EL PAIS

“Hay que invertir en la policía, no sólo depurar”

El director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, visitó la Argentina para respaldar el Informe sobre la situación carcelaria en Buenos Aires. En diálogo con Página/12 advirtió que el principal problema en Latinoamérica es la “administración de justicia”.

 Por Victoria Ginzberg

La deficiencia en la administración de justicia es el problema más extendido en materia de derechos humanos en el continente. Y Argentina está dentro de los países con mayores dificultades en esa área. Así lo explica José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch. El director ejecutivo del organismo internacional aclara que “administración de justicia” incluye también a la estructura de las fuerzas de seguridad y, por ende, la corrupción y los abusos que en este país son “crónicos y sistémicos”. Vivanco viajó a Buenos Aires para participar en la presentación del Informe sobre las cárceles bonaerenses que realizó la Comisión Provincial por la Memoria, y habla del desafío de buscar un equilibrio para satisfacer la demanda por mayor seguridad y el respeto por los derechos humanos.
–¿Cuál es la situación grave más extendida en el continente?
–Son problemas sobre administración de justicia, entendida en un sentido amplio, donde se incluye a las policías como parte del sistema judicial. El problema es la falta de acceso a la Justicia por parte de los sectores más pobres o marginales, como los indígenas, y luego una Justicia que es a veces muy lenta, que es susceptible de ser intimidada o que se puede corromper. Este pobre rendimiento de la Justicia, donde incluyo a las policías, tiene repercusiones de todo orden. Tiene repercusiones en materia de seguridad ciudadana, porque no se aborda eficazmente una demanda genuina y legítima como es la de mayor seguridad frente a la delincuencia. Por otro lado, eso resulta en la práctica en incrementar las formas de operar más rudimentarias y más violentas de las policías. Policías que no son objeto de escrutinio ni de fiscalización, que se han transformado en parte del problema y no de la solución por los niveles de corrupción y los negocios en los que están involucrados, y por otro lado por los niveles de brutalidad. Son policías que hasta el día de hoy no han recibido la capacitación que requieren para desarrollar unos instrumentos de investigación judicial. La gente le exige resultados pero se contenta con que atrapen a alguien, aunque no necesariamente esté vinculado al delito y con eso tampoco se afecta la estructura del crimen organizado y de los grandes capos de las mafias que están detrás.
–En ese contexto, ¿Argentina en qué situación está?
–Desgraciadamente es hasta hoy una de las prioridades que tenemos en el hemisferio junto a Brasil y México, en el caso específico de administración de justicia, brutalidad policial y situación carcelaria.
–¿Cualitativa y cuantitativamente?
–Tanto en cifras como en la falta de progreso. Lo lamentable es que Argentina cuenta con una capacidad instalada de expertos que han ocupado y ocupan puestos de gran responsabilidad, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, y que han logrado diseñar políticas para enfrentar el delito y al mismo tiempo para depurar y profesionalizar a las policías que son perfectamente consistentes con los estándares internacionales y están muy bien orientadas.
–¿Quiere decir que el planteo teórico no tiene resultados en la práctica?
–Hasta ahora los hechos son muy porfiados y demuestran que las propuestas que se han diseñado, tanto durante la gestión de Felipe Solá como en la de algunos de sus antecesores, con la única excepción de Carlos Ruckauf, son razonables y están muy bien concebidas. El problema es que el desafío es de tales proporciones y lo que se requiere hacer para reestructurar estas instituciones es tan demandante que es necesario generar una voluntad política mayúscula, que no sólo compromete a la provincia sino probablemente a la propia maquinaria del partido peronista y a otros sectores muy influyentes en la sociedad. Por eso hasta ahora uno no aprecia resultados.
–¿Cómo se supera la dicotomía entre demanda por mayor seguridad y respeto por los derechos humanos?
–Para abordar este problema se requiere invertir en seguridad, pero invertir en serio, no en slogans. Que no se crea que subiendo unas cuantas penas o haciendo más inflexible la libertad condicional o restringiendo el ejercicio de ciertos derechos constitucionales se resuelve el problema. Con eso se agrava más la situación carcelaria, se agrava más la delincuencia –porque hay que olvidarse de cualquier posibilidad de rehabilitación– se cometen más abusos y más violaciones en materia de derechos humanos. Invertir en seguridad significa invertir en administración de justicia y facilitar mayor celeridad en la atención de los juicios. Un aspecto fundamental es profesionalizar a la policía, que es no sólo necesaria sino imprescindible. Para algunos puede ser un mal necesario, pero hay que invertir en ella, no basta con la depuración. Lo que es necesario es darle capacidad de investigación. La profesionalización supone también que hechos abusivos, brutales, atrocidades o corrupción no se tolere.
–¿Qué les dice a los que piensan que criticar a la policía o al endurecimiento de penas supone preocuparse sólo por “los derechos humanos de los delincuentes”?
–Eso es precisamente parte del problema. Si el péndulo corre en la dirección contraria, si uno retrocede en este sentido y quiere creer en el espejismo de que la delincuencia tiene que ver con las penas, sin variar otros aspectos de la ecuación, se está dejando llevar por una ficción o por la demagogia de algunos que quieren hacerse elegir sobre esas bases.
Sobre esta materia hay mucho que ya se ha estudiado. Aquí no hay una ciencia oculta, no es una materia donde tengamos que reinventar la rueda. Argentina cuenta con la capacidad técnica, profesional y la experiencia como para abordar el problema desde el punto de vista integral sin menoscabo de los derechos humanos. Es un problema que por supuesto tiene que ver con la realidad socioeconómica, pero al mismo tiempo, si uno parte de la base que la policía no está en condiciones de enfrentar este desafío, hay que invertir en ella, pero no hay que tapar o encubrir hechos de corrupción o abusos de poder. Esos hechos deben ser ejemplarmente castigados para que se entienda de una vez por todas cuáles son las reglas de juego y se traten estas circunstancia como verdaderas manzanas podridas...
–... pero hablar de manzanas podridas obstruye la idea de que se trata de una situación estructural.
–No estoy diciendo que el problema policial en Argentina sean casos aislados, es un problema crónico y sistémico que compromete a las estructuras policiales, donde después de décadas de abusos y corrupción, mirando toda la evidencia que existe, se puede concluir en que es un problema estructural. Lo que digo es que si las policías no entienden que si estos hechos cuentan con una protección corporativa y la policía y las autoridades no tratan a los involucrados como si fueran manzanas podridas que deben ser inmediatamente aisladas, este fenómeno va a continuar.
–¿Los abusos y las prácticas aberrantes de la policía y del servicio penitenciario tienen que ver con una herencia dictatorial o son fenómenos independientes, que vienen de antes? ¿Dónde están las causas?
–Evidentemente esto se agrava durante la dictadura. Son vestigios o evidencias de una sociedad muy autoritaria, que realmente no ha prestado mayor atención a estos problemas hasta que empezó a afectar a sus intereses y el medio donde se desenvuelve. En la medida en que esto afectó a otras capas, la opinión pública no se dio por enterada. Cuando empiezan las prácticas de secuestros express, de violencia contra todos los sectores de la población, los ciudadanos y las ciudadanas argentinos empiezan a poner atención en este asunto y se recurre a la policía como la solución inmediata, olvidándose de que durante décadas no ha sido objeto de preocupación ni de la más mínima profesionalización. Las causas tienen que ver con el reclutamiento de los policías, con las formas de financiarse ycon la falta de recursos. En esta materia no se pueden esperar soluciones de parche.

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El director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, acompañó a la Comisión de la Memoria.
 
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