Salta fue ayer el escenario de una de las últimas réplicas del conflicto policial. Un grupo de policías exonerados y otros en actividad, junto a sus familiares, marchó en reclamo de un aumento salarial. Según el gobierno salteño, eran no más de cien de los nueve mil policías. El gobernador Juan Manuel Urtubey ofreció un aumento de un ítem del salario de 4342 a 6516 pesos. Sumado al aumento que ya había conseguido la policía local, este año recibieron un 50 por ciento de incremento salarial. El grupo que protestaba no aceptó la cifra, pero el gobierno provincial no los reconoce como interlocutores y dio por cerrado el tema.

“Está completamente normalizada la situación”, aseguró a Páginal12 el ministro de Gobierno salteño, Eduardo Sylvester. “No hubo acuartelamiento ni falta de trabajo de la policía. El día lunes tuvimos varios intentos de saqueo, que fueron controlados por la fuerza. Solamente se produjo la rotura de algunas vidrieras”, relató. “El martes estuvo tranquilo. Y hoy (por ayer) un grupo de cesanteados de la fuerza se reunió para hacer reclamos laborales e intentaron que se plegaran los efectivos en actividad. Sólo consiguieron que se plegaran unos cien de los nueve mil efectivos, quizá menos.” “A raíz de eso, el gobernador dispuso un aumento de las horas de comisión por recargo de servicio y eso se suma al 25 por ciento que ya estaba acordado. El aumento es, en total, del 50 por ciento”, explicó el funcionario provincial, quien advirtió: “Nosotros no negociamos con cesanteados. Nosotros le dimos el aumento a la fuerza”.

“A la vez, el gobernador cerró las paritarias salariales y se iban a hacer tres pagos, en febrero, mayo y agosto. Se adelantó el pago de agosto para los empleados administrativos provinciales”, informó.

El gobernador Urtubey hizo estos anuncios a media tarde, acompañado por sus ministros y por legisladores provinciales. Allí afirmó que el 90 por ciento de los policías estaban trabajando y dijo que estaba en comunicación constante con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien le ofreció enviar tropas nacionales si la situación empeoraba. Los aumentos implican una erogación de 450 millones de pesos. “Este esfuerzo va a permitir que no sólo policías sino también médicos, docentes y todos los agentes del Estado puedan tener una mejora en sus ingresos mucho tiempo antes de lo que estaba previsto”, indicó Urtubey, quien señaló que enviará un proyecto a la Legislatura provincial para modificar algunos impuestos y obtener los fondos necesarios. “Vamos a llevar del 5 al 6 por ciento lo que hoy se tributa en concepto de intermediación financiera y del 3 al 3,6 por ciento en actividades económicas, lo que le permitirá a la provincia afrontar con responsabilidad este aumento”, afirmó.

Los policías se concentraron en el Centro Mutual Policial Sargento Suárez y rechazaron el aumento. Luego marcharon por las calles de Salta, mientras los comercios cerraban por temor a nuevos incidentes y saqueos. Los policías –la mayoría, sin uniforme– iban con una bandera argentina, silbatos y redoblantes. Pararon ante la Catedral, donde rezaron un Ave María. No estuvieron tan cristianos cuando se encontraron con el fiscal penal Maximiliamo Troyano. La discusión con el funcionario terminó en insultos, empujones y manotazos. Los rebeldes lograron que cerraran algunas de las 17 comisarías de la capital salteña por falta de personal.

En tanto, el Ministerio de Seguridad provincial informó que el lunes pasado se detuvo a 120 personas por saqueos a quince comercios y que hubo doce intentos de saqueo abortados por la policía. Ayer liberaron a 75 menores y, de los otros 45 mayores, quedaban 37 varones en la Alcaidía y dos mujeres en el penal número 4. Los detenidos, que podrían ser imputados por “hurto calamitoso”, están a disposición del juez Diego Rodríguez Pipino.

En una sesión de la Legislatura provincial del martes, los distintos bloques emitieron una declaración en la que remarcaron “la firme actitud del gobierno provincial y de la policía de la provincia en respuesta al orden constitucional, el orden público y a la paz social”. “Más allá de la razonabilidad por los reclamos salariales que pueden hacer las diferentes fuerzas de trabajo, la policía, por la Constitución y por leyes, debe asumir una conducta especial, garantizando la seguridad y la libertad de las personas, como ha ocurrido en esta provincia”, indicaron.