EL PAíS › LA JUSTICIA OBLIGARá A CONCURRIR A LA COMISIóN INVESTIGADORA DE LAS ESCUCHAS ILEGALES A QUIENES SE NIEGUEN A HACERLO

Un antídoto al faltazo de los testigos

Así lo dispuso el juez en lo contencioso administrativo Roberto Gallardo a partir de un planteo que realizó Martín Hourest, tras una sesión en la que se anunciaron nuevas ausencias y repleta de denuncias cruzadas. Las audiencias del lunes y martes quedaron en suspenso.

El presidente de la comisión investigadora especial sobre las escuchas ilegales (CIE), Martín Hourest, presentó anoche un recurso en la Justicia para llevar a declarar a los testigos que se nieguen a ir espontáneamente a la Legislatura. Lo hizo luego de un tenso encuentro de la CIE en la que el bloque macrista intentó ampliar, sin éxito, la vinculación entre el espía Ciro James y el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra. “Hay que enviarle una nota al juez, quien por orden y cuenta de la comisión los intimará a asistir a declarar”, explicó Hourest a Página/12, quien aclaró que esto valdrá para los 180 citados. Si no van, serán obligados a hacerlo por la Policía Federal.

La decisión se conoció anoche, luego de una sesión repleta de denuncias cruzadas y el anuncio de nuevos faltazos de los testigos programados para el lunes. Allí, la oposición acusó al PRO de querer vaciar la comisión y Hourest les pidió a los macristas que dejaran de tratar de “estúpidos” al resto de los legisladores. Finalmente, luego de algunas horas, el diputado de Igualdad Social presentó su planteo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo –recayó en el juzgado de Roberto Gallardo– con el que podrá obligar a concurrir a todos los citados.

El encuentro había comenzado pasadas las 12 con un cruce entre Hourest y el legislador oficialista Martín Borrelli, uno de los cuatro macristas presentes. Según Borrelli, el jefe de la bancada PRO, Cristian Ritondo, decidió no bajar al salón debido a la presencia del asesor del diputado Marcelo Parrilli, Antonio Liurgo, a quien Ritondo acusa de haberle dejado una nota amenazante en uno de los baños de la Legislatura.

Borrelli le pidió al asesor sospechado que “tenga la amabilidad de retirarse, por una mínima cuestión de ética”. Parrilli dijo que su hombre era inocente hasta que se demostrara lo contrario y rechazó el ofrecimiento de la presidencia para someter a votación su salida. “Los derechos de las personas no se votan, se ejercen”, exclamó. Martín Ocampo pidió resolver el tema dado que “todos queremos que comience a funcionar la comisión...”. “Todos queremos”, subrayó irónicamente Hourest, harto de las demoras. Luego de las risas, el presidente de la CIE volvió a preguntarle si quería que el tema se votara. “¡No le estoy diciendo que se vote! –le gritó Ocampo–. Le estoy diciendo... Bueno, votemos”, se rindió. El macrismo perdió y el asesor se quedó.

Ante este cruce, que ya había consumido más de media hora, el ibarrista Eduardo Epszteyn reclamó no hacerle juego a la táctica del PRO. “Les pido que avancemos con el orden del día y terminemos con las estupideces”, disparó. “No es que acá uno llega y se pone a hablar de la huevada que tiene ganas”, completó el legislador Raúl Fernández.

Así y todo, Borrelli abrió una carpeta y desarrolló extensamente su “nueva” denuncia, que ya había sido adelantada el viernes pasado. “Hemos encontrado información”, anunció, y contó la historia de “otra empresa de la cual James era dueño”. Se trata de Protec SRL, una compañía fundada en 2005 que recibió una habilitación del gobierno porteño. Según Borrelli, es una empresa fantasma del espía y “un claro hecho de encubrimiento”. Por eso, sugirió “transitar esta nueva línea de investigación”.

La nueva denuncia macrista no encontró eco al interior de la CIE. Los legisladores de la oposición le recordaron al PRO que el objetivo de la comisión es establecer la responsabilidad política del actual jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y los acusaron de “esconder” a sus testigos.

En ese sentido, los opositores pidieron abordar el problema actual de la comisión investigadora y reclamaron “las correspondientes sanciones penales” para los funcionarios que no vayan a testificar ante la comisión. Era una referencia a los reiterados faltazos de testigos, entre ellos los del fiscal general Germán Garavano y su secretario de Política Criminal, Agustín Gamboa, ambos de fuertes vínculos con el macrismo llamados a comparecer luego de que Gamboa reconociera que James lo había ido a visitar en nombre de la Policía Metropolitana, mientras que desde el PRO adujeron que el espía era apenas un “aspirante” a la fuerza.

Para colmo, en ese momento, la secretaria de la comisión, Gabriela Cerruti, informó que los testigos que estaban citados a prestar declaración el próximo lunes y martes –el ex ministro de Educación Mariano Narodowski, y el secretario de Recursos Humanos, Andrés Ibarra– se habían comunicado con ella para decirle que no irían. La paciencia de Hourest estalló. “Llevamos un largo tiempo de trabajo sin haber conseguido la declaración de un testigo –exclamó–. Se está agotando el tiempo de los acuerdos de buena fe o de ocultar funcionarios.”

El titular del bloque de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, exigió que los testigos empiecen a aparecer. “Si no, parece que somos sesenta imbéciles que están a la merced de ellos”, disparó. Ocampo finalmente prometió ante todos que “los funcionarios del PRO van a venir a declarar” y la sesión se levantó. En principio, las audiencias del lunes y martes quedaron en suspenso, mientras que el miércoles habrá un plenario con funcionarios de la Justicia de Misiones que darán a conocer los avances de su investigación sobre escuchas ilegales en aquella provincia.

A todo esto, las acusaciones del macrismo habían quedado flotando en el aire. La defensa llegó unas horas más tarde. “Todos los viernes vamos a tener un encuentro donde el PRO va a tirar una opereta nueva. Hay una intención de vaciamiento de la comisión”, dijo Aníbal Ibarra. Para el legislador, las repetidas denuncias del macrismo “buscan el efecto mediático y después no van a la Justicia”.

Informe: Federico Poore.

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La comisión investigadora no consiguió avanzar y fue escenario de nuevas denuncias cruzadas.
Imagen: Bernardino Avila
 
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