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El juez federal Jorge Ballestero está expectante del seguro pedido del fiscal Paulo Starc para citar a declaración indagatoria a Oscar Camilión, quien se transformó en el primer ex ministro menemista que confesó haber cobrado 30 mil pesos/dólares mensuales “en negro” mientras ocupó su silla en el gabinete. Los dichos de Camilión ante el juez Julio Speroni, quien lo investiga por su participación en la causa por la venta ilegal de armas, confirmaron la denuncia de Roberto Martínez Medina, ex secretario privado del ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo. “Esto demuestra que dije la verdad. Yo ratifico que iba a cobrar 50 mil pesos/dólares por mes. Para mí, la diferencia implica que a Camilión lo ‘bicicleteaban’ o que él se quedaba con 30 mil y repartía el resto en su equipo”, especuló Martínez Medina ante Página/12.
Anteayer, Speroni indagó a Camilión por su responsabilidad como uno de los firmantes de los decretos que habilitaron la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Como la Justicia suiza había confirmado que el ex ministro tenía una cuenta en ese país, éste empezó a justificar sus ingresos con el fin de despejar dudas sobre posibles pagos de coimas por el contrabando de material bélico. En ese marco, sorprendió al magistrado del fuero penal económico al confesar que además de su sueldo como ministro –de 10 mil pesos/dólares– había cobrado “un adicional” de 30 mil dólares mensuales “sin necesidad de rendir cuentas” pero “avalados por una ley secreta”. Plus que recibía en su calidad de miembro del gabinete del ex presidente Carlos Menem.
En la causa en la que se condenó por enriquecimiento ilícito a la ex secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray, la Justicia rechazó el refugio en esa ley secreta para justificar el uso de los fondos para beneficio personal de los funcionarios. La ley 18.032 autorizaría el uso de fondos sin rendición pero siempre que se destine a actos derivados de la función, no para engrosar las arcas personales de los funcionarios.
Camilión le dijo al juez quién era el funcionario encargado de efectivizar los pagos pero evitó dar detalles ante la prensa. Martínez Medina recordó que él como secretario privado de Granillo Ocampo recibía el “sobresueldo” de mano de “Rodolfo Aiello, un hombre de la Jefatura de Gabinete, que pagaba todos los meses en el noveno piso del edificio de Belgrano y Diagonal Sur”. Camilión explicó que recibía los 30 mil dólares en un sobre blanco, Martínez Medina dice que a él Aiello le acomodaba los fajos en “unas carpetas color ocre con elastiquitos negros”.
Speroni le pedirá al fiscal Starc, en quien Ballestero delegó la instrucción de la causa por los sobresueldos en el gabinete menemista, copia de las declaraciones en esa investigación para corroborar si otros ex funcionarios confirmaron el cobro de esos plus. A su vez, Starc pedirá la citación de Camilión. Ya antes de su confesión, el fiscal tiene en su lista de inminentes citados a los ex ministros Alberto Mazza (Salud), José Uriburu (Trabajo), Jorge Domínguez (Defensa), Domingo Cavallo (Economía) y la ex secretaria Claudia Bello (Función Pública) y Beatriz Gutiérrez Walker (Cultura) además del ex titular de la DGI, Ricardo Cossio.
El ex presidente Menem tampoco zafaría de tener que declarar en esta causa como cabeza del Poder Ejecutivo que habilitó esos pagos “en negro” que ahora Camilión confirmó que nunca incorporó en su declaración jurada de bienes. En corrillos judiciales se entusiasman con que si se los procesa por peculado los ex funcionarios menemistas podrían ser detenidos porque la pena para ese delito es superior a tres años.
El imprevisto relato de Camilión obliga a un impulso en la causa por los sobresueldos. Un cauteloso cálculo permite inferir que el mantenimiento de un módico gabinete de ocho ministros durante los diez años de menemismo implicó para el Tesoro una erogación no declarada de casi 30 millones de dólares. Una prueba más de esa lógica impune que permitió la apropiación privada de los fondos públicos.