EL PAíS › DIFERENCIAS DENTRO DEL PRO POR LOS CIENTO TRES VETOS DE MAURICIO MACRI

Una defensora para los vetos porteños

La diputada Laura Alonso, ex Poder Ciudadano, defendió los vetos y el actual director de la ONG le retrucó. Dentro del PRO hay cuestionamientos. La Coalición Cívica dice que insistirá con el Congreso pedagógico.

 Por Werner Pertot

Los 103 vetos del gobierno de Mauricio Macri vienen generando polémica tanto dentro del gobierno porteño y el PRO, como con la oposición. La ex directora ejecutiva de Poder Ciudadano y actual diputada macrista, Laura Alonso, fue de las primeras en defender los vetos. “No me parece que nadie debe horrorizarse. Tiene que ver con un funcionamiento institucional desde la Constitución. Entiendo que los antimacristas hagan un escándalo, pero para mí no es escandaloso”, dijo. En cambio, el actual director ejecutivo de Poder Ciudadano, Hernán Charosky, remarcó que “una sana relación entre poderes indica que el veto se tiene que usar en forma excepcional”. En tanto, continuó la discusión sobre el veto al Congreso pedagógico tras el lobby de un sector de la Iglesia, del que informó en exclusiva Página/12 el domingo. La Coalición Cívica plantea insistir con esa ley.

El jefe del bloque del PRO en la Legislatura, Fernando De Andreis, comentó que se toma los vetos “con cierta tranquilidad y entendimiento”, dado que “una cosa es legislar y otra muy distinta es estar sentado en el Ejecutivo”. No todos en su bancada comparten esa mirada zen: “Los ministros no monitorean las leyes. Se las mandamos antes y no nos dicen nada hasta que aparece el veto”, se quejaba un legislador de peso. “Los legisladores votan cualquier irresponsabilidad”, retrucaba un ministro porteño. En algunos ministerios, al bloque macrista le dicen “el bloque opositor”. En la Legislatura, lo culpan al secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, por aconsejarle a Macri que vete tantas leyes. En el gabinete PRO, en cambio, aseguran que Clusellas no es el culpable y que el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, es el verdadero responsable.

En las últimas semanas, fueron pocos los funcionarios del PRO que quisieron defender los vetos. La vicejefa María Eugenia Vidal ensayó un tibio “no son tantos”, cuando le preguntaron. La diputada Laura Alonso es de las primeras en enviar un comunicado con argumentos en defensa de los 103 vetos. “Es legítimo y constitucional usar el veto en la ciudad. Sobre 1500 leyes, Macri vetó casi el seis por ciento y dos tercios de los vetos se vinculan con cuestiones técnicas”, señaló.

–Por ejemplo, ¿cuáles? –le preguntó este diario.

–La verdad es que no puedo decir cuál, porque tengo el análisis global. Muchos vetos son por errores en las leyes. Hay que entender. Los legisladores tienen la facultad de insistir.

“En relación con los vetos de la Presidenta, me parece que hay una tasa alta del jefe de Gobierno con 103 vetos, que son el seis por ciento”, disintió Charosky, de Poder Ciudadano, quien consideró que “más allá de lo cuantitativo, interesa lo cualitativo”. “Nos encontramos con vetos que son preocupantes porque se deshacen de controles. Un ejemplo claro de eso es el veto a la publicidad oficial, una ley que había sido aprobada por unanimidad. La voluntad popular se había expresado de un modo pluralista para ejercer un control sobre el Ejecutivo y el Ejecutivo se deshizo de ese control que evitaba la confusión de partido y gobierno”, recordó Charosky. “Eso tuvo consecuencias en la campaña: allí se vio cómo la publicidad del partido y la del gobierno tenían límites borrosos. Hubo un fallo del TSJ que los obligó a reformular spots publicitarios, como Historias para creer”, afirmó el director de Poder Ciudadano. “Decir que es habitual el veto es como decir que lo es el DNU. Están pensados para situaciones de excepción. Cuando queremos insistir con una ley, para lo que se necesitan 40 votos, los legisladores del PRO se desdicen”, advirtió la legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti.

En tanto, continuó la polémica por el veto a la ley que preveía un Congreso pedagógico, con talleres en todas las escuelas, como primer paso a una ley de educación de la Ciudad. Se trata de una norma que fue acordada entre la Coalición Cívica y el ministro de Educación, Esteban Bullrich, y que fue vetada tras un lobby que le atribuyen al vicario para la Educación del Arzobispado porteño, Juan Torrella. La Santa Madre intentó evitar, así, que se discutan los contenidos y los sacrosantos subsidios a las escuelas privadas, que este año ascienden a 1550 millones de pesos. “Faltó por parte del ministro una convocatoria al diálogo amplia y generosa y donde todos nos sintiéramos convocados”, aseguró Torrella, que es conocido por oponerse en los noventa a que los estudiantes participaran de los consejos de convivencia en los secundarios.

“Estoy preparando el rechazo al veto del Congreso pedagógico, que es inconstitucional y deja a la Ciudad sin Ley de Educación. Estamos frente a una medida discrecional y abusiva que obstruye el accionar del Poder Legislativo”, afirmó el legislador de la CC Maximiliano Ferraro. “También estoy preparando un proyecto de ley que regule el tiempo en que se mandan las leyes, que es de diez días”, destacó. En el caso del Congreso pedagógico, el veto llegó un mes después. “En la constituyente de la Ciudad, se discutió sobre los vetos y se dijo que había que poner un plazo concreto para esta facultad del Ejecutivo, que es excepcional. Además, plantearon que los vetos deben tener fundamentos. Si no son razonables, el Ejecutivo estaría rompiendo la división de poderes”, planteó Ferraro.

“Se va a hacer el Congreso pedagógico. Nadie dice que no se va a hacer. Para hacer un carnaval, un griterío y no llegar a nada, mejor es volver a empezar”, consideró, por su parte, la diputada macrista Laura Alonso.

–¿Hubo un anuncio oficial?

–Se va a hacer.

–¿Está segura?

–Tarde o temprano se hará.

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“Tiene que ver con un funcionamiento institucional desde la Constitución”, dijo la diputada Laura Alonso.
 
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