene información que pudiera resultar en la muerte de miles y no quiere hablar? Entonces, hay quienes dicen que esos métodos deben ser utilizados para salvar vidas”. El embajador agregó que “es un debate que en una sociedad democrática se discute y el que decide es el Congreso, que es el cuerpo representativo de todos”. Crítico de las políticas ambiguas de Estados Unidos, Vivanco declaró por su parte: “El gobierno de Bush se sacó la careta y mostró los valores que representa. Su posición exhibe claramente un doble standard: les exige una moral a otros gobiernos que la Casa Blanca no está dispuesta a cumplir”. Para Vivanco, la posición de la administración republicana constituye “un retroceso en varias decenas de años en el concepto de derechos humanos aceptado por la comunidad internacional”.
La polémica surgió el martes cuando Cheney le pidió al Congreso una modificación que exceptuara a organismos de inteligencia, como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de la prohibición de aplicar “tratos crueles, inhumanos y degradantes” en los interrogatorios a prisioneros. Dicha prohibición se encuentra en una enmienda, adjuntada a la Ley de Presupuesto y Defensa, votada por el Senado estadounidense hace 10 días, en la que se condena cualquier tipo de trato inhumano a los detenidos sin distinción de nacionalidad, territorio o circunstancias por parte de agentes del Estado norteamericano. Dicha enmienda, impulsada por el senador republicano John McCain, contó con el respaldo de 89 de 100 legisladores, entre éstos el de 47 pertenecientes al partido gobernante, afirmando así el rechazo a la tortura. La CIA ha estado implicada en un número de presuntos abusos en la base militar de Guantánamo y en Irak, y se la ha involucrado en casos en los cuales detenidos murieron durante los interrogatorios en diferentes bases militares iraquíes. Además, varias investigaciones militares culparon a la CIA de liderar un programa que hacía desaparecer a detenidos dentro del sistema de detención militar, sin registro de su custodia.
“La enmienda del Senado prohíbe en términos muy simples y absolutos el maltrato a los prisioneros por parte de agentes de los Estados Unidos. Está formulada tan ampliamente para que impida cualquier excepción y es más abarcativa que la exclusiva prohibición de la tortura”, declaró el director de HRW. La propuesta de modificación de Cheney fue entregada por él mismo el pasado jueves a McCain, en compañía del director de la CIA, Porter J. Goss, y propuso que se introdujeran excepciones que abarcaran a los detenidos no estadounidenses, a los arrestados fuera de los Estados Unidos y a los que se realicen en el marco de la llamada “lucha antiterrorista” por agentes que no pertenezcan al Pentágono. “La intención del gobierno es que el Congreso no les ate las manos a la CIA y a otras agencias de inteligencia” pero “McCain rechazó la propuesta de la Casa Blanca”, dijo Vivanco, quien elogió la actitud del senador cuya posición “desafía a la Casa Blanca”.
Sobre el futuro de la enmienda, se informó que el viernes próximo habrá una reunión de un comité de senadores y diputados para tratar de llegar a un acuerdo acerca de la polémica legislación. Si la enmienda prospera y llega a la Casa Blanca, Bush admitió que estaría dispuesto a vetarla con lo cual caería también todo el presupuesto militar votado por un valor de 400.000 millones de dólares, que incluye los fondos necesarios para mantener las tropas estadounidenses en Irak y Afganistán. “El veto de Bush sería un enorme escándalo” en los Estados Unidos, sentenció Vivanco.