EL PAíS › UN PEQUEÑO GRUPO DE PADRES DE VICTIMAS AMENAZO A LOS CAMARISTAS

Cuando el reclamo pasa los límites

“Les vamos a matar a sus hijos, así saben lo que significa”, les dijo uno de los familiares a los jueces de la Cámara del Crimen. Fue durante una serie de entrevistas con padres disconformes con un fallo. Los camaristas dejaron constancia de lo ocurrido en un acta.

 Por Raúl Kollmann

Los jueces de la Sala V de la Cámara del Crimen dejaron asentado en un acta que la semana pasada, durante una audiencia con familiares de víctimas de Cromañón, dos padres exhibieron un papel en el que dijeron que constaban las direcciones de los magistrados y les advirtieron que “les vamos a matar a sus hijos así saben lo que significa”, revelaron a Página/12 fuentes judiciales. Los jueces Gustavo Bruzzone, María Laura Garrigós de Rébori y Rodolfo Pociello Argerich habían recibido sucesivamente a tres grupos de padres para explicarles el último fallo de esa sala, pero durante el encuentro con el tercer grupo se produjo la amenaza. Instantáneamente los jueces dieron por terminada la audiencia, dejaron por escrito lo ocurrido y enviaron el acta para que sea incluida en el expediente Cromañón. El nuevo juez que se hará cargo del caso, Néstor Costabel, decidirá si amerita iniciar una causa por amenazas o se trató de un exabrupto encuadrado en lo que se conoce como emoción violenta. Los integrantes de la Sala V resolvieron también no recibir más a los familiares del caso Cromañón para evitar situaciones como la ocurrida.

Bruzzone, Garrigós de Rébori y Pociello Argerich emitieron la semana pasada un fallo relacionado con los funcionarios de la ciudad de Buenos Aires. Los camaristas revocaron los procesamientos por el delito de homicidio culposo, es decir que consideraron que los funcionarios no tienen responsabilidad en las muertes producidas en Cromañón, mientras que a tres funcionarios de la ciudad –la ex subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, su segunda, Ana María Fernández y el director de Fiscalización y Control, Gustavo Torres– les imputó un delito más leve, incumplimiento de los deberes de funcionario público, que tiene una pena de un mes a dos años de prisión. La Sala V todavía no se expidió sobre el funcionario de mayor rango, el ex secretario de Seguridad porteño, Juan Carlos López, que fue procesado posteriormente, por lo que los camaristas recién resolverán en marzo la apelación. Menos aún existe pronunciamiento sobre Aníbal Ibarra, que ni siquiera fue llamado a declarar por el juez Lucini.

Para explicar el contenido de su fallo, los camaristas resolvieron recibir a los padres de las víctimas la semana pasada. Se trata de un gesto no obligatorio y poco habitual por parte de los integrantes de los tribunales superiores. Primero entró un grupo de cinco madres y luego un segundo grupo con igual cantidad de familiares. Los jueces explicaron: hubo madres que aceptaron las explicaciones, otras que manifestaron su rechazo al fallo y su desacuerdo, pero todo transcurrió dentro de los carriles normales.

Los problemas surgieron con el tercer grupo, que estuvo encabezado por Norma Bonomini y Luis Fernández. La mujer ya ingresó en una actitud –que según manifiestan los jueces en el acta– fue “de gran hostilidad”: se negó a saludar a los magistrados y gritaba que los jueces protegen a los poderosos. Sin embargo, el momento de mayor gravedad se produjo cuando uno de los familiares exhibió un papel y le dijo a los magistrados: “Tenemos los domicilios de ustedes, sabemos quiénes son y les vamos a matar a sus hijos, para que sepan lo que significa”. La escena, que se extendió por algunos minutos en el marco de los gritos de los familiares, fue presenciada por el secretario del tribunal y por varios agentes policiales, los que –de ser necesario– actuarán como testigos. Los jueces resolvieron dar por terminado el encuentro en forma inmediata y labraron un acta detallando lo sucedido. El siguiente paso fue enviar el texto para que sea incorporado al expediente principal del caso Cromañón, que, hasta el viernes, estuvo a cargo de Julio Lucini.

La gran mayoría de los padres de las víctimas ha mostrado otra actitud. Muchos de ellos se mantienen inflexibles, reclaman en los estrados judiciales y también en la calle el encarcelamiento de todos los responsables, entre quienes incluyen a los funcionarios y al propio Aníbal Ibarra. Respecto de Callejeros existe una división: algunos consideran que no debe ser imputados y otros sostienen que deben responder por las muertes. Pero el estilo de las amenazas y la agresión están circunscriptos a un pequeño núcleo que ya fue protagonista de hechos de violencia e intimidación. Al propio Aníbal Ibarra lo amenazaron de muerte, lo mismo hicieron respecto de sus hijos, el legislador Chango Farías Gómez denunció igualmente intimidaciones y hasta hubo llamados amenazantes contra los padres de la actual pareja de Ibarra. Sin embargo, lo ocurrido en la Cámara del Crimen es el primer hecho que termina en un acta y en un procedimiento judicial.

Los jueces les explicaron a los padres que su fallo se basa en que la responsabilidad por las muertes sólo se puede adjudicar a los actores directos, Chabán y Callejeros. Respecto de los funcionarios, la Sala V dijo que incumplieron el deber de controlar Cromañón, así como los demás locales de ese estilo, pese a que tenían indicios de que esos locales eran peligrosos. Pero al mismo tiempo los jueces sostienen que, en una eventual inspección, el local no hubiera sido clausurado porque el criterio de clausura era la existencia o no del certificado de bomberos y Cromañón lo tenía vencido desde hacía sólo cuatro semanas, por lo cual se hubiera intimado a Chabán a renovar el certificado. Los camaristas incluso sostienen que no existían normas claras emitidas por la Legislatura sobre los locales clase C.

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Los jueces recibieron la semana pasada a tres grupos de padres para explicar su último fallo.
 
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