EL PAíS › LA CORTE ANALIZO EL CASO Y LO PASO A CASACION

Una reunión de urgencia por Castells

Ante un pedido de Adolfo Pérez Esquivel, titular del SerPaj, para que la Corte se pronuncie sobre el pedido de excarcelación de Raúl Castells –quien lleva 57 días en huelga de hambre–, los ministros acordaron que el tema lo debe resolver Casación.

 Por Laura Vales e Irina Hauser

La Corte Suprema rechazó un pedido para liberar a Raúl Castells tras considerar que el tema no es de su competencia. La excarcelación había sido solicitada por el Servicio de Paz y Justicia (SerPaj) que encabeza Adolfo Pérez Esquivel, quien presentó un recurso para que el máximo tribunal interviniera “por cuestiones humanitarias”. Acusado de intento de extorsión por pedir comida en un McDonald’s, Castells mantiene desde hace 57 días una huelga de hambre en reclamo por su libertad. Según su médico personal, perdió 20 kilos y corre peligro de muerte. Apremiados por esta situación, tras recibir el planteo del SerPaj los ministros se convocaron en un acuerdo extraordinario para dar una respuesta. De acuerdo con fuentes de la Corte, algunos jueces incluso se comunicaron con los médicos de la clínica donde está internado. Sin embargo, finalmente coincidieron en que el futuro del líder piquetero lo decida la Cámara de Casación Penal.
Los supremos se reunieron de emergencia ante el planteo de la organización de derechos humanos. Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay se mostraron en alerta por el estado de salud de Castells y desataron un debate interno sobre si era necesario o no enviarle un médico, más allá del suyo, para que lo revisara. El presidente del tribunal, Enrique Petracchi, se mostraba reticente a una intervención tajante del tribunal.
Castells está preso por una marcha que realizó en diciembre al McDonald’s del Obelisco, donde reclamó a la empresa 50 mil combos. Los manifestantes permanecieron en la vereda y se retiraron sin conseguir nada. Días más tarde, McDonald’s presentó una denuncia a la Justicia. El juez Facundo Cubas, a cargo de la instrucción, consideró que la movilización había obstaculizado el ingreso del público al local y ordenó la captura del dirigente, que fue llevado a la cárcel de Marcos Paz.
Sus abogados presentaron desde entonces dos pedidos de excarcelación, que fueron denegados primero por el juez Cubas y luego por la Cámara de Apelaciones. Entre los argumentos se mencionó que el detenido tiene antecedentes penales; se aludió así a una condena por otra protesta piquetera. Los camaristas entendieron por esto que debe esperar el inicio del juicio oral en prisión. Ese fallo fue cuestionado y ahora está en manos de la Cámara de Casación.
El rechazo de la Corte, en este caso a la presentación del SerPaj, fue resuelto por siete de sus integrantes. La resolución fue firmada por Petracchi, Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Juan Carlos Maqueda, Zaffaroni, Argibay y Elena Highton de Nolasco. El juez restante, Ricardo Lorenzetti, no participó del acuerdo porque está de viaje en Panamá.
En la resolución, los ministros señalaron que la solicitud “no configura una acción o recurso que, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional y leyes reglamentarias, habilite la competencia ordinaria o extraordinaria” de ese Tribunal.
Desde la Clínica Calchaquí y entrevistado por teléfono, Castells acusó al Gobierno por su situación. “Que piensen en lo que están haciendo”, dijo el titular del MIJD, tras señalar que él no acepta ser “un rehén”.
Jorge Chebel, su médico personal, dijo que su paciente “perdió 20 kilos y está en insuficiencia renal. Por esto no puede eliminar las sustancias tóxicas, y aunque hasta ahora está lúcido, se niega a seguir cualquier tratamiento. Su decaimiento general se va acentuando y, lógicamente, a medida que van pasando los días el peligro es mayor”. Chebel consideró que, en el mejor de los casos, Castells “podría vivir 15 días” y habló a la vez de que su muerte es “inminente”.
Para la Justicia, uno de los problemas es que el detenido no permite que ningún otro médico lo revise. Castells también hizo huelga de hambre durante su anterior detención, en el Chaco, y como ahora estuvo internado.
Ayer, antes del pronunciamiento de la Corte, el MIJD hizo una marcha que atravesó durante la mañana todo el centro porteño. Los piqueteros pasaron por el PAMI, por el Ministerio de Trabajo y los Tribunales, donde Nina Peloso habló de la detención de su marido. Castells tiene 51 años. Es candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires y está tercero en la boleta de diputados, en una lista propia, del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados. También su mujer, Nina Peloso, se postula como candidata a diputada y a senadora provincial.
El dirigente pasó, en los últimos cinco años, por otras cuatro detenciones. Fue acusado de extorsión por un pedido de comida al hipermercado Wall Mart de Avellaneda en 1999, del que quedó sobreseído. Luego le abrieron dos procesos por instigación a cometer delitos, coacción agravada y usurpación de propiedad, uno de ellos por la toma de la municipalidad de Lomas de Zamora en el 2001. Finalmente estuvo preso por la ocupación del casino Gala en Resistencia, el año pasado.

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Encabezado por Nina Peloso, el MIJD marchó por la libertad de Castells.
 
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