EL PAIS › ENTREVISTA CON ALFREDO PUCCIARELLI, DOCTOR EN FILOSOFIA

“No hay propuestas detrás de la puja”

En el conflicto agrario se manifiesta “una histórica disputa por la renta” –sostiene Pucciarelli– que, sin confrontar modelos productivos ni proyectos políticos, incorpora nuevos elementos, como el enfrentamiento “entre un conglomerado de clases y el Estado”.

 Por Javier Lorca

“El Gobierno y el campo juegan a polarizar. Al polarizar sin politizar, lo que hacen es manipular”, dice Alfredo Pucciarelli, doctor en Filosofía, profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) e investigador del Conicet. Dedicado hace años a investigar y analizar la sociedad argentina, Pucciarelli sostiene en esta entrevista que el conflicto rural introduce nuevos elementos en “una histórica disputa por la renta” en la Argentina, pero sin llegar a explicitar modelos opuestos de país, es decir, sin darle contenido político a la pugna.

–El conflicto agrario, ¿expresa un enfrentamiento entre proyectos sociopolíticos y productivos antagónicos o una mera disputa coyuntural por rentas extraordinarias?

–En la esencia del enfrentamiento hay una forma contemporánea de restablecer una histórica disputa por la renta, una puja que en su momento fue la base de la organización sociopolítica de la Argentina. Pero ahora tiene una característica nueva: nunca antes esta disputa por la renta se dio entre un conglomerado de clases y el Estado. En general, la disputa enfrentaba a clases sociales del mismo sector o de sectores opuestos. Que “el campo” plantee una alternativa de uso y distribución de la renta in toto, incluyendo desde campesinos pequeños hasta grandes propietarios, y aun a rentistas financieros... esto es realmente novedoso. Pero no expresa una contraposición de modelos de país, sino dos visiones de cómo la renta excedente debe ser distribuida.

–¿Pero eso no implica modelos diferentes?

–Podría evocar modelos distintos, pero en ninguno de los sectores de la confrontación hay una propuesta explícita de qué hay detrás de la puja por la renta. Como la pugna política está vacía, lo que hay es una disputa por ver quién derrota a quién en torno de las retenciones. En el caso del Gobierno, la pobreza conceptual con que está manejando el conflicto es patética. La envergadura del conflicto social requiere un tratamiento más sofisticado y sutil. Después de haber propuesto durante años que la base de la organización social es la apropiación individual de los beneficios privados, la idea de la apropiación de la renta por parte del Estado requiere un tratamiento previo. Si durante décadas el Estado dice que el modelo consiste en acumular individualmente, en ser lo más extractivo posible y hacer de la competencia el principio de la organización social, y de golpe, ese mismo Estado, sin decir “agua va”, plantea que se va a apropiar de la renta para redistribuirla, sin decir a quién ni dentro de qué modelo... la cuestión está muy mal planteada. Por eso no se expresan modelos, sino dos visiones groseras. En el caso del Gobierno, por lo dicho. En el caso “del campo”, la visión es grosera porque no puede ser de otro modo. La reivindicación que unifica a los distintos sectores agrarios no es más que la defensa de la renta diferencial. ¿Quién se queda con la renta diferencial? Nosotros. ¿Por qué? Vaya uno a saber. Eso no lo discuten. Ahora, el Gobierno tampoco discute para qué necesita esa renta. Detrás de ambas propuestas hay una alta cuota de insinceridad que impide tratar el conflicto como una confrontación de modelos de sociedad. Ninguno de los contendientes genera discursos relativamente complejos que permitan entender el grado de virulencia que se está viviendo. El Gobierno y “el campo” juegan a polarizar. Al polarizar sin politizar, lo que hacen es manipular.

–¿Cómo se produce la irrupción de un nuevo sujeto como “el campo”?

–En el sector agrario hay dos fenómenos claves. Uno es la desaparición de los chacareros pobres. Otro es que los que sobrevivieron están en condiciones de obtener un nivel de rentas que los coloca mucho más cerca de la clase media que de la pobreza: es trabajo familiar altamente remunerado, sin capacidad de acumulación, pero con muy buen pasar. De ahí para arriba viene toda una escala que combina trabajo familiar con trabajo asalariado, con inversión de capital, y se va incrementando la capacidad de acumulación. Todo esto se potencia con la renta extraordinaria, que genera arrendatarios en la cúpula y arrendadores en la base. Se invierte la relación. El arrendador de la base es un campesino, o un trabajador familiar, o un pequeño o mediano productor muy próspero en este momento. Como muestra la historia, lo que empuja el protagonismo social y la defensa de reivindicaciones propias es la prosperidad, y no la pobreza. Hoy hay chacareros más acomodados que tienen cada vez más para perder y, a la vez, más para ganar. También tienen más instrumentos para la lucha social. En los últimos años, los productores se tuvieron que adaptar a que desaparecieran las juntas de granos, que eran un modo colectivo de resguardarlos y de que el Estado se hiciera cargo de su estabilidad económica. “Ahora que me las estoy arreglando solo, me dicen que tengo que cederles mi renta”, piensan hoy. Tenemos una nueva situación económica y una nueva manera de ver la cuestión, producto de la desaparición del Estado como ente protector de los puntos más débiles de la cadena productiva. Esto es lo novedoso que muestra el conflicto.

–¿Cómo se vinculan las particulares características de la controversia con lo que usted describe en sus estudios como el “ciclo involutivo” o el proceso de “degradación de la democracia”?

–En la historia de nuestro país, la dinámica de la confrontación política de las clases sociales ha tenido una característica muy marcada: los sectores populares utilizan su mayoría para construir un poder político alternativo al poder socioeconómico concentrado. La voluntad de las mayorías se expresa en gobiernos populares que plantean reivindicaciones redistributivas, simbólicas y materiales. Por lo tanto, un aspecto central de la confrontación entre los sectores populares y las clases altas y medias altas se da alrededor del rol del Estado. Cuando la democracia funciona, antes o después aparece un movimiento popular que plantea reivindicaciones redistributivas. Como las clases altas y medias altas no tienen capacidad de generar un proyecto político que dispute la supremacía electoral, entonces juegan a la ingobernabilidad. Esto es histórico: comienza con el desgaste, sigue con la desorganización y termina con el golpe militar. De ahí viene el fantasma que hoy le ronda a mucha gente, incluso a muchos intelectuales cuando hablan de...

–De un “clima destituyente”.

–Claro, pero hoy hay una enorme diferencia: acá no va a haber golpe militar. Acá tenemos un conflicto social con características relacionadas con una democracia degradada. Las clases medias y altas, los sectores concentrados del capital, la gente que salió con las cacerolas en Recoleta, ahora sabe dos cosas. Que electoralmente nunca van a poder desorganizar a tal nivel a los sectores populares como para que no puedan buscar un camino alternativo, aunque sea tan precario como el kirchnerismo. Y, por lo tanto, que la tarea primordial para ellos es desgastar para impedir que el Estado gestione una redistribución que, del lado del Gobierno, funciona más como un eslogan que como una política real. Es una forma muy efectiva por el nuevo tipo de democracia que tenemos, donde hay un actor central en la degradación político-institucional: los medios de comunicación, dominados por los mismos poderes concentrados de la sociedad. Los medios generan un sentido común social que, como bien ha señalado Nicolás Casullo, opera sobre la cultura política. Son las ideas que ahora están apoyando los reclamos de no redistribuir la renta, es la visión antipolítica, pro empresaria, antiestatal, que se ha logrado construir como consenso general. Por otro lado, la degradación de la democracia hace que los partidos políticos no tengan prácticamente nada que hacer en todo esto y que no haya ningún espacio donde discutir seriamente el modelo nacional, la relación entre el agro y la industria, por qué el agro tiene que pasar renta diferencial a la industria, y por qué la industria tiene que generar alternativas productivas que justifiquen esa transferencia de renta.

–Si el rol de los partidos se diluyó, ¿por qué Kirchner busca apoyarse en el PJ?

–Más allá de lo que se plantee Kirchner, el PJ es como una conjunción de fantasmas del pasado, que vuelve ahora a escena pero sin capacidad de construir consensos. Este es otro aspecto de la degradación de la democracia: el vaciamiento de la política. Hoy la política se efectúa sin proyectos y, como decíamos, ocultando las verdaderas intenciones. Kirchner opta por el PJ por la gobernabilidad. La cuestión que enfrenta cualquier elenco ejecutivo que pretende gobernar sin seguir a pies juntillas el dictado de los grandes poderes es siempre construir un poder político institucional. El Estado en Argentina ha sufrido tal proceso de descomposición que lo primero que se planteó Kirchner al asumir fue construir la autoridad estatal. Ahora bien, el apoyo que brinda una compulsa electoral es absolutamente insuficiente para reconstruir el Estado. El mandato popular, aunque sea masivo, es débil. Terminado el día de la elección, queda el elenco gobernante por un lado y la sociedad por el otro, sin nada en el medio. Si no hay la construcción de un poder desde la posición del Gobierno, no se puede gobernar. El primer proyecto de Kirchner fue la transversalidad, construir un poder político que fagocitara a lo mejor de los partidos tradicionales y arrinconara al resto. Pero ese proyecto resultó condicionado por la necesidad de gobernar día a día. Es un problema de tiempos: cuando, por la dinámica cotidiana, la circunstancia se come al mediano plazo, los proyectos de construcción alternativos se disuelven. En ese sentido, hay un punto de quiebre en la elección de 2005: cuando Kirchner derrota al duhaldismo, el aparato del PJ le dice “acá estamos nosotros, somos tu partido” y él se decidió por un aparato que le garantizaba la gobernabilidad y ganar elecciones. Ahora, la normalización del partido significa darle una nueva forma a la alianza que ya había constituido. La pregunta es si ese aparato partidario pensado para contener la conflictividad social y, a su vez, proyectar políticas electorales, sirve para gestar un polo popular de apoyo a una política de redistribución de la riqueza y modificación de las relaciones de poder. Para decirlo en términos piadosos, creo que ése es un viejo anhelo que se fue quedando en el camino.

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Imagen: Sandra Cartasso
 
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