EL PAíS › MENEM, TRAS EL VOTO CASTRENSE

Yeneral González

En busca de votos castrenses Menem postula la reasignación al Ejército de funciones policiales y el alineamiento automático con la política imperial de George Bush. Como parte de ese proyecto, la bancada menemista en la Corte Suprema analiza cerrar antes de las elecciones casi todas las causas por violaciones a los derechos humanos. Esto satisfaría un reclamo de Brinzoni, cuyo operador judicial es Tomanzano, ayudaría al Padre de la Corte y perjudicaría al pálido candidato presidencial del gobierno, quien necesita los votos independientes.

 Por Horacio Verbitsky

En busca de votos castrenses, Carlos Menem dirigió una carta a cada oficial de las Fuerzas Armadas (“Camaradas...”) en la que promete reasignarles misiones policiales y anuncia una subordinación entusiasta a las concepciones imperiales sobre Defensa y Seguridad del presidente estadounidense George W. Bush. Este esfuerzo de último momento puede recibir una significativa ayuda de sus amigos en la Corte Suprema de Justicia. Acuciado por la decisión del juez federal de Resistencia Carlos Skidelsky, quien declaró nulas las leyes de punto final y obediencia debida, el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, ha redoblado la presión sobre ese tribunal para que cierre todos los juicios pendientes por las atrocidades cometidas durante la guerra sucia militar contra la sociedad argentina, incluso aquellos por la apropiación de bebés. Su emisario es el ministro de Inteligencia Tomanzano, quien discutió con los jefes del cardumen menemista en la Corte la posibilidad de que dos o tres fallos en ese sentido se produzcan antes de las elecciones del 27 de abril. Todos ellos creen que eso beneficiaría las perspectivas de Menem. Otros operadores menemistas ante la Corte son el ex ex juez federal y abogado de la SIDE Fernando Archimbal y el ex ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi. Hace seis meses, Dromi organizó un seminario para hombres de negocios en el que Brinzoni expuso el proyecto de una pirámide verdeazul, que destrozaría la división entre Defensa Nacional y Seguridad Interior consagrada en las últimas dos décadas por las leyes básicas de la hoy ruinosa democracia argentina: la de Defensa, la de Seguridad Interior y la de Inteligencia Nacional. El momento tentativo para el cierre de las causas es el acuerdo del martes 22 de abril. Luego del contratiempo causado por la revelación de la audiencia en la que el obispo castrense Antonio Baseotto se sumó al pedido de pronto despacho, el bloque menemista ha tratado de mantener la decisión en el máximo secreto, para impedir reacciones que vuelvan a frustrarla. Hasta ahora venían lográndolo.
Ley y orden
Brinzoni percibe que el cerco se va cerrando sobre él y que esto lo debilita frente al Jefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Carlos Mugnolo, en su disputa por ser el empleado del mes del MacOmando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Tomanzano tiene una agenda propia. Después de la primera Guerra del Golfo estuvo vinculado con una empresa que aspiraba a conseguir el negocio del desminado de Kuwait. Ahora aspira a conservar su cargo de superministro con poderes extraordinarios si Menem gana las elecciones, o a convertirse en su ministro de Defensa. El juez chaqueño invalidó las leyes de impunidad, pero en vez de citar a indagatoria a los imputados, remitió el expediente a la Cámara Federal de Rosario para que se pronuncie acerca de qué tribunal debe investigar la masacre de Margarita Belén, cometida en diciembre de 1976 cuando Brinzoni era el ministro clave de la intervención militar en la provincia. La Cámara rosarina ya había dicho que no había cuestiones pendientes de competencia, pero Skidelsky siente la presión castrense y teme avanzar, por lo cual prefirió conceder un precioso tiempo de descuento a Brinzoni. En cambio, las urgencias del jefe de la SIDE no se miden en tiempos judiciales sino políticos. Aparte de su alianza con Brinzoni, bendecida por el Comando Sur, Tomanzano comparte con los jueces de la mayoría automática la simpatía por la candidatura presidencial de Carlos Menem y todos ellos coinciden en que el carpetazo judicial a los procesos por violaciones a los derechos humanos crearía un conflicto al gobierno nacional y mellaría las chances de su pálido candidato.
Se supone que el aparato bonaerense debería garantizarle un porcentaje significativo del voto justicialista tradicional (aunque durante el acto en la cancha de River era más impresionante la cantidad de micros que la de personas). Pero dentro de la división duhaldista del trabajo corresponde al propio Néstor Kirchner trabajar el voto independiente, progresista o de centro-izquierda, con el que los otros candidatos justicialistas ni pueden soñar, dada su asociación con partidarios frenéticos de la ley (de fugas) y el orden (cerrado), como Luis Patti o Aldo Rico. La bancada menemista en el Tribunal, fortalecida luego del chapucero juicio político que sólo consiguió restar a uno de los jueces independientes para sumar a otro político justicialista, se regocija con la posibilidad de darle otra mano al Padre de la Corte y, de paso, cobrarle al gobernador de Santa Cruz el rol que su diputado Sergio Acevedo jugó en la acusación constitucional. Kirchner había solicitado a su patrocinador la remoción de Tomanzano, ante indicios previos sobre su compromiso con el menemismo, pero el senador Eduardo Duhalde prefirió mantenerlo porque lo considera funcional a su doble discurso: las relaciones del fisgón con la CIA estadounidense permiten al ex intendente de Lomas de Zamora soltar su lengua en una retórica antibélica, sin temor de represalias. Tomanzano es también el inspirador de la denominada Ley Antiterrorista que, al estilo de la Patriot Act del ministro de Justicia estadounidense John Ashcroft, aniquilaría los derechos civiles y políticos y avanzaría sobre los derechos humanos. Con dos agravantes: la ausencia de instituciones que puedan limitar de algún modo las demasías del Poder Ejecutivo, y la intromisión en tareas policiales de las Fuerzas Armadas, con su negra historia y su actual liderazgo que la reivindica.
La puerta de servicio
Las visitas de Tomanzano a la Corte se producen fuera del horario de atención de Tribunales. Estaciona su auto sobre la calle Tucumán e ingresa por una minúscula puerta de servicio próxima a la esquina de Talcahuano, que también usan los jueces del tribunal cuando quieren eludir las miradas públicas, es decir en nueve de cada diez ocasiones. Las reuniones se realizan en el despacho del presidente de la Corte, Julio Nazareno. Además del ex jefe de policía de La Rioja, Brinzoni y Tomanzano cuentan con los votos del ex presidente de la Asociación de Partidos de Tenis, Eduardo Moliné, y del asistente infaltable a las fiestas de cumpleaños en Anillaco, Adolfo Vázquez. Después de una consulta con Carlos Corach, también confían en el ex juez laboral Guillermo López, quien esta semana se reintegrará a su despacho luego de una cirugía. El quinto voto deberán buscarlo, según las causas, entre Juan Carlos Maqueda, Augusto Belluscio, Carlos Fayt y Antonio Boggiano. Cada cual tiene sus propias razones. Maqueda debe su banca al pacto entre los renunciantes senadores Duhalde y Raúl Alfonsín, que en este punto no tienen coincidencias plenas. El ex presidente es el principal abogado de la impunidad, en defensa retroactiva de su política. Duhalde no comparte ni su responsabilidad ni su entusiasmo al respecto. Belluscio, de origen radical, adelantó opinión en contra de las restituciones de chicos a sus familias de origen, en un escrito dirigido en 1988 a sus colegas de la Corte, que este diario hizo público, por lo que su voto es cantado, salvo que resuelva excusarse, como correspondería. Pero podría votar en favor de la constitucionalidad de las leyes en otras causas. Fayt había firmado un voto en favor de la continuidad de los juicios, pero ahora lo ha retirado de circulación, acaso porque depende del menemismo para evitar el nuevo juicio político al que está sometido, por haber ocultado que tenía un depósito cautivo cuando se discutían en el tribunal las causas bancarias. Aun así, es improbable que llegue al extremo de votar en favor de la impunidad. Boggiano es un experto en derecho internacional y le resultaría difícil fundamentar un voto contrario a los claros preceptos del derecho de gentes. Nadie tiene expectativas con Enrique Petracchi, quien en los últimos años ha descubierto el discreto encanto de la disidencia.
Robo de bebés
No todas las causas pendientes plantean la misma problemática. La más antigua es la que inició el juez federal de San Isidro Roberto Marquevich por la apropiación de bebés, y que produjo la detención del ex dictador Jorge Videla y otras dos docenas de altos jefes de la dictadura. Se acumuló luego a la que instruía el juez federal Adolfo Bagnasco y en la actualidad está en el juzgado federal 7 atendido por Jorge Urso. Tanto las leyes de punto final y de obediencia debida como los indultos excluyeron en forma explícita este delito, por lo cual la defensa de los procesados gira sobre aspectos procesales. Videla, por ejemplo, sostiene que en 1985 ya fue absuelto por la Cámara Federal de la acusación por el robo de seis niños, de modo que no podría ser juzgado de nuevo. Pero tanto la primera instancia como la Sala I de la Cámara Federal rechazaron esa pretensión: Videla no fue indagado por los centenares de casos que recién establecieron las investigaciones posteriores, sino por los pocos que se conocían entonces. Citaron además la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzosas para decir que se trata de un delito permanente que sólo cesa con la reaparición de la persona. Otros de los procesados aducen que se trató de casos aislados y no de un plan. Si la Corte la aceptara, esa argumentación exculparía a quienes tuvieron la responsabilidad de planificar y ordenar las operaciones. Pero de nada les serviría a los responsables directos de cada caso. Para ellos, la Corte prevé revisar su propia jurisprudencia y prohibir la realización compulsiva de análisis genéticos. En diciembre de 1995, en un caso contra un matrimonio que había pagado por una niña abandonada por sus padres y que inscribieron como propia, la Corte dijo que el análisis no violaba ninguna garantía constitucional dado que la extracción de sangre no era humillante ni degradante, y que en cambio la negativa obstaculizaba una investigación criminal. Agregó que había un interés público en determinar la verdad en un proceso penal y que el derecho de la menor a la identidad tenía rango constitucional. Al año siguiente, ratificó esos conceptos en un caso presentado por Abuelas de Plaza de Mayo, sobre el hijo nacido en cautiverio de los detenidos-desaparecidos Alicia Alfonsín y Damián Cabandie. Ahora la Corte debe tratar el caso de Evelyn Vázquez Ferrá, presunta hija de los desaparecidos Rubén Bauer y Susana Pegoraro, quien fue inscripta como hija propia por el marino Policarpo Vázquez. La jueza María Servini, los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani y el Procurador General Nicolás Becerra ya dictaminaron que el análisis debía realizarse y rechazaron la condición que intentó imponer la adolescente, de que sus resultados no fueran utilizados en contra de sus supuestos apropiadores. La resolución que la Corte se propone aprobar ahora aduce que la muchacha ya ha cumplido la mayoría de edad, por lo que no se aplicarían al caso las obligaciones constitucionales que surgen de la Convención sobre los Derechos del Niño. A 20 años de la conclusión de la dictadura militar, esto implicaría clausurar esa vía en forma definitiva para todos los casos futuros.
Caminos inversos
Bagnasco y Marquevich siguieron caminos inversos en las causas que instruyeron. Bagnasco partió de la existencia del plan y de inmediato arrestó a Emilio Massera. Luego descendió por la línea de comando hasta los casos concretos producidos en cada lugar y extendió órdenes de detención contra ejecutores particulares como Jorge Acosta. Marquevich, en cambio, empezó con cuatro causas por la apropiación de sendos menores, nacidos en cautiverio hace dos décadas e inscriptos como hijos propios por el ex agente de la SIDE Miguel Angel Furci, por el teniente de navío de la Armada Carlos De Luccía, por el mayor médico del Ejército Norberto Biancoy por el teniente coronel Hernán Tetzlaff y por las esposas de cada uno de ellos. Todos fueron procesados en los primeros años de la década pasada. En 1998, varios de ellos ya habían sido condenados a penas de prisión. Recién entonces Marquevich concluyó que el modus operandi común no era “consecuencia de designios criminales individuales” sino “el resultado de un propósito único o concierto previo”. Remontando la cadena de comando llegó a Videla, quien conducía el Ejército al momento de los hechos. Hace casi dos años, Nazareno, Moliné y Belluscio coincidieron en un borrador de la Secretaría Penal de la Corte concediendo a Videla el beneficio de la cosa juzgada. Pero las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron que en caso de fallarse así acudirían a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el borrador se cajoneó.
Una obligación
Otras causas, instruidas por Claudio Bonadío, Gabriel Cavallo y Rodolfo Canicoba Corral han declarado nulas las leyes de impunidad, lo cual ha sido confirmado por la Cámara Federal, que ahondó en la imposibilidad jurídica de perdonar los denominados crímenes contra la humanidad o de cesar su persecución penal por el mero paso del tiempo. En el mismo sentido se pronunciaron los jueces federales de Salta, Miguel Antonio Medina; de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, y de Resistencia, Skidelsky. Antes lo habían hecho la Cámara Federal de Bahía Blanca y, en votos minoritarios en Paraná y Mendoza, los camaristas Gabriel Chausovsky y Juan González Macías.
En noviembre de 2001 los camaristas de la Capital Martín Irurzun, Eduardo Luraschi y Horacio Cattani escribieron que “en el contexto actual de nuestro derecho interno la invalidación y declaración de inconstitucionalidad de esas leyes no constituye una alternativa. Es una obligación”. La propia Cámara Federal concedió los recursos extraordinarios y la Corte dio vista al Procurador Becerra. Ya entonces, Brinzoni y Tomanzano presionaron, pero sin resultado. En agosto de 2002, Becerra dictaminó que ambas leyes eran nulas para proteger a los autores de crímenes contra la humanidad. “Velar por la legalidad implica necesariamente remediar los casos concretos de injusticia, tener en cuenta que en estos acontecimientos históricos siempre estuvieron presentes seres humanos que, como Antígona en su desesperación, claman resarcimiento conforme a la ley o conforme a los derechos implícitos que tutelan la vida, la seguridad y la integridad; y que la única solución civilizada a estos problemas ha querido llamarse Derecho. De alguna forma hay que salvar el decoro de una sociedad que debe sobrevivir con dignidad y cuyos intereses la Constitución nos manda defender. La planificación política jamás debiera asfixiar a la prudencia jurídica porque el jurista y el juez son la voz del Derecho que sirve a la Justicia”, sostuvo el Procurador. Tanto la Cámara cuanto Becerra mencionaron el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso peruano de la masacre de Barrios Altos, según el cual son “inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Los países que las admitan “incurren en una violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Por lo tanto esas leyes “carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos ni para la identificación y el castigo de los responsables”. Según la Corte Interamericana “el Estado no puede invocar dificultades de orden interno para sustraerse del deber de investigar los hechos con los que contravino la Convención y sancionar a quienes resulten penalmente responsables”. La misma Corte Suprema de Justicia señaló que debe seguirse la jurisprudencia de la Corte Interamericana como pauta de aplicación de la Convención Americana, de rango constitucional. A raíz del fallo de la Corte Interamericana, Perú reanudó las investigaciones interrumpidas, arrestó y sometió a proceso a los militares y policías involucrados, que habían recuperado su libertad al sancionarse la amnistía. Sólo un acto de fuerza (como los que llevaron a Bush a desconocer el TPI y sobre todo a atacar a Irak en contra de la voluntad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas), podría impedir que una resolución similar de la Corte Interamericana reestableciera la legalidad que la Corte y el menemismo intentan desconocer. Pero, para bien y para mal, la Argentina no es Estados Unidos, ni Bush un producto de la voluntad.

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