Comienza esta semana la nueva etapa del juicio del llamado “núcleo político” de uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia contemporánea de Brasil que estalló en 2005, diezmó a la parte central del primer gobierno de Lula da Silva (2003-2007) y casi le costó la reelección. Serán juzgados, entre otros, el presidente del PT en la época, el ex guerrillero José Genoíno, el entonces jefe de Gabinete, también ex militante y ex preso político José Dirceu, y el tesorero del partido, Delubio Soares.

Hasta ahora, resulta difícil calcular hasta qué punto el juicio tendrá reflejos directos sobre la disputa de las municipalidades. Las sesiones del Supremo Tribunal Federal, la corte máxima de Brasil, son transmitidas en directo por televisión cerrada. La prensa, al unísono, ya juzgó y condenó a todos, con especial saña contra José Dirceu, y trata de llevar al mismo Lula a las barras del tribunal.

Pasado un mes del inicio de los trabajos del Supremo, y a raíz de las conclusiones a las que sus integrantes han llegado, es posible trazar un cuadro de lo que vendrá. Y el cuadro es bastante oscuro: tanto el publicista Marcos Valerio, figura central del escándalo –fue a través de sus agencias que se desviaron al menos 75 millones de dólares para abastecer las arcas de los partidos aliados–, como toda la cúpula de los bancos involucrados en préstamos fraudulentos han sido condenados. Las sentencias recién serán determinadas en la etapa final del juicio. El único político juzgado en esa primera etapa, el diputado João Paulo Cunha, que en la época presidía la Cámara de Diputados, fue condenado por varios crímenes. Ha sido un mal presagio para los demás.

Más allá de la saña de los medios de comunicación, llama la atención de analistas y abogados el rumbo elegido por la mayoría de los integrantes del Supremo Tribunal Federal. Mencionando, a cada rato, modernas lecturas de algunas bases seculares del derecho, llegaron a sentencias condenatorias por vericuetos inesperados por juristas, como entender que también a la defensa cabe el deber de comprobar la inocencia de sus clientes. Es decir: el precepto milenario de la presunción de inocencia, base de la justicia, ha sido matizado de manera considerable. El peso político es evidente en el tribunal. Uno de sus miembros llegó a admitir que el juicio pasó a seguir por caminos “heterodoxos”, coincidiendo con las quejas de los abogados de la defensa, que ya anunciaron que irán a recurrir cuando termine el juicio.

La perspectiva para los reos dista mucho de ser buena. Y, por una rara (o quizá no tanto) coincidencia, se espera que las primeras condenas empiecen a ser dictaminadas justo en vísperas de las elecciones. Los candidatos del PT sabrán, entonces, los efectos de esa coincidencia.