EL PAíS › LA JUSTICIA REUNIO PRUEBAS DE QUE EL CIBERESPIONAJE NO SOLO TENIA INTERESES COMERCIALES

Una red de espías con fines políticos

La jueza Sandra Arroyo Salgado acumuló cientos de e-mails y escuchas telefónicas. Algunos vinculan al “Tata” Yofre con el proyecto “Negro el 29”, con el que Eduardo Duhalde vaticinaba una crisis de gobernabilidad para Cristina Kirchner.

 Por Irina Hauser

El e-mail lleva como remitente el nombre pantalla “congregacionsaleciana”. El destinatario es un tal Carlos Prieto. El texto es un ofrecimiento de información. Incluye un pedido de dinero a cambio y otro de “discreción”. El correo lo firma “Tata”, el conocido apodo del ex jefe de la SIDE Juan Bautista Yofre. El material forma parte de la parva de papeles acumulados en la investigación sobre una red de espionaje informático a funcionarios, legisladores, periodistas y artistas. Y no sólo echaría luz sobre el modus operandi para el presunto tráfico de correos electrónicos, sino sobre los objetivos políticos que habrían perseguido algunos de los sospechosos. Prieto es un abogado oriundo de Lomas de Zamora, que trabajó con Eduardo Duhalde en ese municipio y fue su lobbista en Estados Unidos en 2002. Entre las pruebas que maneja la Justicia, surgirían indicios que, además, vinculan a Yofre con el llamado proyecto “Negro el 29”, con el que Duhalde vaticinaba una crisis de gobernabilidad para Cristina Kirchner que él proyectaba capitalizar.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, investiga desde agosto de 2006 a una banda de expertos en el hackeo de e-mails y otras formas de espionaje ilegal. Hace diez días ordenó allanamientos en los domicilios de quienes se perfilan como personajes centrales de la trama: “Tata” Yofre, los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Iván Velázquez y Pablo Carpintero, el general retirado Daniel Reimundes (ex secretario general del Ejército en los gobiernos de Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde) y el responsable del portal Seprin, Héctor Alderete. A lo largo de la semana pasada, los integrantes de este elenco se fueron presentando en el expediente, a través de abogados. Alderete incluso pidió la eximición de prisión.

La causa está caratulada “Violación de secretos políticos o militares” porque entre el centenar de personas espiadas figuran varios funcionarios, desde el canciller Jorge Taiana, el embajador en Washington Héctor Timerman y el ministro de Planificación, Julio De Vido, hasta el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, la ministra de Defensa, Nilda Garré, y la propia presidenta Cristina Kirchner. A su vez, hay hombres del Gobierno, como el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, cuyos presuntos vínculos con los espías están bajo estudio de la Justicia. También hay una lupa sobre la estructura de la PSA, que dirige Marcelo Saín –jefe de Velázquez y Carpintero– y que depende de la cartera judicial.

Los amigos

El grupo de los usuarios de la información hackeada (los que la encargaban y/o la recibían) abarca a políticos, empresarios, militares y periodistas (ver aparte). El lobbista Carlos Prieto aparece tentado por un correo de “Tata” que le ofrece material diciéndole que le podría interesar a “tu amigo”, según pudo saber Página /12. El amigo sería Norman Bailey, hasta hace poco jefe de inteligencia norteamericana para los asuntos de Cuba y Venezuela, en otros tiempos funcionario de George Bush padre, luego de Bush hijo y también de Ronald Regan. Bailey es un hombre de confianza de John Negroponte, segundo del departamento de Estado Norteamericano. Se lo señala como quien le recomendó a Duhalde, durante su presidencia, canjear deuda externa por tierras fiscales bajo promesa de conseguir capitales dispuestos a darle usos diversos. Prieto habría facilitado un encuentro entre Bailey y el bonaerense en Washington y otro en Buenos Aires. También le habría dado alguna mano a Francisco De Narváez en el país del Norte.

Parte del envío que habría recibido Prieto de “Tata” incluía al menos un listado de diplomáticos de la embajada de Venezuela en Argentina y otro de supuestas organizaciones terroristas islámicas, informaron fuentes cercanas al caso. El lobbista guardaría un rasgo en común con los agentes Velázquez y Carpintero: un pasado como personal civil de Inteligencia del Ejército. Además, fue abogado del represor y ex agente de la SIDE Raúl Guglielminetti y en el universo de sus amistades desfilan personajes como Claudio “Fafá” Pitana –integrante de los grupos de tareas de la ESMA y ex jefe de la custodia de Alfredo Yabrán–, el empresario polifacético Mario Montoto y el editor de Ambito Financiero Roberto García. A Prieto se lo vincula también con negocios de petróleo, gas y armas. Tendría lazos con Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPE) y con la Federación de Trabajadores de Sanidad (Fatsa) de Carlos West Ocampo. Aunque es de Lomas de Zamora, vive en Virginia, Estados Unidos.

Yofre, titular de la SIDE entre 1989 y 1990, no habría sido el único interlocutor de Prieto. De acuerdo con las pruebas reunidas en la pesquisa, el año pasado habría intercambiado e-mails con Reimundes, a quien se dirige como “estimado general”. Hablan de limitar las comunicaciones y evitar lugares públicos. Comentan el futuro del ex presidente Néstor Kirchner y lo llaman “el estrábico”, según pudo verificar este diario.

En el expediente de Arroyo Salgado, que se originó con una denuncia de la SIDE, hay cientos de escuchas telefónicas acumuladas y cerca de 50 carpetas con e-mails impresos, de donde surgirían evidencias de que los espías no sólo operaron con fines comerciales, sino también políticos. Yofre habría aportado sus destrezas cibernéticas a hacer crecer la figura de Juan Carlos Blumberg y fogonear su candidatura, aunque con el mismo entusiasmo se habría ocupado de su caída en desgracia cuando se supo que no era ingeniero. Al parecer, también trató de cautivar a Roberto Lavagna, pero logró menos feedback. El siguiente objetivo: Duhalde y su proyecto “29” o “Negro el 29”. El número alude a la fecha de las últimas elecciones presidenciales, el 29 de octubre.

El ex gobernador y ex presidente interino entre 2002 y 2003 comenzó a reunirse desde antes de los comicios con políticos, gremialistas y empresarios de la industria y del campo para pronosticarles que en cuanto Cristina Kirchner llegara a la Presidencia, sufriría una rápida crisis de gobernabilidad en la que él estaría bien dispuesto a agarrar el timón, como publicó Horacio Verbitsky el 15 de julio del año pasado. Aunque por lo pronto no existiría nada comprometedor para Duhalde en la investigación del espionaje informático, lo que surgiría es que Yofre le habría impartido directivas al agente Iván Velázquez para trabajar en el proyecto desestabilizador en cuestión. Reimundes también habría aportado su granito de arena. No parece casual, como reveló PáginaI12, que en marzo –cuando todavía no sabían que los estaban investigando– se los vinculara con el origen de la cadena de e-mails que, en lenguaje castrense, convocaba a la primera Marcha Federal a Plaza de Mayo en el conflicto del campo.

Secretos

La semana pasada, la jueza Arroyo Salgado hizo lo que se llama “acta de apertura” de la documentación obtenida. Hasta ahora viene manteniendo la causa bajo estricto secreto de sumario. A esta altura la lógica indica que una vez que lo levante, su siguiente paso será citar a funcionarios espiados para que confirmen si los e-mails detectados les pertenecen. Sería la forma de ratificar que se configura el delito de violación de secretos políticos y militares, que prevé de uno a seis años de prisión, pero puede agravarse por la repetición de hechos. Luego, o simultáneamente, vendrían los llamados a indagatoria.

En principio, lo que presumen los investigadores es que los agentes Velázquez y Carpintero –ahora refugiados en Uruguay porque dicen que hay una persecución en su contra– habrían sido los encargados de interceptar correos que algunas veces distribuían por su cuenta y otras a través de Yofre, que a su vez les daba directivas. La cadena se completaba con los “usuarios” de la información. Como ya señaló este diario, el delito de violación de secretos de Estado castiga tanto a quien los revela como a quien obtiene su revelación.

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Arroyo Salgado citará a los espiados para verificar si los e-mails detectados les pertenecen.
Imagen: Rolando Andrade
 
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