[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por Carlos Noriega
Desde Lima

La intervención del gobierno de Japón en defensa del ex presidente peruano Alberto Fujimori, detenido en Chile y requerido por la Justicia peruana por los delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, hizo estallar una crisis diplomática entre Perú y Japón. El malestar de Perú por la actuación de Japón en el caso Fujimori quedó claramente evidenciado cuando Lima decidió dar “por terminadas” las funciones del embajador peruano en Tokio, Luis Macchiavello.
En los últimos cinco años las relaciones entre Perú y Japón han estado contaminadas por el tema Fujimori, quien se refugió en ese país luego de su huida de Perú, en el 2000, y se refugió en la nacionalidad japonesa para evitar su extradición, pero el gobierno de Alejandro Toledo ha tenido como política bajarle el tono a este problema e insistir permanentemente en que “el caso Fujimori no debe afectar las relaciones con Japón”. Su actitud ha recibido críticas de algunos sectores políticos, que le exigían “mayor firmeza” con Tokio. Pero lo sucedido estos últimos días con la abierta defensa de Japón al detenido ex presidente peruano cambió rápidamente la situación, y el caso Fujimori se ha convertido, finalmente, en un tema que está afectando seriamente las relaciones bilaterales, algo que el gobierno peruano siempre intentó evitar, pensando en la importancia económica y comercial que tiene Japón para el Perú.
El gobierno de Tokio solicitó a las autoridades chilenas que “se considere la nacionalidad japonesa de Fujimori” en el proceso de extradición que ha iniciado Perú. Esto fue lo que terminó de colmar la paciencia del gobierno peruano y gatilló la crisis diplomática entre Lima y Tokio. Las declaraciones del embajador japonés en Chile, Hajime Ogawa, quien dijo que para Japón “Fujimori no ha cometido ningún delito” y, por lo tanto, “no tiene restricciones” para entrar o salir de Japón, encendieron aún más el malestar en el Perú con la postura de Japón en este tema. El mismo día en que una delegación de la Cancillería nipona visitaba a Fujimori en su lugar de reclusión para interesarse por su situación, el canciller peruano, Oscar Maúrtua, citaba a su despacho al embajador de Japón en Perú, Hitohiro Ishida, para expresarle “el malestar del gobierno peruano” por las gestiones de Japón en favor de Fujimori. Esta reunión se realizó el pasado martes 8, pero recién se conoció ayer con un comunicado emitido por la Cancillería peruana y la noticia del retiro del embajador peruano en Tokio. En ese comunicado, la diplomacia peruana señala que “Japón carece de competencia para intervenir en el proceso de extradición que sigue Perú ante las autoridades chilenas”.
La Cancillería peruana informó ayer que en el diálogo con el embajador nipón el canciller peruano le recordó que Fujimori ingresó a Chile con pasaporte peruano y declaró tener nacionalidad peruana, por lo que “ejerce por opción propia la nacionalidad peruana”. Maúrtua también le expresó al embajador Ishida su “sorpresa” por el hecho de que Japón no haya informado del viaje de Fujimori, quien tiene una orden de captura internacional, y le reiteró “el malestar del gobierno peruano por la lentitud y la dilación que exhibieron las autoridades japonesas” ante los pedidos de extradición de Fujimori hechos desde el año 2003 por la Justicia peruana. Ante una versión periodística, la embajada japonesa en Lima aseguró que el gobierno de su país no solicitará la repatriación de Fujimori.