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El discurso presidencial en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso identificó hace dos semanas algunas líneas de conflicto sobre las que el gobierno se propone trabajar, ya regularizadas las relaciones con los tenedores de bonos de la deuda pública argentina. El capítulo que se inicia ahora pasa por la redefinición de los marcos de desempeño de las grandes empresas privadas en el país, dentro de las cuales se destacan las que prestan servicios públicos que hasta la década anterior estaban en manos del Estado. El desafío de algunas petroleras y la fulminante respuesta oficial señalan que la nueva etapa ya se ha abierto y sugiere algunas de las líneas posibles sobre las que se desarrollará. Cuando se aproxima al tercer año de su mandato, el gobierno nacional sigue condicionado por las consecuencias de la feroz pugna entre dolarizadores y devaluacionistas que, en la segunda mitad de la década pasada, modeló la sociedad tal como hoy es. Todas las mejoras derivadas del incremento de la ocupación y su calidad, producidas durante un ciclo de intenso crecimiento macroeconómico, pueden perderse por las dentelladas de los precios en alza, reflejo de pugnas por el ingreso que no tienen justificación en los números básicos de la economía y la moneda. Los niveles aún elevados de desempleo y subempleo, las ganancias ostensibles de productividad que superan largamente los incrementos salariales producidos, deberían absorber como tierra reseca los incentivos monetarios con que se procura estimular el aparato productivo, sin que el barro de la inflación torne la situación resbalosa. La respuesta del presidente Néstor Kirchner a los aumentos dispuestos por Shell indican una hipótesis sobre la dimensión política antes que económica del caso. La convocatoria a la movilización popular es una novedad cuya lectura no se agotará en este episodio, porque incluye en forma directa a un actor social cuya representación institucional no es suficiente para equilibrar las fuerzas en juego. No es un dato menor que esto ocurra cuando se aproximan las primeras elecciones nacionales en las que Kirchner procurará convertir en representación institucional sus indicadores de popularidad.
Cada vez que dispone un aumento en el precio de los combustibles que refina y comercializa, Shell argumenta que como importador del crudo tiene una dependencia de los precios internacionales que, en cambio, no afectan a grandes productores locales como Repsol y Petrobras. Esto es sólo formalmente cierto, ya que en una de las actividades más cartelizadas del mundo son habituales los acuerdos de compensación de crudos entre las grandes compañías. En cualquier caso, la porción reducida del mercado argentino que maneja Shell refuerza la índole política de la movida, por una y otra parte. En el caso de Repsol, que sigue siendo la fuerza dominante del mercado local, su rentabilidad en la Argentina triplica la del grupo en el resto del mundo, lo cual ayuda a entender su escasa disposición por acompañar a Shell, ante la inmediata reacción oficial.

La sociedad fracturada

Dos años seguidos de crecimiento del Producto Interno en excepcionales niveles superiores al 8 por ciento (más las previsiones equivalentes para 2005) no bastaron para revertir los peores indicadores sociales consecuencia de las políticas de Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Domingo Cavallo y Eduardo Duhalde. La brecha entre quienes mayores y menores ingresos perciben ha experimentado una leve mejoría respecto de los últimos meses de De la Rúa-Cavallo y de los primeros de Duhalde-José de Mendiguren. Pero aún supera la de los años de la convertibilidad. La cantidad de pobres e indigentes se ha reducido después del desplome brutal de 2002, pero sigue siendo mayor que la que había cuando De la Rúa salió por los techos de la Casa Rosada. Con todo lo que se ha reducido, el desempleo abierto sigue por encima de la cifra que dejó Menem en 1999. La precariedad laboral se ha atenuado en el último año (de cada diez nuevos puestos de trabajo, seis son formales), pero la cifra global sigue rondando el 50 por ciento, lo cual constituye un record histórico. Consecuentemente, el poder de compra del salario todavía no ha vuelto a los niveles previos al diluvio de diciembre de 2001 y el ingreso medio de quienes perciben algún ingreso sigue bien por debajo de la línea de pobreza. Que esto suceda con el gobierno que mayor interés ha puesto en la recomposición de los ingresos populares sólo mide el grado de dificultad para dejar atrás ese modelo de sociedad fracturada que fue la consecuencia de las políticas aplicadas durante una década, pero que consolidaron las pautas sentadas a partir del golpe de 1976.

Después del canje

El gobierno celebró el cierre del canje de bonos en mora, pero el FMI sigue insistiendo en que mantenga la oferta abierta para quienes no se presentaron antes del 25 de febrero, un punto en el cual no hay disidencias entre Kirchner y el ministro de Economía. Roberto Lavagna está satisfecho con el 76 por ciento del total de títulos que entraron en la operación y Kirchner hubiera preferido un número algo menor, que también se hubiera presentado como un éxito pero hubiera exigido menores erogaciones. Ni uno ni otro consideran la posibilidad de extender la oferta para que se sumen quienes no lo hicieron en el tiempo oportuno. La información oficial suministrada hasta ahora sólo permite inferencias y aproximaciones, ya que descuenta de la deuda total los bonos presentados al canje, pero no suma los nuevos que se emitirán a cambio. En cualquier caso, la proporción de la deuda sobre el Producto Interno Bruto sigue siendo excesiva y, como el propio gobierno manifestó, desaconseja cualquier festejo. Pero la normalización del status argentino permite pasar al casillero siguiente, cosa que el gobierno estuvo dilatando en forma deliberada hasta ahora, porque no se consideraba en fuerza para enfrentar ambos frentes al mismo tiempo.
Un rubro central son las demandas contra el Estado argentino ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, el Ciadi, creado hace cuatro décadas pero que adquirió relevancia para la Argentina en la última década. La magnitud económica en juego allí supera los valores comprometidos en la negociación con los acreedores de la deuda pública. Según las muy genéricas cifras oficiales, que merecerían un análisis más detenido, la deuda pública se redujo con el canje de bonos en 62.000 millones de dólares. Pero los reclamos de empresas privadas ante el Ciadi por quebrantos sufridos a raíz de la devaluación dispuesta por el senador Eduardo Duhalde podrían llegar a los 80.000 millones de dólares. Casi la mitad de los 85 casos de todo el mundo que trata el Ciadi son argentinos. El desistimiento de tales reclamos, exigido por Kirchner el 1º de marzo, pasa a ser una condición ineludible para proseguir las discusiones sobre sus planes de inversión y los precios que pueden cobrar a los usuarios por sus servicios. La idea de que la pesificación de 2002 fue discriminatoria no se sostiene ante un análisis objetivo de los hechos, ya que alcanzó por igual a nacionales y extranjeros. Tres años después la rentabilidad de la mayoría de esas empresas ha vuelto a niveles satisfactorios. En otros casos, como el de Aguas Argentinas, sus dificultades derivan de decisiones empresariales en las cuales el Estado no tiene responsabilidad, como la distribución de utilidades entre sus accionistas y el endeudamiento en dólares para cumplir con parte de sus obligaciones de inversión. El Banco Mundial actúa como juez, acreedor y parte, ya que por medio de su Corporación Financiera es accionista de algunas de esas empresas, además de haber sido el planificador y el auditor de su desestatización.

Los tratados de inversiones

Esas demandas se realizan invocando cláusulas de los casi sesenta tratados bilaterales de inversiones que la Argentina firmó a partir de 1992, una vez que Menem derogó la ley que regulaba las inversiones extranjeras y liberalizó su radicación en condiciones de presunta igualdad con las nacionales. En la práctica implicaron que simples empresas pudieran demandar al Estado ante tribunales internacionales, entre ellos el del Banco Mundial, eludiendo las cortes locales. Una de las cláusulas que todos esos tratados incluyeron dice que se acordará al país signatario el mismo trato que a la nación más favorecida. Esto implicó correr la meta en forma indefinida, ampliando cada vez los beneficios. En muchos casos los tratados se firmaron con países que no tenían ni se proponían tener inversiones en la Argentina, con el solo objeto de incluir cláusulas que luego pudieran ser invocadas por empresas de los principales países inversores.
La afirmación de que esos tratados son imprescindibles para atraer inversiones extranjeras es desmentida por el caso de Brasil, que firmó unos pocos solo TBI pero no puso ninguno en vigencia y sin embargo es un receptor de inversiones externas muy superior a la Argentina. El Procurador del Tesoro Osvaldo Guglielmino provocó una conmoción al recusar por conflicto de intereses a uno de los más importantes árbitros del Ciadi, cosa que nunca había ocurrido antes. Y la Cancillería consiguió firmar un acuerdo interpretativo del Tratado con Panamá, que desde 1996 contenía las cláusulas más inconvenientes para el país. El Acuerdo Interpretativo estableció que “la determinación del tipo de cambio no constituye un supuesto de expropiación directa ni indirecta ni una medida similar a aquella sino una medida regulatoria de política económica no compensable”. Los actos “legislativos o regulatorios no discriminatorios que adopte una de las Partes Contratantes con el propósito de proteger objetivos de bienestar general tales como los de orden público, de salud pública, de seguridad pública, de política social, económica, monetaria, cambiaria y tributaria” no podrán ser interpretados como “expropiación directa o indirecta, nacionalización o medida similar y, por ello, no están sujetos a compensación”.
El acuerdo con Panamá también niega a los accionistas minoritarios “legitimación activa para ser parte en una controversia en materia de inversiones”. Sin embargo, la actitud oficial muestra algunas inconsistencias. Con pretextos diversos, la Cancillería despidió a los dos funcionarios que mejor estaban trabajando en este tema, el ex diputado del Frepaso Alejandro Peyrou y el especialista radical Juan Vicente Sola. Y, sobre todo, al vencimiento de los distintos TBI, los está renovando en forma automática, sin proponer modificaciones, lo cual debilita la defensa del Estado ante el Ciadi.

La ley de Servicios

La otra definición de fondo de Kirchner ante el Congreso fue la solicitud de que trate el proyecto de ley de Régimen Nacional de Servicios Públicos, que el Poder Ejecutivo envió en agosto pasado con el propósito de garantizar la seguridad jurídica a las empresas y a los usuarios y consumidores. Tanto el G7 como las empresas prestadoras, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el ex ministro de Economía Joe Martínez de Hoz criticaron ese proyecto, que tampoco entusiasma ni a Lavagna ni a Julio De Vido, pero que fue impulsado en forma personal por Kirchner, con la intervención atenta del secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y de la senadora Cristina Fernández.
Ese proyecto se inspira en principios clave como los de “continuidad, regularidad, uniformidad, universalidad, accesibilidad y obligatoriedad” de la prestación de los servicios (artículo 3); establece entre los objetivos a cumplir por el Estado “el desarrollo económico nacional y la más justa distribución del ingreso”, para lo cual debe “fijar un sistema tarifario justo, razonable y transparente que –en un marco de sustentabilidad del servicio– minimice su costo total, contemple la equidad social, las prioridades en cuanto al crecimiento sectorial y regional, la protección de la competencia y el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, brindando al prestador la posibilidad de obtener un ingreso razonable” (artículo 5). El artículo 6 reserva al Estado la responsabilidad de definir el plan de inversiones. El 21 afirma que las tarifas deberán ser justas y razonables, dentro del marco del riesgo empresario. Para determinarlas se tendrá en cuenta la continuidad del servicio en las condiciones de calidad y seguridad establecidas en la licitación y el contrato y la obtención de una rentabilidad razonable sobre el capital propio invertido por el prestador, una vez cubiertos sus costos. La razonabilidad de esas ganancias se mide en comparación con las que podría obtener en otras actividades semejantes y de riesgo similar, dentro y fuera del país, y en ningún caso “se le garantizará rentabilidad al prestador”.
La tarifa media deberá ser la mínima posible, y su distribución entre usuarios y consumidores deberá “alentar el desarrollo económico y la equidad social”. El artículo 22 crea un Fondo Solidario para mantener el servicio a quienes no puedan pagarlo. El proyecto también prohíbe cualquier aumento automático de tarifas. Una razón de coherencia indica que estos criterios, tan distintos de aquellos que inspiraron el desguace del Estado, deberán estar presentes en las audiencias públicas convocadas para las próximas semanas, en las que se tratará la renegociación de los contratos vigentes.

Hacia octubre

Kirchner no suele hablar de temas partidarios y electorales. Sin embargo, esta semana admitió que las elecciones legislativas de octubre constituirán un plebiscito sobre su gestión. Los resultados de Santiago del Estero constituyen una oportuna advertencia. Si bien él se cuidó de aparecer ni siquiera en una foto junto con el candidato justicialista José Figueroa, su hermana Alicia y más de la mitad del gabinete viajaron a Santiago para apoyarlo, mediante los más tradicionales recursos del clientelismo. Figueroa es un bandido que en 1993 usó los fueros parlamentarios para eludir el castigo por sus trapisondas. Cuando el ex juez Ricardo Wechsler decidió procesarlo por el vaciamiento del Banco del Iguazú y solicitó su desafuero a la Cámara de Senadores, Figueroa le informó que se allanaba a ser indagado sin necesidad de que el juez promoviera su juicio político. Una vez que Wechsler aceptó el ofrecimiento y lo indagó, Figueroa pidió la nulidad de lo actuado aduciendo que era inconstitucional porque no había sido desaforado. La doctora María Romilda Servini que Cubría, ocasionalmente a cargo de la causa, hizo lugar a la solicitud de Figueroa.
Duhalde intentó aprovechar la situación y consideró que la derrota del justicialismo demostraba el error de la intervención. Su única medida del éxito o el fracaso es el porcentaje de votos que obtiene su partido, cualquiera sea su candidato. Tarde, pero inseguro, el gobierno nacional afirmó la validez de su decisión intervencionista, ya que acabar con una de las dinastías provinciales más antiguas y corruptas del interior no es un mal desenlace. Lo mismo vale para la derrota, en Catamarca, de los Saadi y los Barrionuevo, sin que ello implique ningún prejuicio a favor de los triunfadores radicales.

Ecos bonaerenses

El experimento santiagueño está llamado a tener repercusión en la provincia de Buenos Aires. Fue Duhalde, por medio de su politiquero oficial heredado por Kirchner, Juan Carlos Mazzón, quien planteó el apoyo a Figueroa, en contra de la opinión de otros kirchneristas, que preferían fomentar un entendimiento entre el candidato radical Gerardo Zamora y algún desprendimiento peronista presentable. Si Duhalde atribuye el fracaso a la intervención, Kirchner cree que se debió a la opción por el pasado que plantearon Duhalde y Mazzón y que él consintió sin entusiasmo. Esto lo liberaría ahora de compromisos similares en otros lugares del país. Su inicial definición sobre la denominada transversalidad mutó ahora hacia una reivindicación del más tradicional frentismo. Esto implica no propiciar la fractura del justicialismo, pero tampoco encerrarse dentro de sus rancias estructuras.
El test central tendrá lugar en la provincia de Buenos Aires, que reúne casi 40 por ciento del padrón nacional y tiene la llave del poder institucional. Con encuestas recientes sobre la mesa, el presidente sabe que ninguna candidatura, dentro o fuera del justicialismo, puede hacerle sombra a la de Cristina Fernández de Kirchner. La medición, restringida al partido de La Matanza, el distrito más poblado de la provincia, indica que en una confrontación directa con la diputada Hilda González de Duhalde, la senadora Fernández de Kirchner se impondría por 57 a 14 por ciento. Si sólo la senadora Kirchner fuera candidata, su porcentaje rondaría el 70 por ciento. Si sólo la diputada Duhalde representara al justicialismo, oscilaría entre el 26 y el 31 por ciento de los sufragios, suficientes para batir a pesos pluma como Ricardo López Murphy y Maurizio Macri, pero no para ocultar la decadencia del aparato que representa. El ARI compite con las distintas fórmulas de la paleoizquierda en la franja del 1 al 3 por ciento.
Otra conclusión notable es que la confrontación entre Duhalde y el gobernador Felipe Solo ha deteriorado la imagen de ambos, y también la del intendente de La Matanza, Alberto Balestrini. Sólo consiguió que se visualizara la apetencia duhaldista por la caja, pero no logró convencer de que sus motivaciones fueran más elevadas. Los indicadores de aceptación de ambos apenas superan el 40 por ciento, con más de un 30 por ciento de opiniones negativas. Del mismo modo, la imagen negativa del gobierno provincial (38,6 por ciento) predomina sobre la positiva (30,6 por ciento). Todo lo contrario ocurre con la evaluación del gobierno nacional, con 70 por ciento a favor y 10 por ciento en contra. Mientras la imagen de Kirchner reúne 85 por ciento de opiniones favorables y 7 por ciento desfavorables, la de Duhalde apenas concita un 26 por ciento de aprobación y 57 por ciento de aversión.
Al fracturar el justicialismo provincial, el gobernador Solo especula con que el kirchnerismo necesitará de su aparato para enfrentar al duhaldismo en Buenos Aires. Kir-
chner no piensa de ese modo. La compañía del gobernador, que ostenta la autoridad institucional, le permite realizar varios actos por semana en la provincia. Pero no lo tiene en cuenta en sus cálculos electorales. Hasta ahora, Kirchner imaginaba un acuerdo en el que Duhalde le cedería la mitad más uno de los cargos nacionales que se jugarán en Buenos Aires. Luego de Santiago y a la luz de las últimas encuestas, se inclina por otra fórmula, más atractiva y menos contaminante: Kirchner decidiría todos los cargos nacionales y Duhalde todos los provinciales. Juntos pero no mezclados.

El incendio porteño

En la Capital el proyecto transversal recibió su golpe de gracia. Para diferenciarse del ex vicepresidente Carlos Alvarez, el jefe de gobierno Aníbal Ibarra postuló la asociación de progresismo y gestión. Esa fantasía instalada por su aparato publicitario ardió a fin de año en Cromañón. Aunque tardó en llegar, el procesamiento de la ex subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, es el punto de encuentro de las responsabilidades políticas con las penales. Fiszbin es la más íntima amiga personal de la senadora Vilma Ibarra, hermana del jefe de gobierno. Según ex íntimos colaboradores de Ibarra que pidieron reserva de su nombre, ambas mujeres, el también renunciante Juan Carlos López (ex concuñado de Ibarra) y el jefe de Gabinete, Raúl Fernández, manejaban en forma exclusiva las cajas negras de la Ciudad. Por eso, antes de reunirse con los familiares de las víctimas, Ibarra realizó un insólito encuentro con los propietarios de boliches. Durante la noche del desastre siguió las operaciones desde un centro de control ubicado a cuatro cuadras de Cromañón, pero no se animó a acercarse, consciente de sus culpas.
La convocatoria a un referendo sobre su gestión es un acto tan carente de ética cuanto de eficacia. Está dedicando esfuerzos y recursos para una votación que a nadie más le interesa, para lo cual bastardea una herramienta participatoria concebida para que los ciudadanos controlen a los gobernantes y no a la inversa, y ni siquiera está obteniendo las firmas necesarias para consumar la maniobra. Al ritmo que lleva, en la hipótesis más optimista, el referendo se le juntará con las elecciones legislativas. Eso es lo último que le interesa a Kirchner, quien desde el primer día se sintió inclinado a dejar que Ibarra corriera la suerte que merece. La candidatura del canciller Rafael Bielsa, con la que Kirchner piensa hacer campaña en la Ciudad, no ha sido afectada por la hecatombe de los Ibarra y, cuando aún no ha sido proclamada, reparte las preferencias en tres tercios, con las fórmulas de Maurizio Macri y la señora Carrió.