EL PAíS › OPINION

Una demora de veinte años

 Por Luis Bruschtein

Las dictaduras de Uruguay y Argentina se pusieron de acuerdo para la represión. Sería lógico que las democracias de los dos países se hubieran puesto también de acuerdo para investigar esos crímenes y castigarlos. Es cierto que la mecánica represiva fue distinta. Más del 90 por ciento de los desaparecidos uruguayos fueron secuestrados en Argentina. Estas diferencias hicieron que las cicatrices fueran distintas también y que las salidas de las dictaduras tomaran otros caminos. En Uruguay no hay tanta sangre de por medio como de este lado del Río de la Plata.
Aunque no la propició, la izquierda uruguaya aceptó la legislación de amnistía que se instaló por plebiscito. Muchos no están de acuerdo, pero aun así, cuando discuten con organismos argentinos de derechos humanos, siempre hacen esa salvedad con respecto a las diferencias.
Sin embargo, hubo decenas de uruguayos desaparecidos o asesinados, como el senador Zelmar Michelini y el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, en la Argentina en los últimos meses del gobierno de Isabel Perón y durante la dictadura. Se sabe que en este país actuaron agentes de la dictadura uruguaya, pero no se sabe cuántos de esos ciudadanos orientales fueron sus víctimas y cuántos de los represores argentinos. Esos desaparecidos uruguayos merecen justicia igual que los desaparecidos argentinos.
El equipo del mayor José Nino Gavazzo colaboró con el grupo de tareas que operaba en Automotores Orletti, que dirigía el agente civil Aníbal Gordon –un ex delincuente común y militante de grupos ultraderechistas– que dependía de la SIDE, en ese momento a cargo del general Otto Paladino. Ese grupo secuestró a Marcelo Gelman y a su compañera María Claudia García Irureta Goyena. Y de ese campo de detención, ella fue trasladada a Uruguay, aunque no era uruguaya, y allí fue asesinada luego de dar a luz.
El secuestro y desaparición de ciudadanos uruguayos en Argentina constituye un delito, sin importar la nacionalidad de los militares que lo hayan cometido. Y lo mismo si el secuestrado era argentino, como es el caso de la mujer. Los mismos represores aseguraban que los militares de otros países no participaban en los operativos, por cuestiones de “soberanía”. Es dudoso, pero aun así, se hacían cómplices de los secuestros y desapariciones cuando trasladaban a las víctimas.
Los militares extranjeros que operaron aquí en el marco del Plan Cóndor violaron los derechos humanos en este país igual que los militares nacionales. Muchos se preguntarán por qué habría que investigarlos cuando en Uruguay han sido amnistiados. Como las leyes uruguayas no se aplican en Argentina, la pregunta en realidad es por qué se demoró tanto en hacerlo. Y la respuesta está en las dificultades que hubo a lo largo de estos 20 años para juzgar también a los represores locales.

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