EL PAíS › UN DISPARATE INSTITUCIONAL

Corte vs. Consejo

Dos organismos del Estado, y de los importantes, disienten sobre un tema de jurisdicción: quién puede dar o negar un aumento a los judiciales. Son cosas que pasan, pero lo realmente grave es que se pelean y, para peor, lo hacen en público. El papelón complica todavía más la abismal imagen de la Justicia en la Argentina.

Por M. W.

La Corte Suprema piensa que le compete determinar el sueldo de los judiciales. El Consejo de la Magistratura razona de modo similar: cree que le compete determinar el sueldo de los judiciales. Que dos organismos de un mismo Estado se atribuyan la misma potestad es un problema posible. Que lo diriman en público, un papelón. Que lo hagan sin dialogar, un escándalo. El presidente de la Corte, Enrique Petracchi, integra, de pleno derecho, el Consejo, pero no tiene por hábito concurrir a sus sesiones. Pero le pide al Ejecutivo que laude una cuestión de interpretación legal... en la que es parte el máximo tribunal de la Nación. Si el lector cree que las líneas precedentes colman el cupo de disparates que puede absorber un domingo, no continúe leyendo esta nota. Si los disparates le interesan, le atraen o le preocupan, sígala que no se va a defraudar.
El Consejo de la Magistratura, una creación de la Constitución del ’94, no funciona como era de esperar. Su lentitud es proverbial, durante su vigencia la decadencia del Poder Judicial se ha acentuado, lo que es una pequeña hazaña. Los juicios políticos han sido pocos, varios llegaron a sentencias irritantemente injustas (la absolución del salteño Ricardo Lona, la condena “a la medida de Raúl Moneta” del mendocino Luis Leiva). Su funcionamiento concreto, dicen los avezados, deja bastante que desear. Formado con un organismo pluricorporativo, parece haber engendrado una nueva corporación, más celosa de sus facultades que interesada en su funcionamiento. Los legisladores que lo integran expresan muy malamente a la correlación de fuerzas en el Parlamento.
Hoy, el menemismo está sobrerrepresentado en el organismo, no tanto por la cantidad de legisladores, sino por el activismo que despliega la diputada Lelia Chaya. Jorge Casanovas –quien fue aliado de Carlos Ruckauf y se autopostuló a asesor de Juan Carlos Blumberg, integrante del ala “meta bala” del justicialismo bonaerense– es otro actor de peso. Jugado, sabiendo que no podrá ser reelecto por el PJ bonaerense en el actual escenario político, pasa a ser un factor de poder. “No lo puedo controlar, hace la suya,” confesó el jefe del bloque justicialista de diputados, el bonaerense José María Díaz Bancalari, a un integrante del gabinete nacional.
Ricardo Gómez Diez, de la derecha salteña, es otra figura proverbial. El corporativismo tiene sus razones que la razón no entiende. Esas figuras oscuras de la política, a la hora de defender de las incumbencias del Consejo, son todo uno con Humberto Quiroga Lavié, un constitucionalista de bien ganado prestigio académico, que hace un caso defendiendo a capa y espada las facultades del Consejo, que considera un bastión de la democracia.
Para colmo, de ordinario, los parlamentarios no asisten a las sesiones, a menudo por válidas razones de superposición de agendas, que acaso no pensaron quienes instituyeron el Consejo.
La Corte tiene eterna querella con el Consejo, pero en los últimos ratos de la mayoría automática no bregó mucho, debilitada por su desprestigio. En su actual etapa, con amplias chances y necesidad de mejorar su reputación, tampoco las tiene todas consigo. Petracchi intenta ser su conducción, dice un prominente integrante del Ejecutivo que sabe de lo que habla, pero no consigue encolumnar a un puñado de individualidades. Y, ya se dijo, no incluye en su agenda las reuniones del Consejo, a las que asiste bastante menos que lo que acostumbraba Julio Nazareno.
Así las cosas, el Consejo (atento al superávit homérico que tiene el Gobierno) dispuso un generoso aumento para el personal judicial. La Corte le niega competencia. El gremio judicial, con buena lógica, reivindica las facultades de quien mejora la condición de los afiliados. Petracchi entonces le pidió al ministro de Justicia, Horacio Rosa-
tti, que laudara el conflicto a favor de la Corte. Rosatti le explicó que sería un dislate, un desvío de la división de poderes, que el Ejecutivo se arrogara la calidad de juez de última instancia de un conflicto legal.
De cualquier modo, Justicia piensa que habrá que intervenir “políticamente”, esto es, juntando en una mesa a todas las partes en conflicto, vale decir la Unión de Empleados de Justicia de la Nación y los dos organismos del Estado. Sí, usted leyó bien, una salida virtuosa juntando a los dos organismos del Estado en una suerte de paritaria. Dé crédito a sus ojos, esto es Argentina.
Dentro de la peculiaridad, Rosatti aporta una cuota de sensatez: aspira a que la negociación no se entable sólo con Justicia, sino con el aval de Jefatura de Gabinete y Economía. Si no hay plata y plafond político para una salida no hay acuerdo (ni siquiera conversación) posible.

El Ejecutivo, en la gatera

El Poder Ejecutivo tiene su representante en el Consejo, cargo ocupado por Joaquín Da Rocha, un abogado con buena reputación profesional que militó en la renovación peronista y fue funcionario bonaerense durante la gobernación de Antonio Cafiero. El “Chango”, que así lo llaman sus amigos, Da Rocha fue durante el duhaldismo una patrulla perdida en la selva. Representaba al Gobierno, pero nadie lo atendía ni, mucho menos, le “daba línea”. Gustavo Beliz, siendo ministro de Justicia de Kirchner, prorrogó tan inquietante tradición. Ahora, Da Rocha sí dialoga con Rosatti, quien le hizo saber que debe representar no a Justicia sino al Ejecutivo, esto es, pensar su función tomando en cuenta la lógica de gestión y la presupuestaria en especial.
El mandato tiene su miga pues el Gobierno aspira a sentarse a la mesa con un ofrecimiento económico, pero Roberto Lavagna mira con recelo los aumentos a estatales que pueden desatar anhelos contagiosos. Lavagna no suele ir a otros ministerios. Si lo hiciera, crecerían sus prevenciones. Las huestes de UPCN y de ATE se hacen sentir en los edificios que ocupan sus colegas, empezando por el del propio Rosatti.
Vista desde el Gobierno, la pelea enfrenta a dos contendientes complicantes. “La Corte es y será indócil”, se resigna un allegado cercano a Rosatti y añade “el Consejo es indócil y autista”. Con esos bueyes tendrá que arar.
En el Gobierno se reconoce, si que en voz tenue, que Juan Carlos Maqueda, “un hombre de la política”, es un interlocutor fiable y un Supremo, quizás el único, que piensa en términos políticos. Petracchi les da la sensación de no tenerlas todas consigo. Raúl Zaffaroni es percibido como un “librepensador, demasiado tendiente al individualismo”. Y Elena Highton de Nolasco es descripta, con cierta sorpresa, como una Suprema asaz franca, de lenguaje coloquial directo y desenfadado, dotada de una sencillez y una llaneza inusuales en la casta de los magistrados.
El Gobierno confiesa que la discusión jurídica entre la Corte y el Consejo no es sencilla de zanjar y alude a la clásica imagen de la contienda entre dos medias bibliotecas que avalan una u otra postura. Entre tanto, el Consejo sigue avanti con el aumento. La Corte habla de acusar penalmente a sus responsables. Se fulminan por escrito con cero interlocución. El cuarto piso del Palacio de Tribunales, un dédalo oscuro y abrumador, no incluye en su subcultura el moderno invento del teléfono, ni qué hablar de la vetusta institución del diálogo.
El Ejecutivo no podrá diferir mucho su entrada en acción.
De los tres poderes del Estado argentino, el Judicial es el menos democrático. Sus integrantes no surgen del voto popular y los jueces son, en principio, vitalicios. El más decadente de los concejales, el más poderoso de los gobernadores y presidentes están sometidos a la reválida popular cada cuatro años. Los legisladores también deben pasar por la ordalía del voto. Los ministros están a tiro de decreto. Desacreditado tanto como los otros poderes, el Judicial ha sufrido aún menos que los otros el dictamen “que se vayan todos”. Sólo, nada menos, ha empezado a dignificarse por su cabeza, la Corte Suprema. Pero un conflicto institucional de tamaña naturaleza jaquea precisamente al tramo del Estado que más, y mejor, se ha renovado durante este gobierno.
Si los disparates lo han colmado, calma que este artículo toca a su fin. Si, de algún modo, le interesan siga informándose sobre esta saga que, sin duda, continuará.

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