EL PAíS › UNA MORSA RECESIVA E INFLACIONARIA

El año verde

El gobierno logró contener por unos días la disparada del dólar, a un costo tremendo. Con tasas de interés próximas al cien por ciento no hay crédito posible para ninguna actividad productiva. Este tironeo entre medidas recesivas e inflacionarias castiga a los sectores más débiles, destruye puestos de trabajo y deprecia los ingresos de quienes aún conservan el suyo. Con una inflación del 50 por ciento, el porcentaje de hogares bajo la línea de la pobreza será igual al de la hiperinflación alfonsinista. La renovada apuesta a un acuerdo con el FMI promete congelar ese momento. Sobre este cuadro angustioso se montan carapintadas cuya acción sicológica anuncia un Día D para hoy.

 Por Horacio Verbitsky

Luego de dos días de pánico, el gobierno del senador Eduardo Duhalde ganó un respiro el miércoles y el jueves. La sucesión de feriados naturales lo prolongará hasta pasado mañana martes. La cotización del dólar, que había llegado a los cuatro pesos, retrocedió a 2,85 y el titular del Poder Ejecutivo volvió a aflojarse la mordaza que le ciñe el ministro de Economía, para anunciar que aguardaba nuevas bajas hasta el nivel del real brasileño, es decir cincuenta centavos menos que el cierre de la última semana. Pero igual que en el último año de la presidencia de Raúl Alfonsín, la contención parcial y transitoria de la escalada se logró al costo de la colocación de letras del Tesoro a tasas demasiado próximas al cien por ciento anual. Esto implica aniquilar cualquier posibilidad de crédito para la inversión productiva, ya que no hay ningún negocio legal y pocos ilegales que ofrezcan una rentabilidad comparable. El tironeo entre medidas recesivas e inflacionarias castiga a dos puntas a los sectores más débiles, destruye puestos de trabajo y deprecia los ingresos de quienes aún conservan el suyo. En esas condiciones, lo único que Duhalde podría festejar el 9 de julio es haber llegado a esa fecha al frente del gobierno.
Maniobra de pinzas
Pese al revés sufrido en Monterrey, Duhalde insiste en la fórmula del ajuste permanente y subordina todas sus decisiones al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, sin embargo, reitera su absoluta falta de apuro por socorrerlo. Por si quedara alguna duda, su vocero oficial Thomas Dawson desmintió las expectativas atizadas por los incontinentes verbales del gobierno argentino sobre el reinicio de las negociaciones para esta semana. La misión sólo ayudará a identificar los problemas, rectificó Dawson. Las negociaciones recién podrían iniciarse, “si las cosas van bien”, hacia fines del mes próximo. Y suministrar alguna asistencia que exceda lo imprescindible para el repago a los propios organismos financieros internacionales el año verde, dada la política de correr las metas cada vez que parecen a punto de cumplirse. Hasta ahora, los emisarios ni siquiera han comenzado a hablar de las negociaciones con los acreedores externos, por ejemplo, cuya incidencia en las posiciones del Fondo y del gobierno de los Estados Unidos no requiere demostración.
El FMI está practicando con la Argentina una maniobra de pinzas. Exige el cumplimiento de un duro pliego de exigencias, que incluye tanto decisiones políticas (la derogación de un artículo del Código Penal que eriza a los banqueros, la enmienda de la ley de quiebras) como económicas (la reducción del déficit fiscal, sobre todo en las provincias, el retiro de circulación en todo el país de los billetes del Estanciero). Pero mientras tanto, la dureza en las declaraciones de sus máximos funcionarios y la ausencia de cualquier alivio presionan sobre el mercado de cambios y disparan un proceso inflacionario que ajusta de facto todos los presupuestos. Por las buenas o por las malas el resultado será el mismo, es el mensaje implícito. Alguna razón que escapa a la razón impide al gobierno leer indicios tan claros y lo hace confiar en la inminencia de un entendimiento. Tanto que durante las reuniones del feriado largo en el Polideportivo de Olivos, Duhalde reabrió a discusión el ya anunciado incremento de las retenciones al comercio exterior. El debate abierto es entre quienes sugieren un porcentual fijo y aquellos que se inclinan por un mecanismo autoajustable o nivel gatillo (a partir del cual cualquier incremento en la cotización del dólar iría al fisco y no al exportador). Pero entretanto, medran aquellos que se oponen a cualquier aumento. Hace apenas tres semanas el presidente de la Sociedad Rural, Enrique Crotto anunció sin parpadear que si el nivel de las retenciones llegaba al 25 por ciento “prendemos fuego a todo”.
El principal interés de Duhalde es anunciar con más ruido que nueces un programa asistencial. Aunque cueste creerlo, dedicó más tiempo y atención a la campaña publicitaria con que lo lanzará que al plan mismo. Sus lineamientos generales consisten en la utilización de grandes palabras: salario de inclusión social, asignación universal, redistribución directa de ingresos de los que más a los que menos tienen, seguro de empleo y formación. Pero los fondos previstos no exceden de los mil millones de dólares que ya estaban contemplados en el presupuesto 2002 antes de la devaluación. Sólo que ahora en pesos suenan más suculentos. Los 50 dólares al mes que dice que entregará a las cabezas de familia sin empleo, según mecanismos que aún no están definidos, sobre padrones inexistentes y sorteando las pugnas salvajes entre la Nación, las provincias y los municipios, son la contracara ineludible de sus opciones económicas ortodoxas y apenas una migaja de la fabulosa redistribución de ingresos que su gobierno ya ejecutó en la dirección contraria.
Apunten contra los jueces
Ante su impotencia para controlar el dólar, el gobierno eligió a los jueces como blanco. Los magistrados que conceden recursos de amparo contra el secuestro de los depósitos bancarios establecido hace cuatro meses y agravado hace tres, ponen al sistema financiero al borde del colapso y conspiran contra el interés general, afirman los abogados del ministerio de Economía en el recurso presentado ante la Corte Suprema de Justicia la semana pasada. El Ejecutivo desea que la Corte se apodere de todos los expedientes y expropie la capacidad de decisión a los jueces de todo el país. Traducida por los servicios de informaciones, esta interpretación devino en una disparata acusación contra la honestidad de los jueces. Sin prueba alguna los voceros oficiosos adujeron que estaban cobrando por conceder los amparos.
La Corte sostuvo el 1O de febrero en el caso Smith que ni siquiera una medida de emergencia podía conculcar el derecho de propiedad. Desde entonces jueces y cámaras federales del interior están concediendo los recursos que les llegan, con argumentos difícilmente refutables. La Cámara Federal de Bahía Blanca, por ejemplo, sostuvo que no es responsable por la política económica del país sino por los derechos individuales de los ciudadanos que acuden a su jurisdicción. Pero las causas de mayor significación económica están en la Capital Federal, donde la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal no ha repetido el fallo Smith y ha delegado en la primera instancia las soluciones de cada caso.
Sólo 10 por ciento
Esta deserción de la segunda instancia ha producido una confusa situación en la primera, donde los juzgados del fuero sostienen tres posiciones distintas. El juez Osvaldo Guglielmino rechaza todas las medidas cautelares, invocando el interés general, luego de una consulta con el Banco Central, que le respondió que los bancos no tienen el dinero suficiente para devolverlo a sus clientes. Su colega, Martín Silva Garretón las concede todas, sobre la base de los derechos individuales afectados, lo cual lo ha convertido en el ídolo de los ahorristas defraudados. El resto de los doce jueces del fuero analizan cada caso según sus merecimientos. Por ejemplo, al Colegio Público de Abogados de la Capital le concedieron la devolución de sus depósitos en dólares, pero no más de un 10 por ciento al mes. A los ahorristas menores suelen concederles la devolución inmediata de la mitad de sus depósitos. La idea de que el goteo que por esa vía escapa del corralito pudiera ser responsable de la disparada del dólar no resiste el análisis y es una clara elusión de responsabilidades por parte de las autoridades económicas. Estimaciones de distinto origen lo explican. Según datos del propio Poder Judicial, sólo el 10 por ciento del millón ochocientos mil ciudadanos acorralados presentó amparos en defensa de su propiedad. Una encuesta realizada por IBOPE la semana pasada indicó que sólo el 10 por ciento de quienes hacían cola frente a bancos y casas de cambio para comprar dólares llevaban pesos extraídos del corralito por vía judicial. La coincidencia de ambas estimaciones sugiere su confiabilidad. Pero además, la inversión de la tendencia del mercado entre el martes y el miércoles de la última semana termina por refutar la pretensión oficial.
Aunque los jueces siguieron fallando del mismo modo, la tendencia alcista se revirtió por completo. Lo que cambió fue la política oficial hacia los bancos, que tomaban redescuentos del Banco Central para comprar dólares, y hacia los exportadores, que no liquidaban sus operaciones a pesar de la obligación legal de hacerlo.
El mismo efecto sin híper
En febrero el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires relevó a casi 600 empresas, cuando el dólar se cotizaba a dos pesos. Las conclusiones que con esos datos elaboró el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano, dirigido por Matías Kulfas indican que el efecto de la devaluación sobre los precios fue potenciado por la enorme concentración económica producida durante la década de la convertibilidad. Esto produjo importantes dificultades de abastecimiento, fuertes incrementos de precios y endurecimiento de las condiciones de pago y contratación.
“Las empresas monopólicas u oligopólicas (grandes grupos económicos locales y empresas transnacionales) fijan precios y condiciones de manera independiente a la alteración real de sus estructuras de costos, incrementando precios incluso en productos cuyo componente importado es nulo o muy reducido”, afirma el estudio. Esto se aprecia en el gráfico que se publica en esta página e implica una redistribución regresiva del ingreso, desde los sectores asalariados (que ven reducido el poder adquisitivo de sus ingresos) y las pequeñas y medianas empresas (que deben pagar precios más altos y en peores condiciones de contratación por los insumos y materiales que necesitan) hacia grandes grupos económicos y empresas transnacionales. El estudio abunda en ejemplos: Acindar y Siderar (del conglomerado italiano Techint) cobraban sus ventas en dólares billete contra culata del camión y ya habían aumentado sus precios hasta el 60 por ciento; Pasa Petroquímica cobraba el etileno según el precio internacional y Molinos Río de la Plata el jamón cocido con un aumento del 80 por ciento (ambas empresas pertenecen al grupo Pérez Companc); Bayer había incrementado 100 por ciento el precio del cloro y Dow Chemical (que controla el polo petroquímico Bahía Blanca) 80 por ciento el del polietileno. El precio del cuero había aumentado hasta el 110 por ciento y la mayor parte de la producción fue adquirida por el grupo Yoma para exportación. En estas condiciones y con una débil legislación en defensa de la competencia, el gobierno tiene pocos recursos para controlar la disparada de los precios. Para colmo, Duhalde designó en Defensa del Consumidor al lobbysta de los laboratorios medicinales, Pablo Challú, quien en un encuentro con las asociaciones de consumidores dijo impávido que los medicamentos no estaban dentro de su competencia.
Cuando Alfonsín renunció a la presidencia durante la primera hiperinflación, el 47 por ciento de la población de la Capital y el conurbano bonaerense había caído por debajo de la línea estadística de la pobreza. En octubre de 2001, antes del corralito y la devaluación, estaban en esa angustiosa posición el 35,6 por ciento. No sería necesaria una nueva hiperinflación para volver a los niveles de 1989. Bastaría con que el crecimiento del Indice de Precios al Consumidor del año fuera del 50 por ciento, algo más de lo incluido por el Poder Ejecutivo en la ley de presupuesto pero bastante menos de lo que prevén consultores de distintas tendencias. Un IPC del 50 por ciento significa en realidad un incremento del 75 por ciento para los sectores más pobres, dada la gran incidencia de los alimentos en sus consumos. Un golpe adicional se producirá cuando también las tarifas de los servicios públicos comiencen a actualizarse, cosa que hasta ahora la táctica dilatoria del gobierno ha conseguido impedir.
Asoman los carapintada
Sobre este cuadro angustioso se montan todas las operaciones imaginables. El gobernador bonaerense Felipe Solá señaló a los carapintada como responsables de los robos y saqueos en distintos puntos del conurbano. Desde hace un mes los informes de distintas fuentes que llegan a su despacho señalan la visita a los barrios de hombres de edad y clase media, bien vestidos, que llegan en camionetas importadas con tracción en las cuatro ruedas y piden reunirse con los punteros, las organizaciones locales y los pibes de la zona. Su lenguaje no es el de la izquierda. Se presentan como patriotas nacionalistas, postulan el fin de los políticos, proponen saquear alimentos. Su acción sicológica anuncia un Día D para hoy, domingo 31. En las últimas dos semanas los informes se multiplicaron y en los últimos días comenzaron a producirse algunos de los hechos anunciados. El jueves, Duhalde dijo que no piensa aplicar mano dura a los sectores más débiles de la sociedad, a quienes hay que ofrecer soluciones. Esta encomiable actitud entra en colisión con la dureza de su política económica, de transferencia de ingresos hacia el capital más concentrado.
La devaluación del peso también ha abaratado los costos argentinos medidos en dólares. El ingreso medio del país, que antes del 1O de enero era de 506 dólares mensuales ha caído ahora a menos de 170. En la misma proporción se han desinflado los ingresos de los asalariados formales, con ingresos blancos (de 735 a 245 dólares) y de los precarios, con ingresos en negro (de 334 a 111). Esto ha implicado además una dramática reubicación de la Argentina en el ranking latinoamericano. El año pasado lo encabezaba, ahora ha caído al décimo puesto. En la misma proporción ha crecido el atractivo de algunos activos locales, que podrán ser comprados a precios de liquidación, ya sea por las empresas transnacionales cuya economía se expresa en dólares como por los grupos locales que tienen activos en el exterior por decenas de miles de millones de dólares.

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