EL PAíS › EN URUGUAY, LAS MUJERES QUE DESEEN
ABORTAR SERAN ASESORADAS POR LOS MEDICOS

Buscando la interrupción de un prejuicio

Aunque en Uruguay el aborto es ilegal, el gobierno dispuso que los médicos, tanto del sector público como privado, están obligados a asesorar a las mujeres
que quieran interrumpir su embarazo. El objetivo es disminuir la tasa de muertes por mala praxis. Es la primera medida de este tipo en la región.

 Por Mariana Carbajal

En un hecho sin precedentes en la región, el gobierno uruguayo dictó una resolución que obliga a los médicos del sector público y privado a brindar asesoramiento a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, a pesar de que el aborto allí es ilegal. La decisión apunta a disminuir el número de muertes por abortos clandestinos, principal causa de mortalidad materna en Uruguay así como en Argentina. La normativa incluye la administración preventiva de antibióticos desde las 24 horas antes del supuesto momento en el cual la paciente podría decidir realizarse la intervención. “El aborto es un hecho ilícito. La idea es actuar en el antes y el después, en el marco de una política de prevención de daño”, explicó a Página/12 Leonel Briozzo, uno de los autores del manual con las medidas a seguir elaborado en conjunto por la Sociedad de Ginecotocología, el Sindicato Médico y la Facultad de Medicina de Uruguay. “Estamos esperando el contraataque de la Iglesia”, se sinceró el director general de Salud, Diego Estol, en diálogo con este diario.
La guía de atención surgió como una inquietud de los propios médicos de la principal maternidad del país, la del Hospital Pereira Rossell, de Montevideo, que advirtieron a partir de 2001 un salto abrupto en el porcentaje de muertes maternas producidas por infecciones causadas por abortos ilegales. Allí se atienden las mujeres más pobres. Mientras a nivel nacional, un tercio de las muertes maternas se debía a abortos inseguros, en el Pereira Rossell pasaron a ser casi el 50 por ciento. “Por un aumento en la presión policial hacia las clínicas que hacían abortos clandestinos, se cerraron varias y más mujeres se empezaron a morir por recurrir a métodos más precarios”, señaló a Página/12 Margarita Percovich, diputada del Encuentro Progresista Frente Amplio. Con esta preocupación, la Sociedad de Ginecotocología, el Sindicato Médico y la Facultad de Medicina de Uruguay redactaron el manual, denominado Asesoramiento para una maternidad segura. Medidas de Protección Materna frente al aborto provocado en condiciones de riesgo. En realidad, desde 2002 reclamaban su aprobación por parte del Ministerio de Salud. Y ante la falta de una respuesta oficial resolvieron implementarlas bajo su propia responsabilidad en el Pereira Rossell. Ahora, deberán ser acatadas tanto en el sector público como en el privado de todo Uruguay.
Se calcula que en Uruguay se realizan unos 33.000 abortos clandestinos al año. En 2003, la policía uruguaya descubrió al menos tres clínicas clandestinas de abortos y la Justicia procesó a sus responsables, incluidos médicos y enfermeras.
Entre otros puntos, el manual para la atención pre y posaborto establece:
- El médico debe informar asesorando desde el punto de vista sanitario y también legal a toda paciente que exprese su voluntad de interrumpir un embarazo.
- Debe plantear alternativas a la realización del aborto provocado. Y ofrecer un tiempo de reflexión a la paciente.
- En ningún caso, fuera de las excepciones establecidas en la ley, podrá asesorar sobre un lugar o profesional específico para realizarse el aborto.
- Se debe ofrecer un apoyo social y psicológico a las que deseen abortar.
- Si la paciente no modifica su decisión, se administrará preventivamente una terapia de antibióticos desde las 24 horas antes del supuesto momento del aborto.
- En la consulta posaborto, se debe ofrecer anticoncepción inmediata.

Diferencias

Uruguay tiene una tasa de mortalidad materna de 28 por 10.000 nacidos vivos. Es la mitad de la que tiene Argentina, que llega a 43 por 10.000 y la segunda más baja de Sudamérica, después de la de Chile, de 18 por 10.000. Tanto en Uruguay como en Argentina casi un tercio de esos fallecimientos se produce por abortos realizados en condiciones inseguras y las que mueren son mujeres pobres, que no pueden pagar una interrupción segura del embarazo. Con una cantidad notablemente inferior de muertes por abortos, el tema ha movilizado en mayor medida a los médicos y funcionarios uruguayos que a los argentinos, donde el problema es mayor.
“La idea es generar un ambiente de confianza entre el médico y la mujer que decide interrumpir un embarazo para que pueda evacuar sus dudas y sepa las consecuencias y los riesgos del procedimiento. E indicarle que una vez que se lo haga, al primer sangrado se presente en el hospital. Eso no implicará que sea denunciada ni comprometerá al médico”, explicó Estol, director general de Salud de Uruguay.
En el país vecino el aborto es ilegal desde 1938. La legislación lo prohíbe y penaliza, salvo en cuatro casos: para salvar el honor (aunque no se detalla en qué situaciones); frente a una violación; para salvar la vida de la madre y frente a situaciones de angustia económica. En la práctica, se considera un procedimiento médico clandestino, ya que por falta de voluntad política nunca se conformó una junta nacional, dentro del ámbito de la salud pública, que debe evaluar cada caso y autorizarlo. Hubo un intento reciente de despenalizar el aborto: el proyecto se aprobó en Diputados, pero naufragó, en mayo, en el Senado por el fuerte lobby de la Iglesia Católica. De todos modos, el presidente Jorge Batlle había adelantado que lo vetaría. Por esa razón, sorprendió la decisión del Ministerio de Salud de aprobar el manual elaborado por los médicos.
Se trata de blanquear “un tema sanitario que afecta a los sectores más pobres”, dijo Estol al ser consultado por este diario. “No hay ningún uruguayo que no haya tenido una vinculación con el aborto directa o indirectamente a través de una amiga o hermana. Es una cuestión de ser más lógicos y más prácticos”, agregó al explicar los fundamentos de la flamante resolución.

Avance

Leonel Briozzo es uno de los autores de las normas y, además, las viene aplicando desde 2002 en el Hospital Pereira Rossell. En diálogo con Página/12 explicó la experiencia. “Partimos de la concepción de que el aborto es un hecho ilícito. Buscamos actuar en el antes y el después en el marco de una política de prevención de daño. Hay distintos escenarios. Si la mujer viene convencida de interrumpir el embarazo o si no está resuelta. En este último caso, le planteamos otras alternativas como la adopción y la existencia de ayudas sociales que, la verdad, son muy pocos”, indicó. “Les damos una semana para que lo piensen y reflexionen. Después, si tienen la decisión firme, les advertimos sobre las consecuencias y los riesgos de recurrir a métodos precarios como la introducción de un tallo de perejil o de una aguja de tejer. No indicamos un método de aborto en particular ni un lugar adónde ir, pero sí les informamos cómo actúa el misoprostol”, aclaró Briozzo. El misoprostol es el nombre genérico de un medicamento para tratar úlcera que provoca hemorragias y puede causar la interrupción del embarazo. Inicia el proceso que debe terminarse en un hospital. Desde hace un par de años se ha convertido en el método abortivo de los sectores medios empobrecidos también en la Argentina.
El manual uruguayo no establece que los obstetras y ginecólogos deben indicar el misoprostol. Es una decisión de los médicos del Pereira Rossell hacerlo. Según precisó Briozzo, de cada diez pacientes que dudan con respecto a qué decisión tomar, 5 continúan con el embarazo y otras 5 concretan el aborto. “La experiencia nos demuestra que cuando uno corre el velo del terror del embarazo no deseado y habla del tema francamente, disminuye el porcentaje de abortos”, señaló.
“Estamos muy satisfechos de que estas normas se pongan en funcionamiento para todo el país”, aclaró. “Es un gran avance. Estamos contentísimas”, dijo a Página/12 la diputada Margarita Percovich, del opositor Encuentro Progresista Frente Amplio y una de las impulsoras del proyecto de despenalización del aborto. “Es un paso muy importante porque establece las bases de cómo el sector sanitario debe abordar estos casos. Como es ilegal el aborto, los médicos se desentendían del problema”, observó Liliana Abracinskas, de la organización Mujer y Salud en Uruguay, quien trabajó junto a los médicos en la elaboración del manual. Abracinskas detalló que uno de los aspectos que revisaron fue cómo deben transmitir los médicos la noticia de un test positivo de embarazo. “Históricamente —dijo– el médico felicitaba a la paciente y así se cortaba la posibilidad de que ella dijera que no era deseado y de que se hablara sobre los riesgos del aborto.”

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El protocolo de atención fue dispuesto por Conrado Bonilla, el ministro de Salud de Uruguay.
 
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