EL PAíS › LA REPRESIóN EN SALTA

Policías en apuros

Al anochecer del 1º de abril de 2005 cientos de docentes salteños que se manifestaban pacíficamente en la plaza 9 de Julio para exigir mejoras salariales fueron arrasados a bastonazos, gases lacrimógenos y balas de goma por parte de la policía provincial. La represión, una de las más violentas de la gestión del gobernador menemista Juan Carlos Romero, terminó con varias decenas de heridos y pasó a la historia como “La noche de las tizas”. Tres años después, la Justicia procesó por vejaciones reiteradas al entonces jefe de policía Hugo Roberto Liendro y al ex titular de la Unidad Regional 1 José Rubén Arcelán. Exculpó, en cambio, al superior inmediato de ambos: el entonces secretario de Seguridad Gustavo Ferraris, célebre por aplicar la mano dura como lugarteniente de Romero, quien diez días antes de dejar la gobernación lo premió con un lugar en la Corte de Justicia.

“El accionar de la policía fue desmedido, desproporcionado y no encuentra justificativo alguno”, escribió el juez de instrucción Sergio Roberto Miranda, quien no ahorró adjetivos para describir el conflicto y la reacción oficial. Frente a docentes que “siempre se manifestaron en forma pacífica” la primera respuesta fue “la de hacer oídos sordos a sus reclamos” y “confundir a la sociedad tratando de hacer aparecer sus peticiones como ilegítimas”. Ante la masividad de las marchas “el malestar en el Ejecutivo y en los funcionarios obsecuentes era palpable” y “se trasladaba a la fuerza policial”.

La consecuencia fue lógica: los docentes “sufrieron un bárbaro, injustificado y cobarde atropello por parte de los efectivos policiales”, que con “el único propósito de desalojar la plaza arremetieron con bastones y escudos, gases lacrimógenos y balas de goma”. El juez remarcó que la mayor parte de los manifestantes eran mujeres acompañadas por niños que “nada pudieron hacer ante el avance de la policía”.

La mayor parte de los policías citados por el juez Miranda se abstuvieron de declarar. Como las víctimas no pudieron identificarlos, el corto brazo de la Justicia no los alcanzó. Liendro, jefe de policía, se abstuvo de emitir palabra. El juez lo procesó por vejaciones reiteradas en 57 casos. Ese fue el número de víctimas identificadas. A Arcelán, reconocido garrote en mano por dos maestros, lo procesó sólo por esos dos casos. Ambos quedaron con libertad provisoria.

Pese al énfasis en la irresponsabilidad política que derivó en la represión, el juez no avanzó sobre funcionarios de Romero. Los policías “indudablemente respondieron ante la orden impartida por el jefe de policía, ya que así lo expresa el subjefe Rubén Barrios en su declaración, coincidente con lo informado (sic) por quien fuera secretario de Seguridad”, a quien no nombra. El ex funcionario informante no es otro que Gustavo Ferraris, el juez de la Corte provincial premiado por Romero, cuya designación fue impugnada por el Colegio de Abogados de Salta por inhabilidad moral y jurídica. Horas antes del avance policial, Ferraris aseguró que no se iba a desalojar la plaza. El juez, al menos, le creyó.

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