Sábado, 23 de octubre de 2010
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EL PAíS › LA JUEZA ORDENó LA CAPTURA DE UN SUPUESTO BARRABRAVA DE DEFENSA Y JUSTICIA POR EL CRIMEN DE MARIANO FERREYRA
La jueza López ordenó la detención de un hombre señalado por los testigos como uno de los que habría efectuado disparos. Anoche, lo buscaban en allanamientos en Florencio Varela. También hubo operativos en las oficinas de Ugofe.
Por Laura Vales
La investigación del asesinato de Mariano Ferreyra apunta hacia un barrabrava vinculado con la Unión Ferroviaria. La jueza en lo Criminal y Correccional Susana Wilma López ordenó la detención de un sospechoso que sería integrante de la barra del club Defensa y Justicia y habría sido señalado como uno de los que dispararon en el enfrentamiento de los ferroviarios. Mientras se realizaban dos allanamientos en Florencio Varela en busca del imputado, el juzgado tomaba declaración a nuevos testigos, algunos de los cuales aseguraron que podrían llegar a identificar a quienes les dispararon si se realizara una rueda de reconocimiento. La Gendarmería busca, además del barrabrava, a otros dos sospechosos.
Del caso, que está bajo secreto de sumario, sólo han trascendiendo estos datos cuya solidez deberá verse con el correr de los días. Hasta ahora, lo que los investigadores señalan como probado con seguridad es que el ataque partió del grupo de la Unión Ferroviaria. En el expediente, además, varios integrantes de la patota lograron ser identificados gracias a la filmación que hizo el canal C5N. Pero en esas imágenes no se ve a ninguna de estas personas portando armas, por lo que la declaración de testigos que puedan identificar a quienes les dispararon serán el elemento de peso. En este marco, una versión señala que un testigo de identidad reservada declaró en la fiscalía haber visto lo ocurrido el miércoles en Barracas, y habría señalado a la persona que disparó contra los manifestantes.
Ayer, la investigación pasó de manos de la fiscal Cristina Caamaño al juzgado de López. La fiscal, que estuvo tomando declaración a los testigos que se fueron presentando, decidió enviar la documentación reunida al juzgado, con los nombres de algunos de los sospechosos, para que la jueza evaluara si hacía imputaciones. Aunque la fiscalía es quien está a cargo de la pesquisa, el juzgado es el habilitado para avalar las órdenes de detención.
Tras recibir el expediente, la jueza dispuso un allanamiento a las oficinas en Constitución de la Ugofe, la unión de empresas que opera la Línea Roca, y secuestró legajos del personal ferroviario. El objetivo fue encontrar pruebas que puedan servir para reconocer a otros integrantes de la patota. La hipótesis es que la mayoría son integrantes de la Unión Ferroviaria, que estuvieron acompañados por barrabravas y otros personajes marginales, convocados justamente para correr a los tercerizados y militantes de izquierda. El secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, reconoció que en su sindicato sabían que los militantes intentarían cortar las vías. Por eso los esperaron en la estación Avellaneda. En los días previos, además, la UF había hecho una campaña con volantes y pasacalles en que advertía: “Los ferroviarios no cortamos las vías”.
El allanamiento se realizó en la avenida General Hornos 11, en el edificio de la estación Constitución, poco después de las tres de la tarde. Personal de la Gendarmería que llegó en dos patrullas permaneció en el interior de las oficinas durante unas tres horas, reuniendo el material.
Mientras se realizaba este operativo, un segundo grupo de gendarmes revisó los baúles de los autos de los empleados del Roca. También se hizo un nuevo rastrillaje en la esquina de Pedriel y Luján, donde ocurrió el asesinato de Ferreyra. Peritos de la Gendarmería buscaron cualquier elemento que pudiera haber escapado al levantamiento de rastros que hizo la Policía Federal, separada de la instrucción por las sospechas que recaen sobre su actuación, ya que los efectivos no intervinieron para evitar que los agresores atacaran al grupo ni realizaron ninguna detención después de que la patota disparó contra él.
Mientras se realizaban los allanamientos, declararon nuevos testigos. Uno de ellos fue la periodista de CN5 Gabriela Carchak, quien cubrió los hechos y junto a un camarógrafo del canal filmó los incidentes. Carchak fue clara en señalar que la agresión salió del grupo de la Unión Ferroviaria, que primero apedreó a los que intentaban cortar las vías y más tarde, a pesar de que éstos se habían alejado del lugar y hacían una asamblea (a dos cuadras de las vías), los atacaron por la espalda y finalmente dispararon contra ellos. La cronista relató también que fue amenazada por la patota para que dejara de tomar imágenes. En la fiscalía también dio su testimonio un empleado de la parrilla de Barracas por la que pasaron los militantes del PO y los trabajadores tercerizados antes de ser atacados.
Otro de los testigos en declarar fue Nelson Aguirre, el militante del Partido Obrero que fue herido en una pierna. El joven se presentó anoche en la fiscalía, pero como el expediente ya había pasado al juzgado finalmente fue a testificar ahí. Aguirre es uno de los testigos que aseguran haber visto a la persona que le disparó. “Lo tuvo a 30 o 40 metros de distancia. Recuerda que tenía el pelo castaño oscuro, que era de contextura morruda y detalles de cómo iba vestido”, señaló su abogada Claudia Ferrero.
Junto con Aguirre se presentó a declarar Eduardo Deligoni. “El estaba al lado de Nelson, y cuando lo vio herido se dio cuenta de que pasaba algo grave y tuvo unos segundos de frialdad para observar la escena. Por ejemplo, él vio a uno de los que disparaban, y cuenta que le pareció un profesional por cómo agarraba el arma, de una forma para que no le quedaran marcas de pólvora en las manos”, continuó la abogada.
Deligoni, que también milita en el PO, aportó otras puntas a la investigación. Una de ellas es que vio cómo un sujeto “que parecía estar haciendo tareas de inteligencia o preparando algo” fue ingresado por la policía en la comisaría de Avellaneda, no está claro si porque lo detuvieron por sospechoso o si porque era un policía de civil. En cualquier caso, el PO está pidiendo que se investigue también a la comisaría que debió haber brindado seguridad a la protesta.
Al cierre de esta edición, el barrabrava bajo sospecha no había podido todavía ser localizado, pese a que se habían realizado por los menos dos allanamientos en el Gran Buenos Aires.
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