EL PAíS › HAY 250 VACANTES SOBRE 993 CARGOS EN LOS JUZGADOS NACIONALES Y FEDERALES

El cuello de botella del Poder Judicial

Después del reclamo de la Corte Suprema al Consejo de la Magistratura para que se avance en la designación de jueces de primera y segunda instancia, se sumaron reclamos y acusaciones desde el propio consejo y la Cámara de Casación Penal.

 Por Ailín Bullentini

El reclamo por las vacantes en juzgados y tribunales de todo el país volvió a ocupar el foco de atención en lo relativo al funcionamiento de la Justicia, luego de que la Corte Suprema de Justicia reclamara directamente al Consejo de la Magistratura por la cobertura de esos espacios vacíos: un cuarto de los cargos de magistrado en primera y segunda instancia carecen de responsables titulares que los ejerzan. La actual conducción del Consejo reconoce la “delicada situación” que percibe la Corte. La Cámara de Casación Penal también advierte la “necesidad” de que las vacantes se cubran “con urgencia”, pero no es lo único que reclama: existe una decena de tribunales con jueces designados que carecen de habilitación, tarea que le corresponde al máximo tribunal.

La carta que la Corte Suprema le dirigió al presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, el martes pasado fue difundida públicamente a través del Centro de Información Judicial (CIJ) y está firmada por todos sus ministros. Allí exhortan a la institución a que dé “mayor celeridad” a los procesos de selección de candidatos a completar las vacantes judiciales en primera y segunda instancia y a que arme las listas de conjueces que podrían subrogar espacios vacíos mientras surgen titulares, que aún no están conformadas. Los cortesanos dicen que fueron motivados a elaborar el reclamo por una queja manifestada por la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales nacional. Nada mencionan de la reunión de la Comisión Interpoderes dedicada a revisar la agilidad de los juicios por delitos de lesa humanidad que encabezaron el lunes 26, o sea el día anterior, el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y uno de los ministros, Horacio Rosatti, y en la que los organismos de derechos humanos expresaron su preocupación por el estancamiento del proceso de Justicia y propusieron, entre un cúmulo de posibles soluciones, la agilización del proceso de nombramiento de jueces.

“Resulta imperioso poner de resalto la delicada situación en la que se encuentra el Poder Judicial de la Nación derivada de la existencia de una cantidad significativa de cargos judiciales vacantes”, dice la Corte a Piedecasas. En el Consejo coinciden con la evaluación de la situación y los números la confirman: de 993 cargos que hacen funcionar a la Justicia Nacional y a la Federal, 250 están vacantes. Sin embargo, desde su actual conducción atribuyen el estado “alarmante” a “la herencia” y se arrogan un trabajo “subterráneo” para solucionarlo. “Objetivamente, ha habido una escasa cantidad de ternas elevadas durante los últimos cinco años en los que se produjo el cuello de botella que tenemos ahora”, señalaron fuentes cercanas a Piedecasas. Las cifras oficiales ratifican la escasez: 2010 fue el último año de gracia del Consejo de la Magistratura en cuanto a elevación al Poder Ejecutivo Nacional de ternas de candidatos a cubrir vacantes en el Poder Judicial, con 119 ternas. En 2011, ese número cayó a 6; fueron 17 en 2012, 7 al año siguiente, 15 en 2014 y 21 en 2015.

Según fuentes oficialistas del Consejo, el trabajo de la Comisión de Selección de la institución es no solo preseleccionar candidatos a jueces sino también “trabajar en consensos políticos para elaborar las ternas, cosa que no hizo el kirchnerismo ya que le convenía nombrar jueces subrogantes que fueran funcionales”, acusaron. La elaboración de ternas requiere el voto de una mayoría agravada, la venia de nueve de los 13 consejeros. El kirchnerismo tenía ocho de los nueve votos y debía dialogar para llegar a una mayoría. Desde la dirigencia saliente refutaron la hipótesis del oficialismo actual: “Se negaron a posibilitar que el Ejecutivo de Cristina Fernández nombrara jueces, siempre negaron el noveno voto. Hoy, siendo oposición, el kirchnerismo está otorgando ese voto que al oficialismo actual también le falta”, adujeron. “La falta de acuerdos políticos durante aquellos años, la inacción prácticamente total del Consejo, fue sustancial para que se llegue a la situación actual, a este cuello de botella”, advirtió Marcelo Giullitti, abogado del Programa de Fortalecimiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

En lo que va de 2016 son 31 las ternas elevadas y, según las fuentes, se espera llegar a fin de año con 40 ternas entregadas al Poder Ejecutivo. El Consejo tiene, en tanto, 95 concursos “en trámite”, incluidos aquellos que tienen como destino cubrir cargos “tremendamente fundamentales”, calificó Giullitti, y que están abiertos hace más de un lustro, como el de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y el de la propia Casación.

Pero la cobertura de las vacantes en la Justicia no es solo responsabilidad del Consejo. El proceso de selección comienza allí, pero culmina en otras decisiones esencialmente políticas. Es el Ejecutivo el que tiene la potestad de seleccionar nombres entre las ternas que recibe del Consejo para enviarlas al Senado. En la actualidad, el Poder Ejecutivo tiene que decidir sobre 21 vacantes. Luego, el Senado cierra el proceso, evalúa los nombres recibidos desde el Ejecutivo y nombra a los nuevos magistrados. Allí, el tercer paso de la cadena, recién se abre el juego a la ciudadanía, con audiencias públicas. Hoy, la Cámara Alta debe definir seis vacantes.

Quien sí mencionó a la reunión de la Comisión Interpoderes y al reclamo de los organismos de derechos humanos a propósito del avance de los juicios de lesa humanidad fue la Cámara de Casación, que en una resolución que emitió con copia al Consejo, pero también a la Corte Suprema, reclamó no sólo por la “urgente necesidad de que sean cubiertas las numerosas vacantes existentes” en el proceso de administración de Justicia, sino también por la habilitación de “varios tribunales orales en lo criminal federal”. En su resolución, Casación enumera la parálisis de los tribunales orales en lo criminal federal número 7 y 8 de la Ciudad de Buenos Aires (ver aparte), el número 3 de Rosario, el número 3 de La Plata, el número 2 de Salta, entre otros. Su habilitación y puesta en marcha es una cuestión pura y exclusivamente de presupuesto, algo que “depende de la Corte, y es algo escandaloso que reten al Consejo por vacantes cuando no hay tribunales que se hagan cargo de los juicios porque los cortesanos no firman una simple resolución para poner a disposición de los jueces un escritorio, una silla, una oficina”, se quejaron desde la Magistratura.

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Los jueces de la Corte pidieron “mayor celeridad” en los procesos para seleccionar magistrados.
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