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El juez Canicoba puso a treinta y tres criminales por unos días en la calle

A pesar del pedido de los organismos defensores de los derechos humanos, el juez Rodolfo Canicoba Corral ordenó la libertad de los represores detenidos por orden del juez Garzón. Siete continuarán presos por robo de bebés y desapariciones forzadas.

 Por Victoria Ginzberg

“¿Usted cómo sabe que no se van a escapar? Si en esta causa todavía hay tres represores prófugos”, le recriminaba al juez Rodolfo Canicoba Corral Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. “¿No vio esto? ¿No puede hacer nada?”, le dijo Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora mientras le mostraba la tapa de Página/12 del domingo, donde el general Ramón Díaz Bessone –uno de los involucrados en la causa del juez español Baltasar Garzón– admitía que durante la dictadura se torturaron y ejecutaron al menos siete mil personas. Miembros de organismos de derechos humanos recorrieron ayer varios despachos de los tribunales de Retiro para reclamar que los procesados en España sigan detenidos. Pero no lograron su objetivo. Los militares recuperaron su libertad.
Integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Ex Detenidos Desaparecidos, entre otras agrupaciones, llegaron temprano a los tribunales de Comodoro Py para pedirle a Canicoba Corral que no deje en libertad a quienes están procesados en Madrid por genocidio, terrorismo y torturas. Para fundamentar el reclamo, le entregaron un escrito elaborado por Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y firmado por 25 personas. El temor de los organismos de derechos humanos era que, una vez en libertad, y a pesar de no poder, de hecho, salir del país, los acusados se ocultaran antes de que otros jueces ordenaran que volvieran a prisión. Pero el juez ya había anticipado que, ante la decisión del Consejo de Ministros de España, que resolvió suspender el trámite de extradición, debía dejar sin efecto el pedido de detención. La comunicación oficial acerca de la medida tomada por el gobierno de José María Aznar llegó al mediodía a la Cancillería y una hora después estaba en el despacho de Canicoba Corral.
El fiscal Guillermo Marijuán, con quien también se entrevistaron los miembros de las agrupaciones de derechos humanos, intentó que los represores no salieran. En sintonía con la carta que había enviado Garzón a Canicoba Corral, argumentó que la orden de detención debía interpretarse como notitia criminis, es decir, como una denuncia y que, por lo tanto, correspondía abrir una causa contra los acusados por los mismos hechos por los que estaban imputados ante Garzón. El juez se hizo eco de este razonamiento pero consideró que la Cámara debía sortear un nuevo magistrado para que se hiciera cargo de esta causa. También existía en Comodoro Py una autodenuncia que los represores habían hecho para impedir ser juzgados en España, pero en este expediente tampoco se ordenaron ayer detenciones.
“Es un deber luchar para que no tengamos dos pasos para adelante y uno para atrás”, afirmó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien lamentó que “esta gente vuelva a convivir con nosotros”.
No todos los militares reclamados por Garzón quedarán libres. Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla, Rubén Oscar Franco, Héctor Antonio Febres, Carlos Guillermo Suárez Mason, Jorge Eduardo Acosta y Juan Carlos Rolón seguirán arrestados, ya que estaban en esa condición antes de que lo dispusiera Canicoba Corral. Los cinco primeros por apropiación de menores y los dos últimos por desaparición de personas y robo de bienes. En cambio, Alfredo Astiz, Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, el abogado Gonzalo Torres de Tolosa y otros 29 represores gozarán, por ahora, de su libertad.
Los integrantes de los organismos de derechos humanos se reunieron además con la jueza María Servini de Cubría, el juez Sergio Torres y el fiscal Eduardo Freiler, quienes tienen a su cargo las investigaciones que reabrió ayer la Cámara Federal.

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Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, estuvo ayer en Tribunales con los otros organismos.
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