EL PAIS › OPINION

La política de defensa

 Por Jorge Luis Bernetti *

Es muy posible dudar acerca de la existencia de una política explícita de Defensa por parte del gobierno del presidente Mauricio Macri. En realidad, se manifiesta, sin dudas, una “política oculta” que a través de la práctica del goteo de hechos poco significativos –o muy significativos– trata de demostrar, simultáneamente, que no pasa nada. O que pasa mucho. Algunas compras de armas, la elogiada continuidad en las Misiones de Paz (Cascos Azules) en el marco de la ONU, el anuncio del otorgamiento de créditos para la vivienda a través del Instituto de Ayuda Financiera (IAF) de las Fuerzas Armadas, que continúa una política desarrollada en los doce años anteriores, la reiteración de los clásicos aumentos a los sueldos de los integrantes del área, como viene sucediendo anualmente, forman parte de lo primero. Nada nuevo.

Luego viene la línea publicitaria oficial acerca de la “pesada herencia recibida” que, en este campo suena muy adecuada para oídos procesistas y descontentos por políticas puntuales. Lo significativo es, por su lado, que el dictado del decreto 721/ 2016 que anula el 426/1984, firmado por el presidente Raúl Alfonsín, vuelve a transferir facultades delegadas por el presidente de la República al ministro de Defensa a las propias Fuerzas. Desde 1983 en adelante, un punto de convergencia de las fuerzas políticas democráticas en esta materia había sido recuperar o construir el control civil sobre las políticas del área para impedir su autogobierno corporativo.

Otra cara del cambio silencioso es el retorno de la cooperación militar con los Estados Unidos, donde se menciona la posibilidad de que se convierta a la base naval de Ushuaia en un puerto para la “cooperación logística” con el Pentágono en punto a la “investigación científica”.

Más como un “globo sonda”, para poner a prueba a la sociedad, funcionó el trascendido de que Defensa estudia nada menos que luchar contra “la piratería en Asia y África” como filtró el diario La Nación el pasado 11 de julio, sin que hubiera reacción trascendente del Congreso, espacios políticos o del resto del periodismo. Se trataría, nada menos que de enviar “buques de apoyo” al Mar de la China para proteger embarcaciones que transporten productos argentinos. Lo que se deberá entender como una custodia de la soja que se envía a Beijing. Del mismo modo se prepararía preventivamente una fuerza para operar en las costas de Nigeria, porque “en el futuro” se importaría desde este país africano gas licuado. Los piratas están vinculados en los dos casos, según la nota basada en información de Defensa, a partidarios del “islamismo radicalizado”. La segunda propuesta acuática es hipotética porque ese intercambio no existe. En cambio sí lo hay en el Mar de la China. Lo curioso es que ni La Nación ni ningún medio argentino ha informado de ataques piratas contra barcos argentinos o que transporten productos argentinos en aquella región. Hacer bajar la cuota de los seguros pagados por los fleteros sería el objetivo de una acción que pasarían a pagar “los contribuyentes argentinos”, como al lenguaje neoliberal le encanta subrayar. Por otra parte, aparece un tema nada menor que es que el Mar de la China es un espacio de fuerte conflicto entre Beijing, Filipinas y Japón entre otros países asiáticos que reclaman superpuestamente su soberanía sobre el mismo, lo que ha originado hasta un pronunciamiento de la Corte de La Haya favorable a Filipinas y rechazado por China. ¿Podría quedar la Argentina incluida en un conflicto con nuestro principal comprador agrícola? Ingresar en esta zona no puede ser mirado sino con complacencia por los Estados Unidos, que desarrolla un progresivo accionar de cerco contra su gran adversario oriental.

En el perfil trazado por el gobierno de Cambiemos en la política exterior, celebrar el retorno de las visitas de la “Fragata Libertad” a puertos ingleses como el fin de “aislamientos estériles” como le parece a la canciller Susana Malcorra, constituye otro juicio desgraciado, donde la base de la OTAN instalada en las Malvinas ocupadas pasa el olvido.

El escuálido discurso del Comandante en Jefe ante la platea militar en la cena de camaradería de las FF.AA. y el esfuerzo aclaratorio por sus palabras realizado por el ministro de Defensa al día siguiente, no aclara sino que oscurece. El goteo político mencionado incluye en cada ocasión posible la peligrosa intervención, como “colaboración”, de las FF.AA. en la “guerra contra el narcotráfico”. México en sus últimos años ha subrayado la tragedia de empeñar al instrumento militar de la Defensa como actor en ese combate, con un terrible costo en vidas humanas.

Falta una política explícita sobre Defensa que sería bueno que, dada la importancia decisiva de este tema para cualquier país y sobre para el nuestro por la historia de la dictadura procesista, debería explicarse en un debate en el Congreso Nacional. La compra de materiales o la organización de las Fuerzas depende de ese trazado político, la gravedad de esa política.

Lo que se construyó en Defensa en los condenados doce años kirchneristas fue, por el contrario de estas acciones públicas y sugerencias sigilosas, la de –entre otras prioridades– subordinar a las Fuerzas al control civil, procurar incrementar la producción de materiales nacionales para la defensa, avanzar en el acuerdo regional en esta materia y no incluir al país en la provisión de armas y equipos cuyo uso en operaciones quede sometido a la voluntad del proveedor norteamericano y europeo, trabajar en el cambio de la educación de oficiales y suboficiales y promover políticas de género. Se puede profundizar avanzando sobre los errores, como no haber ido del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y de la condición incomprensible de país asociado de la OTAN. O se puede volver sobre los pasos. Se puede avanzar desde Alfonsín o revisar a Alfonsín.

La profundización de la Unasur es el camino para sostener una independencia articulada junto con América Latina y a través de una política internacional de paz fuera de los juegos de poder de las grandes potencias mundiales. Si la Argentina ha visto extendida sus capacidades soberanas sobre la prolongación de la plataforma continental del mar Argentino, ¿no sería hora de centrar la política de Defensa –junto a la acción antártica y la irrenunciable reivindicación de las islas Malvinas– en esa gigantesca porción del territorio nacional?

* Politólogo.

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