EL PAíS › ARGENTINA, CON UN PAPEL DE LIDERAZGO EN UNA CUMBRE SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Una avanzada en busca de más derechos

Una cumbre de la Comisión de Población de la ONU tuvo a la Argentina a la vanguardia en la búsqueda del respeto de los derechos sexuales y reproductivos. Los países religiosos y conservadores impidieron que el documento final incluyera algunos párrafos propuestos.

 Por Mariana Carbajal

Argentina lideró en Nueva York las negociaciones para la ratificación de una agenda mundial que garantice y amplíe el respeto de los derechos sexuales y reproductivos, en el marco de la 47a Cumbre de la Comisión de Población y Desarrollo de la ONU. Pero los fundamentalismos religiosos, en la voz de países africanos –liderado por Camerún–, en alianza con naciones árabes –cuyo vocero fue Egipto–, Rusia y el Vaticano, metieron su cola en el documento final y el resultado no fue tan alentador como esperaban organizaciones feministas y de derechos humanos, que siguieron de cerca las arduas tratativas. Por ejemplo, los países más conservadores impidieron que se aprobaran los párrafos que reafirmaban la autonomía de las mujeres en los derechos sexuales y reproductivos, e impusieron que la educación sexual de los adolescentes debe estar bajo la tutela de los padres, descartando así un enfoque integral basado en evidencia científica y desde una perspectiva de derechos. Tampoco permitieron el reconocimiento del concepto de “familias”, es decir, que puede haber más de un modelo, como promovió la Argentina y sus aliados latinoamericanos, distinto al tradicional compuesto por una madre y un padre.

Quedó claro que con la llegada de Jorge Bergoglio al Vaticano no se modificaron las posturas retrógradas de la Iglesia Católica en foros internacionales en relación a los derechos sexuales y reproductivos. Ni su ánimo de influir en las políticas públicas de los países. Ni su histórica alianza con las naciones más conservadoras, que relegan los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales.

“Los países de América latina demostraron estar adelante en lo relativo a derechos sexuales y reproductivos. Por las mujeres activistas esperamos que a todas las mujeres de nuestros países se les garanticen y no haya más violaciones de sus derechos”, destacó Mabel Bianco, directora de la Fundación Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM), invitada por el Gobierno a formar parte de la delegación oficial junto a representantes de otras ONG (ver aparte).

La cumbre de la Comisión de Población y Desarrollo (CPD) trató la revisión y el seguimiento del Plan de Acción aprobado en la histórica Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD), que tuvo lugar en 1994 en El Cairo. Su importancia radica en que el documento final, al que se buscó llegar por consenso, será el marco para discutir los avances y el futuro de ese plan a partir de 2015, en la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas convocada para septiembre.

La delegación argentina estuvo encabezada por la embajadora ante la ONU y ex legisladora Marita Perceval. Durante el plenario, frente a los delegados de todos los países presentes, Perceval sostuvo la necesidad de que haya “derechos humanos para todos y todas” en el marco de una “sociedad inclusiva y con igualdad”. Además, destacó que la población no es una abstracción, sino que somos seres humanos diversos, y “somos y debemos ser reconocidos iguales en dignidad, igualdad y derechos”.

El aporte central del Programa de Acción de El Cairo, aprobado por consenso por 179 países, hace veinte años y ratificado el sábado pasado, fue poner en el centro de la escena la perspectiva de los derechos de las mujeres, dejando atrás una concepción meramente demográfica. “En la Conferencia de El Cairo por primera vez Naciones Unidas reconoció los derechos reproductivos como derechos humanos y declaró que los principios sobre equidad de género y empoderamiento de las mujeres son cruciales para las estrategias de población y desarrollo. El programa subraya la importancia de garantizar que hombres y mujeres tengan su derecho a decidir, de manera individual y como pareja, cuándo y con qué frecuencia desean tener hijos y que cuenten con toda la información y medios para hacerlo”, precisó a Página/12 la abogada Paola Rey, de Amnistía Internacional, integrante de la delegación oficial, con las demás representantes de ONG invitadas, como Victoria Tesoriero, de Católicas por el Derecho a Decidir, y Lourdes Bascary, del CELS, Bianco, y referentes de Jóvenes por la Elección, la Red de Mujeres viviendo con VIH, FUSA y Enlace Continental de Mujeres Indígenas.

A pesar de que se han ido dando importantes pasos hacia la implementación del Programa de Acción de la CIPD, el proceso ha sido lento y desigual en las últimas dos décadas.

“Es interesante que en nuestra delegación hubo un gran acuerdo entre el Gobierno y la sociedad civil”, rescató Bianco, conocida por su militancia desde la UCR y por los derechos de las mujeres. Desde Católicas por el Derecho a Decidir, Marta Alanís destacó el “claro rol de liderazgo” de la Argentina “a nivel regional en impulsar la continuidad del Plan de Acción que emanó de la Conferencia de El Cairo”, así como también posturas plasmadas en el llamado Consenso de Montevideo, que posicionó a América latina a la vanguardia de derechos. En la misma línea se pronunció Rey. “La región latinoamericana estaba muy agradecida por el rol de liderazgo de la delegación argentina”, consideró Rey.

Como parte del examen de revisión del Plan de Acción de El Cairo, se realizaron diversas reuniones y consultas regionales a lo largo de 2013. En el marco de ese proceso, los gobiernos de 38 países de América latina y el Caribe, incluida Argentina, firmaron en agosto un acuerdo histórico –conocido como Consenso de Montevideo–, en el que se comprometieron, entre otros puntos, a “prevenir y evitar el aborto inseguro, (con medidas) que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado”. En igual sentido, los Estados, tras reconocer que la penalización del aborto provoca el incremento de la mortalidad y morbilidad maternas, se comprometieron a “modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos”. Esas premisas, que avanzaban sobre los acuerdos del Programa de Acción de El Cairo, no pudieron incorporarse en el documento final de la cumbre el sábado pasado en Nueva York.

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El documento reconoció que no hay acceso equitativo a servicios de salud sexual y reproductiva.
Imagen: Ana D´angelo
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