EL PAíS › ANDRéS IBARRA SERá INDAGADO EN LA CAUSA POR EL ESPIONAJE ILEGAL

Funcionario PRO sospechoso

Tiene una relación de años con Mauricio Macri. Está al frente del área de Recursos Humanos de la ciudad de Buenos Aires. El juez Norberto Oyarbide lo citó como presunto responsable de la contratación del espía Ciro James en el Ministerio de Educación porteño.

 Por Irina Hauser y Raúl Kollmann

Otro funcionario macrista será indagado en la causa del espionaje. Es Andrés Ibarra, quien tiene una relación de años con el jefe de Gobierno Mauricio Macri y ahora es titular de Recursos Humanos, un área que depende del Ministerio de Hacienda porteño. El juez Norberto Oyarbide lo citó como posible responsable de la designación del ex policía Ciro James en la cartera de Educación de la ciudad, donde no realizó ningún trabajo, pero cobró puntualmente su sueldo, lo que hace suponer que el cargo de asesor era la pantalla de sus actividades como espía. El magistrado, además, ordenó ayer nuevas medidas de prueba, entre ellas un análisis de las llamadas entrantes y salientes de tres celulares que usaba Macri y copias de una causa en la que se lo investiga junto con otros hombres de su gestión por un presunto fraude en la adjudicación del mobiliario urbano y la explotación de la publicidad callejera.

Ibarra tendrá que presentarse el 26 de este mes. Su citación es consecuencia del fallo de la Cámara Federal que confirmó el procesamiento de Macri como integrante de una asociación ilícita dedicada a espiar, que incluye a quien fue su primer jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, y a James, entre otros. Ese tribunal interpretó, además, que lo que estaba en armado era una estructura “subterránea” de inteligencia ilegal. Atribuyó al jefe de Gobierno el nombramiento del espía James en Educación, pero advirtió que es posible que el canal de entrada haya sido Ibarra, quien fue primero secretario administrativo de esa cartera y luego secretario de Educación por pedido del propio líder de PRO. Los camaristas recordaron que Ibarra fue gerente general de Boca Juniors cuando Macri era su presidente y de él dependía Palacios, jefe de seguridad del club desde 2006. También había pasado por Socma y Correo Argentino, empresas del clan familiar.

La cédula de citación a indagatoria de Ibarra dice que “están reunidos los extremos” que señala el Código Procesal cuando hay un estado de sospecha sobre alguien. No está claro qué delito le imputarían, pero es factible que –si lo procesan– quede pegado a la asociación ilícita, como partícipe o como encubridor. El dirigente de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA Sergio Burstein, que es querellante y fue uno de los espiados, pidió ayer que a Ibarra se lo indague como integrante de la organización y por defraudación a la ciudad de Buenos Aires por haberle pagado 111.000 pesos a James a pesar de que no hay ningún trabajo suyo documentado como asesor legal del Ministerio de Educación y ningún funcionario pudo explicar qué hacía.

En declaraciones públicas de los últimos días Ibarra dijo que no conoce a James y que fue el ex titular de Educación Mariano Narodowski quien lo nombró. El ex ministro había sido procesado por Oyarbide. En la indagatoria reconoció que había firmado el nombramiento de James, quien –sostuvo– llegó por recomendación de la Universidad de La Matanza, algo que esa casa de estudios negó en el expediente. Según la Cámara, no había elementos para suponer que Narodowski quiso llevar al espía a su cartera y darle cobertura en sus tareas ilegales. Por eso lo desprocesó. Cuando fue indagado, Macri no le hizo ningún favor a su amigo Ibarra: como autodefensa le dijo al juez que él era el encargado de las cuestiones administrativas y de personal en Educación, mientras que Narodowski se dedicaba de los asuntos pedagógicos.

La fecha de la designación de James en la administración macrista es elocuente, según ya señalaron tanto Oyarbide como la Cámara: se concreta en mayo de 2008, una semana después de que se iniciara la escucha a Daniel Leonardo, el cuñado de Macri. Los camaristas analizaron que recibía un sueldo similar al que le pagarían en la Policía Metropolitana, donde Palacios –con quien se conocía de la Federal– le había prometido un puesto importante. Le dieron “una retribución” y “cobertura” para que “coadyuve al proyecto de la policía de la ciudad en su vertiente paralela y encubierta de la producción de inteligencia prohibida”. En la época de la escucha a Leonardo, Palacios ya trabajaba en el diseño de la Metropolitana, según declaró su ex segundo y luego sucesor en la fuerza, Osvaldo Chamorro, también imputado.

Las nuevas medidas dispuestas ayer por Oyarbide tendrán entre sus efectos la postergación de una eventual elevación a juicio oral inmediata reclamada por el jefe de Gobierno.

- El juez mandó a hacer un análisis de tres líneas telefónicas de Macri que al parecer utilizó entre 2007 y 2009, según informaron el gobierno de la ciudad y la Cámara de Diputados. Hasta ahora hay un bache extraño en la pesquisa: de los teléfonos analizados no surgen conversaciones entre Macri y Palacios, algo curioso ya que era su policía de extrema confianza. También se pidieron una serie de números a nombre de Socma que habrían estado en poder del dirigente de PRO.

- El juzgado le pidió a la Federal una serie de datos destinados a establecer la presunta responsabilidad de Franco Macri en la pinchadura a su yerno, Leonardo, casado con Sandra Macri. Cuando testificó el parapsicólogo, acusó a su suegro y a Mauricio por el espionaje. Franco admitió un enfrentamiento por la fortuna familiar. También presentó documentación donde admite que había contratado a la empresa de seguridad Ackerman Group, pero no dijo si por esa vía lo hizo investigar a Leonardo. Ackerman no está registrada en Argentina, según chequeó el juzgado, pero ahora le pidió a la Federal que rastree sus aparentes actividades en el país. Ya había pedido datos a Estados Unidos, donde está radicada.

- El magistrado le pidió a su par Ernesto Botto copias o acceso a una causa en la que se investiga la adjudicación para la instalación del mobiliario urbano (paradas de colectivo, refugios, carteles de calles) en Capital y la explotación de publicidad en la vía pública. Una de las empresas elegidas, Publicidad Sarmiento, fue denunciada por haber presentado documentación falsa. Igual resultó beneficiada. Es un caso en el que Macri podría ser citado a indagatoria. El abogado querellante Mariano Bergés, que representa a Spinazzola, planteó que podría existir una conexión entre ese negocio y la escucha al empresario Carlos Avila. Está por verse.

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Imagen: Daniel Dabove
 
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