De Santibañes, De la Rúa, Flamarique y Pontaquarto esperan la decisión de la Camara de Casación Penal.

La historia de los sobornos en el Senado, la que hace quince años puso en escena los mecanismos más sucios de la política, con el papel estelar de radicales y peronistas, cuando se jugaban derechos laborales y condicionamientos externos del FMI; esa trama que desató una crisis institucional que trazó la antesala del fin de un gobierno y sus protagonistas, tuvo un recorrido sinuoso por los tribunales y es casi una obra de la casualidad que el caso no esté prescripto. El expediente ya lleva en la Cámara de Casación Penal Federal más tiempo de lo que duró el juicio donde terminaron absueltos todos los acusados a fines de 2013, desde el ex presidente Fernando de la Rúa, el ex titular de la ex SIDE Fernando de Santibañes, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el arrepentido Mario Pontaquarto hasta los ex senadores implicados. El tribunal debe revisar esa sentencia, que fue apelada por la fiscalía, que la consideró completamente “arbitraria e infundada”, y también por la querella de la Oficina Anticorrupción. Aunque el 5 de octubre se cumplieron ya los seis años críticos desde la primera citación al juicio oral, los jueces tendrán en cuenta el segundo llamado a juicio para establecer el plazo de caducidad: la fecha clave, la última y definitiva, es el 18 de diciembre. Parece lejos, pero para la burocracia judicial, no es nada.

En la Cámara de Casación ensayan una justificación formal sobre la demora: el expediente –explica uno de sus integrantes– está radicado en la Sala I del tribunal, donde hay dos vacantes. Según esta justificación, es complicado que sin una integración permanente se resuelva un caso de gran envergadura. La afirmación, sin embargo, puede ser relativa. Una de esas vacantes estuvo ocupada en los últimos cuatro años por el controvertido Luis Cabral, a quien el Consejo de la Magistratura le dio por cumplido su interinato en junio; otro de los cargos pertenece a la jueza Ana María Figueroa, quien este año quedó excusada de firmar fallos dada su función de presidenta, pero antes podía hacerlo; el otro puesto que lleva más de dos años vacío fue subrogado por distintos jueces de la propia Casación.

Hoy quienes deben revisar las absoluciones de las coimas en el Senado son dos conjueces abogados designados por el Consejo, Roberto Boico y Norberto Frontini. Como el laberinto judicial es tan intrincado, ahora los acompaña Figueroa en carácter de subrogante. Ella tuvo que reemplazar al conjuez Claudio Vázquez, quien había sustituido a Cabral pero fue cuestionado y desplazado por decisión de la Corte Suprema. El asunto es más complicado todavía, porque mientras Vázquez estuvo en funciones se hizo la audiencia oral en la Casación donde las partes van a explicar su posición, que es el paso previo al fallo. Después de la audiencia, el tribunal tiene un plazo de veinte días para fallar (que no siempre se respeta). Pero este caso como Vázquez fue cuestionado la audiencia se va a volver a hacer, según explicaron en la Cámara a este diario.

La nueva audiencia fue recién convocada la semana pasada, cuando empezaron a correr rumores sobre la prescripción. Será esta semana, el 22, y deben acudir las partes a expresar su postura. Un detalle que suma complejidad: si la Casación revocara las absoluciones, habrá que establecer las penas; lo habitual es que lo delegue al tribunal oral; pero si los casadores fallan a último momento, sobre el 18 de diciembre, deberían establecer ellos mismos los castigos para que el expediente no muera.

La historia del pago de los sobornos a cambio de la votación de la reforma laboral, en el año 2000, marcó un hito crítico en el gobierno de la Alianza. Todo empezó cuando el sindicalista Hugo Moyano dijo públicamente que el ministro Flamarique le había dicho que para convencer a los senadores de que apoyaran la reforma tenía “la Banelco”. La ley fue aprobada el 26 de abril de ese año. El periodista Joaquín Morales Solá deslizó en su columna del diario La Nación la supuesta existencia de “prebendas” y “favores personales” para la aprobación de la reforma y se conoció la existencia de un anónimo que contaba la trama. Las primeras denuncias penales fueron en agosto. El escándalo derivó en la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez, en octubre. El relato del arrepentido ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto llegaría tiempo después, en 2003, y se convertiría en eje de la investigación judicial, que terminó en manos de Daniel Rafecas después de haber pasado por otros dos jueces. Primero hizo su relato ante la revista TXT y después lo repitió ante el juez.

¿Cómo se calcula la prescripción de un delito? El parámetro central es la pena máxima del delito investigado. En este caso es cohecho (coimas), con penas de hasta seis años. La primera vez, esos años se cuentan desde el momento del hecho, que en este caso sería el pago del soborno. Hay una serie de “actos procesales” que interrumpen el correr del plazo, que luego se vuelve a contar (interrumpen la indagatoria, el requerimiento de elevación a juicio y la citación a juicio oral).

El juez Rafecas dio por probado el pago que por primera vez había reconocido Emilio Cantarero, poco después de la aprobación de la ley de reforma laboral, el 26 de abril de 2000, cuando deslizó que el contenido del anónimo que circulaba tenía visos de realidad. Después tuvo Alzheimer y fue declarado inimputable. Pontaquarto contaría después que fue a su departamento en avenida Callao adonde llevó buena parte del dinero, 4,3 millones, para repartir con los demás en compensación por facilitar los votos para lograr la norma que exigía el Fondo Monetario Internacional. Rafecas se basó en testimonios y en el análisis de la ubicación de los celulares para corroborar su descripción, pero además se corroboró la salida del dinero con todas las coordenadas confesadas. Pontaquarto decía que el 18 de abril él mismo retiró 5 millones de pesos/dólares de la ex SIDE que fueron repartidos entre los senadores. Además de los cuatro 4,3 millones que llevó a Cantarero, los 700 mil eran para el radical ya fallecido José Genoud. Antes, el ex secretario parlamentario habría participado de una reunión en el despacho presidencial de la Casa Rosada en la que Genoud, en presencia de Augusto Alasino y Alberto Tell, le explicó a De la Rúa que el justicialismo necesitaba “otras cosas” para apoyar la sanción de la ley. “Eso arréglenlo con De Santibañes”, habría sido la respuesta.

La Cámara Federal avaló los procesamientos. La gran sorpresa llegó en el juicio oral, cuando al final el Tribunal Oral Federal 3 después de más de un año de juicio concluyó que las coimas no existieron y que Pontaquarto era un embaucador y autocontradictorio, y no respaldó las pruebas utilizadas. La fiscal Sabrina Namer consideró los fundamentos que los jueces tiñeron todo de “conspiraciones ridículas” y descartaron el análisis de la mayoría de las evidencias “relevantes”.

Hoy este expediente de tanta trascendencia está entrampado en las garras de la burocracia judicial, con frecuencia funcional a los implicados poderosos.