[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por D. C.

La continuidad de Aguas Argentinas al frente del servicio de agua potable y cloacas está amenazada. El Gobierno está dejando trascender que podría rescindirle el contrato en cualquier momento. El motivo para una medida tan drástica, igual a la que adoptó el último lunes con Thales Spectrum, es que la compañía rechaza las condiciones que le fijó el Poder Ejecutivo para comenzar a renegociar su contrato. “Si no comprenden cómo son las cosas ahora, se les va a caer la concesión”, enfatizó una fuente oficial en diálogo con Página/12. Desde el ámbito privado, otras fuentes señalaron, además, que la propia empresa no tendría demasiado interés de permanecer en la Argentina, si es que el Gobierno sigue adelante con un nuevo esquema de explotación de la actividad. El director de Asuntos Corporativos de Aguas Argentinas, Diego Segura, rechazó de manera tajante esa versión y también negó que exista una pelea con el Gobierno.
A diferencia de otras privatizadas, el Poder Ejecutivo le impuso al concesionario del agua una serie de requisitos para iniciar la discusión de un nuevo contrato, que reemplace al que cayó con la devaluación. Si no acepta esas exigencias, le advirtió, deberá retirarse del país. Este paso previo a la renegociación fue la alternativa que eligió el Gobierno para presionar a la empresa sin quebrar la relación desde un principio.
Antes de tomar ese camino, en la Casa Rosada se había analizado la rescisión del contrato sin más vueltas, debido a los reiterados incumplimientos de la compañía en sus planes de inversión. Sin embargo, la gestión que hizo la embajada francesa en favor de la empresa –controlada por capitales de ese origen– logró bajar los decibeles del conflicto. La palabra del gobierno francés tiene un peso especial porque su delegado en el directorio del FMI respalda a la Argentina.
Correo Argentino, Aeropuertos Argentina 2000 y Aguas Argentinas fueron las tres privatizadas que el Gobierno puso en la mira cuando asumió. Ocho meses después, Franco Macri perdió su concesión, Eduardo Eurnekian consiguió salvar la suya y Aguas Argentinas quedó en una suerte de purgatorio. Fuentes oficiales aseguraron a este diario que la empresa se acerca al abismo al resistirse a cumplir con las demandas que recibió. En concreto, hay diferencias importantes en tres aspectos: el juicio que la compañía inició contra la Argentina ante un tribunal internacional, el monto de inversiones previsto para el año y la demora de Aguas en iniciar la renegociación de su deuda. Pero más que nada, el enojo de las autoridades nacionales es por la falta de voluntad para acercar posiciones que dicen advertir en la empresa.
La relación se tensó aún más cuando el FMI y el Banco Mundial hicieron gestiones en favor del concesionario. Página/12 reveló la semana pasada que cada uno de esos organismos envió una carta a Roberto Lavagna para interceder por la empresa. La Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo para el sector privado del Banco Mundial, pidió participar de la renegociación en su carácter de accionista de Aguas, con el 5 por ciento de las acciones. El Fondo avaló ese reclamo. Néstor Kirchner se encargó de responderles. Lo hizo en un acto en Tres de Febrero, cuando dijo que no aceptaría aprietes ni de adentro ni de afuera y que si Aguas no quiere invertir “vamos a hablar de otra manera”.
A pesar de ello, funcionarios de la CFI insistieron esta semana con su pedido, acompañados por otros del BID, en una reunión con la Unidad Renegociadora de Contratos de los Servicios Públicos. Esa división, que depende de Lavagna y Julio De Vido, es la que discute los nuevos contratos con cada privatizada. La CFI y el BID escucharon otra negativa. Su interés en sentarse a la mesa de negociaciones es porque son acreedores de Aguas y quieren que el Gobierno le exija menos inversiones a la empresa, así le queda más dinero para pagar su deuda.
El Banco Mundial, además de ser accionista y acreedor de Aguas a través de la CFI, es uno de los jueces que integra el Ciadi, un tribunal con sede en Washington al que recurrió la compañía para acusar a la Argentina desupuesta violación de contrato, por la devaluación y la pesificación de la tarifa. Entre las condiciones que planteó el Gobierno para rediscutir el contrato de Aguas, figura que la empresa suspenda los términos de esa demanda. Por ahora, los controlantes del concesionario, la francesa Suez (con 39,9 por ciento) y Aguas de Barcelona (25 por ciento) no contestaron. Se suponía que debían hacerlo los primeros días de enero. Por esa demora, entre otros motivos, el Gobierno está amenazando con anular la concesión. De Vido planteará el tema en Madrid, en una entrevista con ejecutivos de Aguas de Barcelona (ver aparte).
También discutirá sobre el volumen de las inversiones. La empresa tiene obligación de invertir unos 80 millones de pesos este año para cumplir con el compromiso que asumió en enero de 2001. En aquel momento el gobierno de De la Rúa dispuso un aumento de la tarifa del 7,9 por ciento para generar recursos para obras. La suba se concretó en dos tramos, entre 2001 y 2002. Pero hasta mediados de 2003 no se había hecho ningún trabajo. Para ponerse al día con esa deuda, la empresa debe volcar unos 43 millones de pesos, a lo que se suma el dinero que se siguió generando, ya que la tarifa nunca bajó. Fuera de ese paquete, el Gobierno reclama otras inversiones por unos 140 millones de pesos, mientras Aguas contraoferta sólo 50 millones. Diego Segura, de la oficina de Relaciones Públicas, evitó hacer comentarios sobre las cifras, pero dijo a Página/12 que “estamos avanzando”. “Sería una irresponsabilidad comprometernos a cosas que no podemos cumplir”, agregó.
El Gobierno interpreta la negativa de otro modo. “No quieren invertir más porque pretenden destinar la plata que reciben de los usuarios para pagar su deuda”, señalaron desde la Casa Rosada. “La deuda la tienen que pagar los accionistas con recursos propios”, afirmaron. En esta línea, los negociadores del Poder Ejecutivo le están pidiendo a la compañía que apure sus gestiones ante los acreedores. “En lugar de solucionar las cosas están embarrando la cancha”, concluyeron, antes de insistir en que por esa vía “van a quedarse sin concesión”. Los informantes del Gobierno llegaron a comentar que se está estudiando el mecanismo de rescisión fijado por el marco regulatorio. “Tienen la obligación de seguir prestando el servicio hasta un año después de anulado el contrato”, aclararon, dando un panorama de hasta dónde llegaron las cosas.