EL PAIS › ANOCHE, DIPUTADOS APROBO EL MECANISMO DE PREVENCION

Prevenir la tortura

Lo votó con las modificaciones que incluyó el Senado. Incorpora mecanismos de regulación y controles en los lugares en los que hay gente privada de su libertad.

 Por Nicolás Lantos

La Cámara de Diputados aprobó anoche la versión modificada por el Senado del proyecto de ley que establece la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Postergado por la coyuntura, que se impuso en la agenda parlamentaria a partir del fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa a favor de los fondos buitre y la denuncia que realizó el diario Clarín contra periodistas por instigación a la violencia, la iniciativa impulsada por el bloque oficialista se aprobó por una amplia mayoría pasadas las 23.

El texto original que había aprobado por unanimidad la Cámara de Diputados fue votado con algunas modificaciones por parte de la Cámara alta. Los cambios se refieren a la conformación de autoridad de aplicación: se robusteció la representación parlamentaria (por el oficialismo y distintos bloques opositores) y se sumó la presencia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

“La modificación fue positiva”, sostuvo el diputado por el Frente para la Victoria Leonardo Grosso en diálogo con este diario. Una lectura similar hicieron casi todos los bloques que decidieron apoyar la iniciativa tal cual está. Solamente el bloque radical evaluaba retirar su apoyo si no se insistía con el texto original.

La iniciativa busca establecer mecanismos de regulación y control de la actividad en todos los establecimientos donde se encuentren personas privadas de la libertad, estén bajo jurisdicción nacional, provincial o local. El monitoreo estará a cargo de un comité nacional para la prevención de la tortura, que podrá actuar en todos los distritos y realizar inspecciones regulares o extraordinarias, con o sin previo aviso, a cualquier establecimiento de detención.

Esto tendrá como efecto “generar un piso que permitirá ir homogeneizando una situación que hoy es muy dispar en todo el país”, según la lectura de Grosso, una de las espadas del oficialismo en el tratamiento de este proyecto. La ley, señaló, “promueve la creación de mecanismos análogos en los distritos” para reforzar el control y “la interrelación entre poderes del Estado para democratizar el sistema penitenciario”. Sin embargo, “el control hay que construirlo de forma tal que esté en manos de toda la sociedad”, advirtió.

“Hay una vieja máxima que dice que la seguridad es un tema demasiado complejo como para dejarlo sólo en manos de policías –explicaba el diputado–. Pasa algo similar con las cárceles y el sistema penitenciario. Esta ley fomenta la participación de la sociedad, a través de los poderes del Estado, en una propuesta que políticamente tiene que ver con una concepción de seguridad democrática y de control civil de las fuerzas.”

La sanción de esta ley salda una deuda que tenía la Argentina con su propio compromiso internacional en materia de derechos humanos. Es que tras la adhesión del país al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Argentina estaba obligada a generar mecanismos locales para alcanzar los estándares exigidos por ese tratado internacional. “El lugar que tiene este país internacionalmente en materia de DD.HH. exigía una legislación a la altura –analizó Grosso–. Esto pone nuevamente a la Argentina a la vanguardia en lo que hace a este tema.”

Por otra parte, pero en la misma línea, la Cámara alta transformó ayer en ley el proyecto que establece el 8 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. En esa fecha se recuerda la denominada Masacre de Budge, en la que, en 1987, tres jóvenes de 19, 20 y 24 años fueron ejecutados por tres efectivos de la Policía Bonaerense.

La norma apunta a consolidar “la concepción democrática de la seguridad respetando la plena vigencia de los derechos humanos, la sujeción irrenunciable de las fuerzas de seguridad al poder político y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad”.

Según se manifestó durante el tratamiento de la ley, desde 1983 hubo más de 1900 casos de violencia institucional, entre asesinatos, detenciones y torturas.

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El caso de torturas en una cárcel salteña fue uno de los que tuvo más repercusión durante este año.
 
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