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Pedidos de prisión para 63 represores de La Plata

A partir de los testimonios recogidos en el Juicio por la Verdad de La Plata, el fiscal Crous pidió la prisión de ocho militares y 55 policías responsables de la represión ilegal en la comisaría quinta de esa ciudad. Suárez Mason y Olivera Rovere entre los acusados.

 Por Victoria Ginzberg

El fiscal Félix Crous pidió la detención de todos los responsables y miembros del staff de la comisaría quinta de La Plata durante la última dictadura militar. Se trata de ocho militares y 55 policías. La solicitud se hizo en base a testimonios recogidos en el Juicio por la Verdad y en un trabajo de recopilación de datos de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. “En la comisaría quinta fui testigo de uno de los hechos más dramáticos de mi cautiverio: un día ingresaron varios automóviles de donde hicieron descender a varios hombres y mujeres y a dos niños de corta edad. Las dos criaturas lloraban y gritaban, asustadas y un policía los tomó poniéndose uno bajo cada brazo, y así los sacó de nuestra vista”, afirmó Carlos De Francesco. “Cuando venía ‘la patota’ a la comisaría quinta teníamos la sensación de que era como si viniera un poder superior del que había que cuidarse”, dijo Mario Feliz. “Cada dos meses más o menos llegaban camiones del Ejército y de la Marina y se llevaban a los detenidos más antiguos”, declaró Gabriela Gooley.
El ex militar Carlos Guillermo Suárez Mason, los generales Jorge Olivera Rovere y Juan Bautista Sasiaiñ y los coroneles Héctor Gamen, Jorge Ernesto Alvarez, Guillermo Ernesto Trotz, Reinaldo Tabernero y Rodolfo Aníbal Campos y el comisario general Rodolfo González Conti, son los represores con roles jerárquicos que fueron imputados por Crous en un escrito firmado el lunes. A ellos se le sumaron 54 policías que estaban destinados en la comisaría que funcionó como centro clandestino de detención y por la que se estima que pasaron cerca de 200 personas.
“El contexto de terror y represión generalizada de aquellos días; la pertenencia de la mayoría de los imputados y de todos los de menor jerarquía a la policía de la provincia de Buenos Aires, fuerza directa y masivamente implicada en el terrorismo de Estado; el destino de numerosas de sus dependencias como centro clandestino de detención y tortura; las características de la edificación, que sin duda permitía a los policías estar al tanto de la existencia de detenidos ilegales, de las condiciones inhumanas de detención, de las torturas que se les infligían, del movimiento de los secuestrados y del eventual asesinato como destino final; en fin, todo ese conjunto de elementos de juicio permite conjeturar razonablemente que los policías imputados conocían cabalmente lo que sucedía y a qué estaba destinada de manera prioritaria –sino exclusiva– la dependencia en la cual prestaban servicio y a la cual brindaban seguridad, lo cual implica cuidar que los detenidos (secuestrados) carecieran de cualquier chance de huida”, aseguró Crous.
“Mucha máquina”
El fiscal agregó en su trabajo las declaraciones de varios ex policías de la comisaría quinta que fueron citados por en el Juicio por la Verdad de La Plata y que dan razón al argumento acerca del –al menos– “conocimiento” que tenían todos los uniformados sobre lo que ocurría en la dependencia policial. “Nosotros no teníamos que tener acceso, en principio, ni contacto con ese submundo, al cual le habían pintado en la puerta ‘área restringida’. En principio no teníamos acceso, pero con el devenir, cuando llegaba toda esa gente de custodia, que traían gente ... en determinado momento por escasez de personal de ellos o demás, hasta los suboficiales que cumplían la función de seguridad, tienen que haber mantenido contacto con esa gente”, aseguró Jorge Luis Piazza.
Un ex compañero suyo, Omar Raúl Piacentini, reconoció ante los jueces Leopoldo Schiffrin y Julio Reboredo que “hubo mujeres embarazadas, la mayoría de las mujeres extremistas, que se las llamaba en ese momento, estaba embarazada y hubo nacimientos y todo dentro de la comisaría, hubo muertos también”. Cuando la abogada Elizabeth Rivas, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, le pidió a Piacentini que precisara qué tareas hacía cuando “trabajaba de noche”, el policíacontestó: “Se sabe que de lo que se estaba trabajando no podía ser nunca de limpieza, estamos hablando de la gente que se estaba interrogando en ese momento, lo interrogaban, las cosas que tenían que hacer”. “Bajo torturas...”, intentó especificar la abogada. “Y sí, llámele bajo tortura...”, contestó. En otro momento de su testimonio, cuando se le reclamó que se explayara sobre los “muertos” que había visto en el lugar, el mismo policía afirmó: “Y muertos, que se han muerto, no sé, qué sé yo, le habrán dado mucha máquina, le habrán golpeado no sé...”.
Invalidez e inconstitucionalidad
Al pedir la detención de todos los represores de la comisaría quinta, Crous se pronunció también acerca de las “ya derogadas leyes de impunidad”. “Otras normas, superiores a las leyes, que integran nuestra Constitución y obligan a la Argentina, por su propia voluntad convencional y porque integran el orden público internacional, imponen su declaración de invalidez e inconstitucionalidad”, aseguró el fiscal acerca de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Crous ya había sostenido esta postura al reclamar la detención de cuatro policías por las desapariciones de Daniel Favero y María Paula Alvarez, secuestrados el 24 de junio de 1977. También, al realizar la denuncia por la desaparición de los obreros de la fábrica Ford. El juez federal Arnoldo Corazza deberá pronunciarse sobre el pedido de Crous. Los jueces federales de La Plata ya recibieron varias causas penales que se iniciaron como derivaciones del Juicio por la Verdad, pero hasta ahora eludieron manifestarse sobre la validez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Para esto, derivaron casos a la jurisdicción porteña o demoraron sus decisiones. “Estas leyes, que tanto han dañado la esperanza de afianzamiento de la Justicia una vez restablecida la democracia, entrañan la violación masiva de normas de máxima jerarquía nacional y supranacional, agravian a la República y ofenden el sentimiento de Justicia de la comunidad internacional”, afirmó Crous.

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Los generales acusados Guillermo Suárez Mason, Jorge Olivera Rovere y Juan Bautista Sasiaiñ.
 
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