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Investigarán las desapariciones de 120 paraguayos durante la dictadura

Un juez paraguayo viajará a la Argentina para recoger información sobre los desaparecidos de esa nacionalidad.

En 1975, el abogado Fausto Carillo fue trasladado por miembros de la Gendarmería argentina desde Formosa a un destacamento naval paraguayo de Villeta. Toribio Patiño y Luciana de Patiño fueron secuestrados en Isidro Casanova el 21 de junio de 1978. Sus hijos vieron cómo hombres armados se los llevaban con las cabezas cubiertas. Los tres son parte de los 120 paraguayos que desaparecieron en la Argentina durante la última dictadura militar. El juez de ese país Gustavo Santander viajará en diciembre a Buenos Aires para recolectar datos sobre estos crímenes.
La Corte Suprema de Justicia paraguaya autorizó a Santander –quien investiga los casos de los ciudadanos de su país víctimas del Plan Cóndor– para que viaje los primeros días de diciembre a la Argentina.
“Se puede considerar que se está produciendo una globalización de la Justicia, pues, después de haberse globalizado el terrorismo de Estado, ahora se está produciendo una lucha conjunta para descubrir y castigar a los culpables de estos delitos de lesa humanidad”, aseguró el abogado Martín Almada, descubridor de los archivos del Terror en Paraguay e impulsor de este juicio.
En agosto de este año, Almada envió una carta al presidente Néstor Kirchner en la que le pedía la apertura de los documentos relacionados con los desaparecidos. “Así como en Paraguay se descubrió el Archivo del Terror estoy seguro de que la Argentina también contará con documentos secretos de la represión”, explicó. También solicitó al presidente de la Corte Suprema de su país, Bonifacio Ríos –quien actualmente está siendo sometido a juicio político–, que autorice a Santander viajar a Buenos Aires “a fin de que pueda establecer relaciones de trabajo con sus pares y una reunión con los familiares” de los desaparecidos.
Los paraguayos que fueron secuestrados en la Argentina durante la década del 70 fueron víctimas del Plan Cóndor, el operativo de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Por crímenes cometidos dentro de ese Plan, el juez federal porteño Rodolfo Canicoba Corral procesó al dictador Jorge Rafael Videla y ordenó la captura internacional del dictador paraguayo Alfredo Stroessner y del ex jefe de inteligencia pinochetista, Manuel Contreras.
Hechos paradigmáticos del Plan Cóndor fueron el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier en Washington, en septiembre de 1976; el homicidio del general chileno Carlos Prats y su esposa en septiembre de 1974 y la Operación Colombo, realizada por la policía secreta chilena (DINA) y la Triple A en 1975.
Almada explicó que, “según el Archivo del Terror, hallado en 1992, fue muy activa la cooperación entre los organismos represivos paraguayos y argentinos con un saldo impune de alrededor de 120 paraguayos desaparecidos en la Argentina, previas sesiones de torturas ejecutadas por agentes de la policía política paraguaya”.
El mes pasado, Almada viajó a Formosa, donde pidió a los miembros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia que investiguen las desapariciones de argentinos y paraguayos dentro del Plan Cóndor. En particular, planteó el caso de Carillo, secuestrado en Formosa y llevado a un destacamento paraguayo. Cuando su mujer, Felicita Giménez, formoseña, fue a Asunción para presentar un hábeas corpus, fue detenida junto con su hija de un mes y llevada al campo de concentración de Emboscada.

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El abogado Martín Almada, quien impulsa las investigaciones.
 
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